La diplomacia colombiana tropieza una y otra vez en Nicaragua, refugio del prófugo Carlos Ramón González

La polémica desatada por la fiesta vallenata a la que asistió en Nicaragua Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana asilado por el régimen de Daniel Ortega, no amaina. El antiguo jefe de inteligencia y director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el Gobierno de Gustavo Petro fue grabado a mediados del mes, mientras bailaba e incluso hacía ‘el trencito’ en una parranda. Una muestra más de que la política exterior ha tropezado una y otra vez con la embajada de Managua, una fuente constante de escándalos y fricciones diplomáticas que ha puesto a la Cancillería a hacer malabares en distintos momentos durante los tres años largos que lleva en el poder el primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea.

Los videos revelados por W Radio, en los que González baila rodeado de diplomáticos colombianos en el Teatro Nacional Rubén Darío, han provocado indignación. Incluso se observa cerca de publicidad de la embajada colombiana en Managua, y la emisora ha confirmado que la Cancillería promocionó el evento. Muy pronto, tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron investigaciones, y el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha un proceso interno. “Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, trinó el presidente Petro, que conoce a González, otrora uno de los hombres más poderosos de su Gobierno, desde que ambos fueron militantes de la guerrilla del M-19 en su juventud.

La opaca vida de González en Nicaragua vuelve al centro del debate público mientras en Colombia avanzan las investigaciones por la trama de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, o UNGRD, que desvió dinero hacia congresistas para asegurar la aprobación de proyectos del Gobierno. Un tribunal acaba de enviar a la cárcel por ese mismo caso a dos poderosos exministros, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior). La Fiscalía señala a Carlos Ramón, como todos lo conocen, de haber instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, inflar los costos de un contrato y, con ese dinero, entregar 4.000 millones de pesos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle –ambos también en la cárcel–. Sobre González pesa una orden de captura internacional desde septiembre. Para ese momento ya llevaba un año en Nicaragua, un país convertido en un refugio de corruptos y criminales que evaden la justicia en sus países de origen.

Las actuaciones del encargado de negocios en Nicaragua, Óscar Muñoz, y de todos los diplomáticos que estuvieron en la fiesta del 11 de diciembre con González son “una burla a la institucionalidad, a las normas nacionales y a los principios morales básicos”, se lamentaba un editorial de El Espectador que calificaba el episodio de “vergüenza” diplomática. “Es incomprensible que Muñoz, después de haber colaborado con la estadía de González en el país dirigido por Daniel Ortega, haya seguido vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores”, advertía el periódico. “¿Cómo entender que la diplomacia colombiana se sienta tan cómoda de compartir espacio con un prófugo de la justicia? ¿Nuestros representantes en Nicaragua lo son de la institucionalidad colombiana o, más bien, son agentes al servicio de los intereses individuales de González? ¿Acaso el Gobierno ha ayudado a que eluda a la justicia colombiana?”, se preguntaba el incisivo editorial.

La Cancillería, en cabeza de la ministra Rosa Villavicencio, informó esta semana que Muñoz fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, y reubicado en otra sede diplomática, no fue identificada, “mientras concluyen las investigaciones”. Pero varias de esas preguntas siguen abiertas. De acuerdo con revelaciones periodísticas previas, fue justamente Muñoz quien abogó en su día por renovar la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua. El exdirector del Dapre incluso vivió en la residencia del entonces embajador de Colombia y hoy senador oficialista, León Fredy Muñoz, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

Como embajador, León Fredy Muñoz también protagonizó una ruidosa polémica a mediados de 2023, cuando participó en una marcha en celebración de la Revolución Sandinista de 1979, y en apoyo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ataviado con una gorra y una pañoleta del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Sus declaraciones elogiosas a la prensa oficialista provocaron en su día un aluvión de airadas críticas, tanto en Colombia como de la perseguida oposición nicaragüense. E incluso del entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos.

Las tensas relaciones entre Bogotá y Managua son un asunto sensible. El archipiélago de San Andrés y Providencia, en los confines marítimos del territorio colombiano, se encuentra muy cerca de las costas de Nicaragua sobre el Caribe, y las aguas que lo rodean han sido escenario de un añejo diferendo limítrofe. Las dos capitales se han disputado por décadas la demarcación de esos límites en instancias internacionales.

Con ese telón de fondo, la diplomacia colombiana ha sido errática en los últimos años. Recién posesionado Petro, la Cancillería fue muy criticada al ausentarse en una sesión de la OEA sobre la condena al régimen de Ortega por perseguir a la prensa y encarcelar opositores. Después, sí se sumó a la amplia condena internacional tras el destierro de centenares de presos políticos, e incluso le concedió la ciudadanía al escritor Sergio Ramírez, parte de los más de 300 opositores nicaragüenses despojados de su nacionalidad. En el camino, los opositores de Petro lo suelen acusar de promover una política exterior ideologizada, en línea con las izquierdas más autoritarias de América Latina.

El episodio de Carlos Ramón González vuelve a exacerbar las suspicacias. La de Nicaragua “es el punto más bajo de las representaciones diplomáticas de este Gobierno”, señala la internacionalista Sandra Borda, investigadora de la Universidad de Los Andes, en Bogotá. “Las personas que han nombrado allí son las fichas ideológicamente más extremas del petrismo”, advierte la académica sobre un cargo diplomático que Petro ha prometido al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, sin llevar a cabo ese compromiso. “Con ese nivel de aislamiento que tienen gobiernos como el de Nicaragua o el de Venezuela, si hay otro gobierno que ideológicamente se les acerque un poco, hacen lo posible por no antagonizar. Y no sabemos que estaremos dando nosotros a cambio”, se lamenta.