La apuesta del Gobierno por la paz urbana se diluye sin acuerdos ni desarme
Sin marco jurídico, sin verificación y con mesas suspendidas en Quibdó, Buenaventura, Barranquilla e Itagüí, la estrategia llega al final del mandato sin resultados
La promesa de paz total del Gobierno Petro, que buscaba incluir por primera vez a integrantes de bandas criminales, se acerca a su cierre sin resultados concluyentes. El Ejecutivo instaló cuatro espacios de diálogo con estructuras urbanas en Quibdó, Buenaventura, Barranquilla e Itagüí, pero no logró convertir esos acercamientos en acuerdos duraderos ni en reducciones sostenidas de la violencia. Tras más de tres años desde los primeros contactos, la Administración no construyó un marco legal de sometimiento a la justicia que ofrezca incentivos claros a cambio del abandono de la criminalidad. Dos de las mesas permanecen suspendidas de forma indefinida y en ninguna se perfila un proceso de desarme o desmantelamiento de las estructuras ilegales.
La fragilidad de estos procesos volvió a quedar en evidencia la semana pasada con la suspensión del diálogo en la cárcel de Itagüí, luego de que se revelara que varios cabecillas que hacen parte de la mesa de paz participaron en una parranda vallenata ilegal en el centro penitenciario. Con eso terminó de romperse una mesa instalada en 2023, y que venía marcada por salidas intermitentes de voceros y cuestionamientos a la suspensión de órdenes de captura contra los principales cabecillas. El Gobierno mantiene otros tres espacios: en Buenaventura, con las bandas Shottas y Espartanos, en una mesa que está en ascuas luego de la captura de dos de sus cabecillas; en Quibdó, con estructuras como Los Mexicanos, donde los avances han sido limitados; y en Barranquilla, con Los Costeños y Los Pepes, en medio de una tregua inestable.
Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, lo explica: “los grupos han encontrado en los vacíos jurídicos asociados a la suspensión temporal de sus órdenes de captura, un espacio para continuar delinquiendo o hacer actividades que están fuera del margen del proceso de diálogo y negociación”. Por ejemplo, advierte que en Barranquilla los líderes han contribuido a una reducción de los homicidios, pero la violencia se ha desplazado hacia municipios aledaños. “Si el Gobierno no tiene claro qué puede ofrecer como incentivo, alguna acción para sustituir su accionar criminal, pues van a continuar delinquiendo”, advierte Daza.
En el caso de Buenaventura, una de las principales apuestas del Gobierno, en España fue capturado Diego Fernando Bustamante, alias Diego Optra; y en Bolivia lo fue Jorge Isaac Campaz, alias Mapaya. En el principal puerto de Colombia, la apuesta comenzó a tomar forma en 2022, cuando se decretó una tregua entre los dos grupos criminales y no se registraron homicidios durante 90 días consecutivos. El experimento parecía estar funcionando y el Gobierno se planteó abrir las negociaciones en otras ciudades con altos índices de criminalidad.
Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que las treguas se han roto muchas veces, de nuevo por la falta de una propuesta clara del Estado. “No han sido pocas las oportunidades en las que las bandas han expresado su preocupación porque el Gobierno no ofrece nada a cambio”. Además, es crítica con la forma en que se está midiendo la efectividad de estos procesos. “En el puerto es el único sitio donde uno puede atribuir completamente la disminución del crimen a la mesa de diálogo. En las otras mesas confluyen otros factores”, señala.
Lo dice porque el Gobierno no determinó ningún mecanismo de verificación para las treguas, no hubo un monitoreo por algún veedor externo, y las posibilidades de medir el impacto eran mínimas y subjetivas. “Se manejó con mucha ligereza y, sobre todo, tampoco se sabía qué implicaban. En Buenaventura, la extorsión continuó y se acentuó más durante las treguas”, advierte. Fabio Ariel Cardozo, el jefe negociador del Gobierno para los diálogos en el puerto sobre el Pacífico, reconoce que la ausencia del marco jurídico para la ley de sometimiento afectó la continuidad de la negociación. “Se ha ido avanzando, pero con las capturas recientes de sus cabecillas quedó en evidencia ese vacío jurídico que tenemos para saber qué hacer con ellos en medio de un intento de diálogo”.
En el Chocó y en Antioquia el panorama se complica por la injerencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país, que opera por la tercerización en ciertas zonas. “Este ha sido uno de los problemas estructurales de la paz urbana: no se ha dimensionado el alcance de los grupos armados que inciden sobre estas bandas urbanas”, explica Daza. Esa influencia se extiende al Valle de Aburrá, la zona que rodea a Medellín y donde opera el proceso en la cárcel de Itagüí. “Hay un cortocircuito frente a la dimensión urbana del EGC”, dice.
Por otro lado, los investigadores coinciden en que los procesos han sufrido por la falta de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. En los momentos en que se registraron treguas y caídas en los homicidios en Buenaventura o Barranquilla, ninguna de las mesas logró traducir esos alivios en intervenciones institucionales sostenidas. La desconexión política terminó por diluir esas ventanas de oportunidad porque no hubo despliegues coordinados de seguridad, inversión social o presencia estatal.
Más allá de algunos alivios puntuales, y a cuatro meses de terminar el mandato, los resultados de la paz urbana son todavía inciertos. Y el próximo gobierno heredará procesos fragmentados, sin una hoja de ruta clara sobre cómo retomar —o reformular— una política que buscó abrir un camino inédito, pero que cierra sin haber logrado consolidarlo.
