La Fiscalía ordena investigar a integrantes del Ejército y agentes de la inteligencia por supuestos vínculos con las disidencias de Calarcá

El nuevo escándalo que sacude al Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en expediente en la Fiscalía General de la Nación. A través de un comunicado de prensa, la entidad ha informado que abrirá nuevas líneas de investigación “sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC”. La indagación surge como respuesta a las revelaciones periodísticas de Noticias Caracol que indican que la disidencia al mando de Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, ha tenido acceso a información reservada de la Fuerza Pública y de la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar operativos militares y facilitar sus desplazamientos en el país.

La Fiscalía también anuncia que investigará conversaciones internas de los disidentes, reveladas en el informe periodístico, que muestran una supuesta infiltración de dineros a la campaña presidencial de Petro de 2022 a través de la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. La entidad ha advertido que se trata de “amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”. En el mismo comunicado, explica que la información filtrada a la prensa estaba en poder de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) y que una fiscal especializada de Medellín había sido informada al respecto.

Las conversaciones, hasta ahora desconocidas, fueron extraídas de teléfonos, discos duros y computadores incautados durante un operativo realizado el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). Ese día, varios vehículos fueron detenidos en un retén, donde se encontraban Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, y el propio jefe de la disidencia, Calarcá Córdoba. Varios de ellos quedaron en libertad, pues sus órdenes de captura estaban suspendidas por cuenta de su papel como negociadores con el Gobierno en una de las varias mesas de la llamada paz total.

De acuerdo con la Fiscalía, ni la fiscal general Luz Adriana Camargo ni ninguna unidad de la cúpula fue informada de los hallazgos. “Ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudad”. Aclara, sin embargo, que los policías de la Dijín, encargados de extraer y analizar la información, sí han entregado cinco informes técnicos a la fiscal especializada de Medellín.

En los documentos aparece como protagonista de la supuesta colaboración ilegal el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, responsable de los nombramientos, traslados y retiros dentro de la institución. Aunque el oficial fue retirado por el Gobierno de Iván Duque, Huerta reapareció en la vida pública en la campaña presidencial de 2022, cuando apoyó públicamente a Petro. El informe de Noticias Caracol sostiene que Huertas mantuvo influencia en la Dirección Nacional de Inteligencia, a la sombra, hasta que el presidente Petro lo reintegró al Ejército en agosto de este año, cuando llegó a su cargo actual. Según los archivos revelados, Huertas facilitó que el grupo de Calarcá Córdoba accediera a información reservada y así evadiera operaciones de la Fuerza Pública. La Fiscalía compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que adelante una indagación en contra del general.

La segunda figura de alto nivel es el director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, quien habría colaborado con Huertas en la fuga de información y en la idea de crear de una empresa de seguridad privada fachada para facilitar a los disidentes el acceso a armas y permisos de movilidad. La idea, de acuerdo con las fuentes y los documentos de la investigación, era “legalizar” a unos 20 hombres para “tener más seguridad” en los desplazamientos de los comandantes del grupo armado. Según una comunicación entre dos cabecillas del grupo ilegal, de febrero de 2024, el general ofrecía “los permisos” y la disidencia pondría “los muchachos y las armas”: una empresa que, advierten, sería útil si llegaban a fracasar las negociaciones de paz.

El Gobierno de Gustavo Petro mantiene, desde octubre de 2023, negociaciones de paz con la estructura comandada por Díaz, una facción que se separó del Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco. Las conversaciones avanzaron bajo un cese al fuego bilateral y se desarrollaron en varios ciclos durante 2024. Bajo la ley de Paz Total, los delegados del grupo ilegal tiene una protección legal, la que impidió que Calarcá terminara detenido tras el retén en el que ocurrió la incautación.

La Fiscalía ha recordado en su comunicado que frente a esos negociadores procede únicamente la captura en flagrancia por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos. La mesa con Córdoba, una de las más adelantadas de la política de paz total, enfrenta ahora los ecos políticos y judiciales que abre este nuevo expediente, en el que todos los involucrados han negado su responsabilidad. Altos funcionarios como el ministro de Defensa o el director Nacional de Inteligencia han señalado que investigarán y el presidente ha hablado directamente de mentiras originadas por la CIA; sin dar mayores pruebas de ello.