La Procuraduría suspende al general y al directivo de inteligencia señalados de tener vínculos con las disidencias de Calarcá

La Procuraduría de Colombia ha suspendido este jueves de sus cargos a Juan Miguel Huertas, general y comandante de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los dos hombres están bajo investigación por supuestos vínculos con las disidencias de las extintas FARC. La orden es que dejen sus cargos de manera provisional, mientras avanzan las indagaciones desatadas por la publicación de decenas de correos electrónicos y chats que los señalan de filtrar información sobre operativos militares al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el grupo que responde a Alexander Díaz, alias Calarcá. El Gobierno de Gustavo Petro había descartado apartarlos de sus cargos hasta que fueran encontrados culpables.

El documento de la suspensión, firmado por los tres procuradores delegados que conforman la sala disciplinaria de instrucción, señala que “las circunstancias conocidas permiten colegir que Huertas y Mejía comprendían el alcance de los hechos, de sus actuar, y tenían plena capacidad de determinarse”. La entidad encargada del régimen disciplinario estatal justifica la medida con el argumento de que mantenerlos en sus cargos posibilitaría su interferencia en una investigación sobre “gravísimos hechos que han generado la mayor preocupación y zozobra en el país”. Asimismo, seguirían teniendo acceso a información reservada y eso les permitiría “continuar las conductas que ahora se reprochan”. Esto podría derivar, a su vez, en que “se siga fortaleciendo a un grupo armado ilegal de reconocido riesgo”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que el procurador Gregorio Eljach, elegido en octubre de 2024 con apoyo del Ejecutivo, debe tener “elementos de juicio” para tomar la decisión y que “hay que respetarlo”. Sin embargo, ha recordado que el presidente expresó en X que “es muy posible que los chats no sean verdaderos” y que hay que analizar “cómo era la cadena de custodia”. “Quedamos un poco en frío. Tengo que analizar lo que está sucediendo”, le dijo a la prensa en una primera reacción.

Los supuestos vínculos entre las disidencias y estos dos altos cargos fueron revelados el domingo en un informe de Noticias Caracol. Incluyen la filtración de información sobre operativos y movimientos de tropas de la fuerza pública en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, órdenes a militares para habilitar traslados seguros de los comandantes del EMBF por territorios en disputa y la colaboración para montar una empresa de seguridad privada que “legalizara” a 20 hombres para cuando fracasaran las negociaciones de paz entre ese grupo y el Gobierno. Las pruebas presentadas son correos electrónicos y chats de subalternos de Calarcá que mencionan a Huertas y Mejía. Fueron extraídas de teléfonos, discos duros y computadores incautados durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia).

La Fiscalía abrió el lunes una investigación sobre la “posible cooptación” de los dos altos cargos por parte de la disidencia de Calarcá. Explicó que la información filtrada a la prensa estaba en poder de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) y que una fiscal especializada de Medellín había sido informada al respecto. Ante los señalamientos por la falta de investigaciones al respecto, la entidad señaló que el despacho de la fiscal general y sus dependencias no recibieron “reportes o copias de la información recaudada” en estos 16 meses. Asimismo, indicó que la Dijín le había entregado cinco informes técnicos a la fiscal especializada de Medellín.

El presidente Gustavo Petro ha puesto en duda las acusaciones. “[Los informes] son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales corruptos del Ejército”, escribió el lunes en X, donde también dijo que estaba involucrada la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). Después, durante un Consejo de Ministros el martes, insistió en que tiene “muchas dudas” y anunció que había ordenado que se haga un examen forense de los chats y los correos antes de tomar decisiones sobre Huertas y Mejía.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había sido más duro: había anunciado el domingo la apertura de una investigación y había enfatizado “que quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor”. Después, tras las declaraciones del presidente, aclaró que el general Huertas seguiría en las Fuerzas Militares hasta que “se compruebe que ha sido culpable con la investigación que se haga”. El director de la DNI, Jorge Lemus, negó que la institución a su mando conociera de los supuestos vínculos de Mejía con Calarcá y presumió “la inocencia” de su colaborador.

Los dos acusados

El general Huertas fue forzado a retirarse durante el Gobierno de Iván Duque. Petro lo integró a su campaña en junio de 2022. De acuerdo con el informe de Caracol Televisión, el uniformado tuvo influencia en las sombras durante varios años, hasta que fue reintegrado a la fuerza pública en agosto de este año, ya con Petro como presidente, y designado como jefe del Comando de Personal del Ejército —a cargo de nombramientos, retiros y desplazamientos—. Ha descartado las denuncias como “una fabricación malintencionada” para afectar su honra.

Mejía, en tanto, es el director de Inteligencia Estratégica de la DNI. En una entrevista el miércoles con W Radio, el también delegado del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia sugirió que hay un “plan sistemático de desinformación y ataques” en contra de toda la “comunidad de inteligencia”. Sobre la solicitud de Petro de abrir una investigación forense, el dirigente de inteligencia apuntó que el mandatario tiene “la libertad para defender a sus colaboradores y a su Gobierno”.