El Mindefensa y la fiscal general presionan por la captura de alias ‘Calarcá Córdoba’

La figura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, volvió a tensionar la política de seguridad y la apuesta de paz total del Gobierno Nacional. En la noche de este lunes, el ministro de Defensa dio una entrevista en Hora 20 de Caracol Radio. Allí, Pedro Sánchez aumentó la presión institucional para que el presidente Gustavo Petro reactive la orden de captura contra el jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC con la que el Gobierno pretende firmar una negociación de paz antes de que finalice su mandato, el 7 de agosto. Perseguirlo o capturarlo podría significar el final de uno de los procesos de paz más importantes para Petro.

Calarcá es un antiguo guerrillero que ingresó a las FARC en la década de los noventa y, tras el acuerdo de paz de 2016, se mantuvo en armas. Su trayectoria refleja, en buena medida, la mutación del conflicto armado tras la firma: algunos combatientes se apartaron del proceso, otros que nunca lo firmaron y todos ellos reconfiguraron estructuras ilegales para retomar el control de territorios estratégicos en las economías ilícitas.

La discusión actual sobre su captura no es menor. La fiscal general Luz Adriana Camargo ha sugerido, desde mediados del 2024, que el Ejecutivo debería reactivar las órdenes judiciales en su contra, que ha podido suspender en el marco de la política de paz total. Ese mecanismo ha permitido que varios jefes armados participen en diálogos con el Gobierno, bajo el supuesto de avanzar hacia acuerdos graduales. Para ello, el Estado les permite una libertad suspensiva: si dejan las negociaciones o delinquen, en cualquier momento el Gobierno puede reactivar esas decisiones judiciales. El caso de Calarcá ha puesto en evidencia los límites de esa estrategia.

En paralelo a su rol como negociador y gestor de paz, las autoridades lo señalan de mantener operaciones armadas y de estar vinculado a acciones que afectan a la población civil. Uno de los puntos más sensibles es el aumento de casos de reclutamiento de niños y niñas en sus filas. Este martes, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que cinco hermanos, de entre 3 y 16 años, permanecieron escondidos durante varios días en la selva amazónica luego del secuestro de sus padres, en una zona de influencia de estructuras asociadas a Calarcá Córdoba.

El mandatario confirmó que los menores estaban en altísimo riesgo de ser reclutados por ese grupo armado. Ya habían tenido alertas, amenazas y advertencias. De acuerdo con Ruiz, los dos mayores, ambos de 16 años, salieron al encuentro del Ejército y guiaron a las tropas hasta el lugar donde se ocultaban los más pequeños. La historia, un caso de uno de los delitos más insidiosos y característicos de la etapa del conflicto que ha vivido Colombia en los últimos años, volvió a poner los focos sobre una disidencia que dice tener una voluntad de paz para entregar las armas y que gracias a ello mantiene a su jefe en libertad.

Otro de los cuestionamientos a su voluntad de paz ocurrió en julio de 2023, cuando integrantes del Ejército en Anorí (Antioquia), detuvieron una caravana en la que viajaban integrantes de la disidencia. En la diligencia incautaron cientos de dispositivos electrónicos, entre celulares y computadores. Una revelación periodística demostró que en esos equipos se encontró información que sugeriría posibles relaciones entre las disidencias y un alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía; y el jefe de personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas. El reportaje apuntaba a que los funcionarios del Estado supuestamente pasaban información al grupo ilegal para evadir operativos.

El hallazgo abrió una línea de investigación sobre eventuales redes de apoyo o fugas de información a las disidencias, en un episodio que volvió a poner sobre la mesa los riesgos de infiltración en organismos de seguridad en medio de la persistencia del conflicto armado. La fiscal Camargo, en una entrevista al diario El Espectador, confirmó que la información hallada en esos computadores evidencia un vínculo entre los funcionarios de la DNI y el Ejército con estructuras de Calarcá.

Tras tres años y medio de Gobierno y de política de paz total, los diálogos con el EMBF son uno de los más avanzados. En noviembre pasado, las dos partes firmaron una serie de acuerdos, incluyendo uno sobre el desescalamiento del conflicto y los llamados hechos de paz. Entre ellos, el grupo disidente se comprometió a no reclutar menores y a cesar sus ataques contra la Fuerza Pública. Hechos como el de los cinco menores en Caquetá ponen en cuestión el compromiso real con ellos, y explican la solicitud del ministro de Defensa. La decisión entre seguir apoyando esos diálogos o ponerlos en riesgo con una orden de captura está en manos del presidente de la República.