La Fiscalía de Colombia protege las denuncias públicas en los casos de acoso

El Me Too del periodismo colombiano ha estado en el centro del debate en el país la última semana. Lo que inició como una seguidilla de testimonios de acoso sexual al interior de Caracol TV se convirtió en una bola de nieve que ha ido sumando casos de acoso laboral y sexual en otros reconocidos medios de comunicación. En ese contexto, EL PAÍS conoció que este viernes la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha firmado una directiva en la que exige a sus funcionarios proteger las denuncias públicas por violencia de género. “El escrache es el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, dice su directiva. La medida busca evitar que las denunciantes de esos delitos terminen siendo perseguidas judicialmente.

En el documento, el ente acusador detalla en ocho páginas cuál y cómo debe ser el enfoque de los fiscales cuando investiguen hechos de violencia machista que son conocidos mediante la herramienta de escrache. Y es que, pese a que la Corte Constitucional ha reconocido en tres sentencias que esa práctica es un ejercicio de libertad de expresión, en muchos casos hacer la denuncia pública ha jugado en contra de las víctimas, quienes terminan acusadas de delitos como injuria o calumnia.

De acuerdo con fuentes de la entidad, la directriz estaba lista en septiembre del año pasado, a la espera de la firma de Camargo. La fiscal la ha firmado después de que más de cien periodistas la criticaran por no tener un enfoque de género en el caso de Lina Castillo, una mujer joven denunciada de injuria y calumnia por Hollman Morris, el gerente de la empresa de medios públicos del país. En 2019, la mujer ejerció su derecho al escrache: denunció ante un medio de comunicación a Morris de acoso sexual cuando trabajaba en el grupo de apoyo que tenía el entonces concejal de Bogotá. Ante las críticas, esta semana Camargo pidió que el caso pase a manos de un fiscal de más alto rango, que lo estudie con enfoque de género.

Si bien el escrache ya está protegido por una alta corte, las nuevas orientaciones de la Fiscalía marcan un respaldo a las mujeres, al exigir a los fiscales del país que las denuncias realizadas en redes sociales o en medios de comunicación se usen para iniciar acciones legales sin necesidad de exigir una acusación formal ni la comparecencia de las víctimas. Además, cuando se interpongan acciones judiciales por injuria o calumnia contra las denunciantes, los fiscales deberán evaluar si son acciones encaminadas a silenciar a las mujeres.

Días antes, la Fiscalía habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, especializado en “recibir, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género”. Con ello, suma otra medida en medio de la oleada de denuncias que no solo han dejado ver el machismo en las salas de redacción del país, sino la desprotección a la que se exponen las periodistas y otras trabajadoras de los medios de comunicación.

La entidad ha sido señalada antes por su ineficiencia para avanzar en los procesos judiciales por violencia de género, pues no lleva siquiera un registro de las muertes violentas motivadas por el género. De acuerdo con un informe de la Fundación PARES, publicado en el marco de la conmemoración del #8M, en los últimos siete años solo el 29,66% de las denuncias por feminicidios alcanzaron la etapa de ejecución de penas. Ahora, en medio de una nueva crisis, la entidad podrá demostrar que las mujeres no están solas y, más allá de los escándalos mediáticos, pueden confiar en el poder judicial.