Las críticas de alcaldes y la fiscal a la paz total de Petro suben la presión contra Iván Cepeda

El fallido proceso de la paz total del presidente Gustavo Petro ha entrado en una múltiple crisis de legitimidad política y legal a pocas semanas de la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. La derogación de las órdenes de captura solicitada por el Gobierno contra varios de los principales líderes del crimen en Antioquia desató una ola de críticas de distintos sectores de la sociedad en plena campaña electoral. Los cuestionamientos elevan la presión y amenazan con afectar la candidatura del senador de izquierda Iván Cepeda, líder de todos los sondeos y uno de los arquitectos del proyecto de negociación simultánea con los grupos armados.

El último de los problemas para Petro fue el pasado 31 de marzo, cuando la Fiscalía General de la Nación expidió una resolución que suspendía por seis meses las órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá declarados gestores de paz por el Ejecutivo. La polémica decisión benefició a cabecillas como Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Alber’; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’, entre otros criminales. El levantamiento de las órdenes se dio después de una solicitud formal de la oficina del comisionado de paz Otty Patiño y en medio de un proceso activo de una mesa de paz urbana en Medellín y sus alrededores.

Sin embargo, pocos días después, en la mañana de este martes, la fiscal general Luz Adriana Camargo derogó la resolución que levantaba las órdenes de captura contra 16 de los 23 delincuentes. Es decir, reactivó sus órdenes de captura. En una entrevista con 6 AM Caracol, Camargo argumentó fallas y errores en la solicitud inicial hecha por el comisionado de paz. “La Fiscalía emitió la resolución 0079, que ayer se informó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, anulando la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura para las personas que tenían esa suspensión”, dijo la fiscal. Y añadió: “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”. En este momento, la Fiscalía continúa revisando la viabilidad de las siete órdenes de captura que aún siguen suspendidas.

La decisión de la fiscal de reactivar las órdenes de captura, y de poner en evidencia los errores del Gobierno, se suma a las críticas que han hecho en los últimos días el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quienes dicen ser los afectados en sus regiones por la inseguridad generada por los cabecillas.

Rendón, por ejemplo, presentó este lunes una demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado para que se revoque la suspensión de las órdenes. “El presidente Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales y también bandidos como alias Calarcá de Farc”, escribió el gobernador, que le ha hecho oposición al presidente desde que fue elegido.

El alcalde Gutiérrez celebró la decisión de la fiscal general, pero hizo énfasis en la urgencia de quitarle el beneficio a los otros siete jefes de bandas que aún lo conservan. “La Fiscal (...) saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio. El caso de alias El Montañero es muy grave. Inaceptable que el Gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”.

El alcalde, además, presentó este martes un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca tumbar la ley de paz total. Su objetivo, dice, es evitar que sigan saliendo delincuentes de las cárceles. “Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi un año o dos de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero ¿en plena época electoral a la Presidencia? Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, dijo Gutierrez.

El caso de alias El Montañero, llamado Gustavo Adolfo Pérez Peña, también despertó la indignación del alcalde Galán de Bogotá. Pérez Peña aún tiene la orden de captura suspendida y es el jefe de una banda criminal llamada El Mesa, que nació en Antioquia, pero que opera en todo el país. Galán, de hecho, reveló que este martes las autoridades locales habían logrado una captura masiva de miembros de esa banda, mientras que al jefe le levantaban la orden de captura. “Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Dijín, a la Fiscalía y a la Policía, fueron capturados 23 miembros de la banda El Mesa, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable”, dijo el alcalde en un video difundido en sus redes sociales. “Es hora de dar la discusión: no más beneficios para delincuentes peligrosos que deberían estar en la cárcel. incoherencias de la política criminal de nuestro país”, concluyó.

A estas voces de protesta contra los efectos de la paz total se sumó el candidato presidencial Roy Barreras, antiguo aliado del Gobierno Petro en esa iniciativa. Barreras dijo en una entrevista el domingo en Los Danieles que la suspensión de las órdenes de captura contra estos cabecillas tenía fines electorales para beneficiar a su contrincante Iván Cepeda. Ante la pregunta de si los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tenían como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno, Barreras contestó: “No solo en Antioquia. Estoy seguro de que sí. Los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor Calarcá y la señora Érika, que dominan ese territorio. El señor Araña (...) pues deciden la votación, porque conminan y obligan”. Este martes insistió en sus críticas a la paz total: “Las bandas criminales no pueden reemplazar el Estado y menos aún tener pretensiones políticas. Todos los candidatos debemos rechazar que pretendan hacer política con armas”.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y principal rival de Iván Cepeda, también aprovechó para cuestionar los diálogos: “La Corte Constitucional ha sido clara: la Rama Judicial no necesita permiso del gobierno para tramitar la captura de los criminales que, con rótulo de gestores de paz, siguen delinquiendo”. En medio de todos estos ataques contra la paz total, el candidato Cepeda no respondió directamente, pero publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechaza cualquier apoyo que provenga de actores armados: “Un medio de comunicación dará a conocer un supuesto audio de un actor ilegal, anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje: nunca he tenido contactos con grupos armados, ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase de ofrecimiento o apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña. Provienen del miedo a nuestro triunfo, que se dará en primera vuelta”.