Jorge Lemus renuncia a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia

Desgastado por un reciente escándalo de infiltración, Jorge Lemus, la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, ha presentado este miércoles su renuncia irrevocable sin haber cumplido un año al frente de una de las dependencias más poderosas del Estado y más cercanas a la Casa de Nariño. Lo hizo en una carta protocolaria dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que le reitera su admiración y respeto, pocas horas después de que se conociera también la dimisión de Angie Rodríguez a la dirección de la Presidencia de la República.

El hasta ahora director de Inteligencia es uno de los antiguos militantes de la guerrilla del M-19 a los que Petro, que también perteneció al ‘eme’ antes de firmar la paz, ha nombrado en distintos cargos en su Gobierno, y en particular en ese sector. La DNI nació hace 15 años de las cenizas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS, desmantelado después de varios escándalos que involucraban interceptaciones ilegales.

El primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea entregó la paz total, su otrora política bandera, a figuras históricas de la guerrilla que firmó uno de los acuerdos de paz más exitosos en América Latina. Entre ellas se destacan Otty Patiño, el comisionado de Paz; Vera Grabe, jefa negociadora en la suspendida mesa con el ELN; y, en menor medida, Carlos Erazo, quien fue el jefe militar de Petro en el M-19 y lidera la delegación con Comuneros del Sur, una escisión del ELN en Nariño.

Pero además de su política de paz, el presidente designó a varios antiguos miembros del M-19 en el sector de inteligencia. En el inicio del cuatrienio, tres entidades herederas del antiguo DAS quedaron en manos de exmilitantes que lo han acompañado durante su carrera política como congresista y alcalde de Bogotá. Manuel Casanova, filósofo de profesión, fue el primero en asumir la DNI; Augusto Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, se convirtió en director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas; y a Fernando García, quien vivió exiliado en Europa como el propio presidente, le asignó dirigir Migración Colombia.

A ese grupo se sumó, cuando se acercaba el primer año de Gobierno, Carlos Ramón González, hasta entonces dirigente de la Alianza Verde, quien llegó para encabezar el Departamento Administrativo de la Presidencia, o Dapre –el mismo cargo al que renunció Angie Rodríguez este martes– . Petro se rodeó de antiguos miembros de la guerrilla, pero a un semestre de acabar su periodo esa presencia se ha diluido, en medio del desgaste de la paz total, escándalos de corrupción y enfrentamientos internos.

En la Dirección Nacional de Inteligencia, en concreto, Casanova fue relevado por González, quien luego renunció al verse salpicado por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía lo señala de haber desviado los recursos públicos para beneficiar a congresistas con el propósito de asegurar lealtades en el Legislativo, y ahora se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua. En la DNI lo reemplazó justamente Lemus, otro viejo militante del M-19, posesionado en marzo del 2025.

Desde noviembre, enfrentaba el escándalo por las revelaciones de la infiltración del Ejército y la inteligencia por parte de las disidencias de las FARC que todavía negocian en una de las mesas de la paz total –aunque no lo menciona en su carta de renuncia–. De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, un general del Ejército y un alto funcionario de la DNI le filtraron información reservada al llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), las disidencias encabezadas por alias Calarcá Córdoba, para que pudieran evitar operativos militares y facilitar sus desplazamientos. Aunque el presidente descartó muy pronto como “falsas” las denuncias contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de operaciones de la DNI y protagonista de un ascenso difícil de explicar, la Procuraduría los suspendió y las investigaciones siguen su curso.