Petro inauguró un colegio-universidad sin servicios públicos, que cuatro meses después sigue cerrado

El mural de Gabriel García Márquez y sus infaltables mariposas amarillas, pintado en el flanco de una de las baterías de aulas abandonadas, presagia esta historia: cuatro meses después de ser inaugurado por el presidente Gustavo Petro, el colegio-universidad de El Tarra (Norte de Santander) sigue cerrado. En medio del despliegue de seguridad alrededor de un mandatario que viajó hasta la conflictiva región del Catatumbo, de las ovaciones de la comunidad y del vallenato interpretado por un conjunto de niños, no trascendió que la obra carece de todos los servicios públicos.

El centro educativo, construido con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación, hace parte de un gran conjunto de inversiones que busca pacificar una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. “Decían que (había que) esperar que se acabe la construcción aquí al lado (la de la Universidad del Catatumbo) y ahí sí se tendrá una universidad. Yo discrepo un poco, porque es que aquí, en esta construcción, que está lista, ya hay universidad”, aseveró el jefe del Estado en su discurso inaugural, el 3 de diciembre de 2025.

Petro hacía referencia a que en esta infraestructura se integraría, “a partir del primero de enero”, la educación básica, media y superior, en beneficio de 391 estudiantes de colegio y 220 jóvenes que podrán cursar programas técnicos, tecnológicos y profesionales sin abandonar su territorio, según los datos que entregó entonces el Ministerio.

Una cascada de irregularidades

Inicia abril y las 11 aulas modulares, en las que se invirtieron siete meses de trabajo y 8.380 millones de pesos (poco más de 2 millones de dólares), están sin estrenar, acumulando polvo por una serie de irregularidades e improvisaciones. El proyecto educativo —impulsado por el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, del 24 de enero de 2025—, es el resultado de un accidentado proceso que se remonta al 11 de marzo de 2025.

Ese día, la empresa de servicios públicos de El Tarra (Espta) aseguró que tenía la “disponibilidad de ofrecer los servicios de acueducto y alcantarillado en el predio” donde se construiría el colegio. Con esa luz verde, el FFIE echó a andar los últimos estudios y diseños, así como la adjudicación de la obra.

En mayo, cuando el trabajo ya se le había entregado a la compañía Técnicas Innovadoras en Construcción, el concepto de Espta cambió. En respuesta a un oficio del contratista, que pidió una certificación de la disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, y la localización de los puntos de conexión para incluir esa información en los diseños y en la solicitud de la licencia de construcción, la empresa municipal dijo que el acueducto no cubre el sector afectado, por lo que se negó a expedir el documento.

A pesar de esta comunicación oficial, el 8 de julio de 2025 la ingeniera Leidy Johana Quintero, secretaría de Vías e Infraestructura de El Tarra, le otorgó licencia de construcción al proyecto.

La carencia de servicios públicos también fue omitida por el FFIE, que decidió seguir adelante, con el argumento de que echarse para atrás suponía indemnizar a Técnicas Innovadoras en Construcción con 384 millones de pesos.

Y el contratista hizo lo propio. Según Gilberto Barrios, gerente de Operaciones de la constructora, desde un comienzo el FFIE les garantizó un lote con servicios, por lo que fueron avanzando con la esperanza de que el problema se solucionaría en algún momento.

El 26 de septiembre, la Alcaldía de El Tarra publicó la convocatoria a una licitación para construir la línea del acueducto que abastecerá “el complejo institucional del Catatumbo”. Eso quiere decir que el municipio empezó a materializar el suministro de agua potable para las aulas apenas dos meses y medio después de aprobar su construcción. El contrato de obra con la firma Proexi Ingeniería se firmó el 9 de diciembre, seis días después de la visita del presidente Petro.

Los trabajos, por los que se pagarían casi 766 millones de pesos, comenzaron el 23 de diciembre y debían terminar el pasado 22 de marzo. Sin embargo, las partes acordaron una prórroga de un mes y medio, y una adición presupuestal de 240 millones para incluir otros 600 metros lineales de tubería, por lo cual el colegio-universidad no tendrá servicios públicos antes del 2 de mayo.

Las otras dos alternativas que se plantearon para llevar agua hasta este punto son una planta de tratamiento de agua cruda, rechazada por la Espta por insuficiencia del líquido, y un pozo artesiano que se construyó con recursos de la comunidad —preocupada por la parálisis de la obra— y cuyo aprovechamiento depende del visto bueno de la Corporación Autónoma de Norte de Santander (Corponor).

La electricidad tampoco está lista. A diferencia del agua potable, el sector cuenta con redes de energía. Hermes Ordóñez, subgerente de Distribución de las Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS, empresa del Grupo EPM), dice que el proceso para conectar las aulas modulares está prácticamente en su etapa final. Si el contratista responde pronto unas observaciones que le hicieron, el servicio estaría listo en un plazo mínimo de un mes, calcula el ingeniero.

Como el colegio sigue cerrado cuatro meses después de su inauguración, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), que lo recibirá en comodato, no ha podido comprar el mobiliario, la dotación de los laboratorios y los demás artículos necesarios para su funcionamiento. Para ello tiene un presupuesto que supera los 2.700 millones de pesos y que el Ministerio de Educación le giró desde enero.

En medio de este fiasco, cada involucrado señala la paja en el ojo ajeno. El FFIE, que puso a andar la construcción sin la garantía de agua potable, acusa a la Alcaldía y a la empresa de servicios públicos de obstaculizar el proyecto. El equipo del alcalde Eyder Robles, que expidió la licencia de construcción para un colegio a sabiendas de que no contaría con agua ni alcantarillado, acusa al contratista de no participar en las reuniones para encontrar una solución. De esto no hay pruebas. La documentación conocida evidencia que el constructor ha planteado varias alternativas.

“Falta voluntad de la administración municipal”: veedor

El veedor Yeison Pérez señala que la responsabilidad de garantizar los servicios públicos de la construcción es de la Alcaldía, como autoridad municipal. Eso mismo dijo en su momento la Gobernación de Norte de Santander. “Están jugando con la necesidad de los estudiantes, con la necesidad que tiene el municipio de espacios para poder brindar una educación digna. Hay falta de voluntad de la administración municipal”, asegura el también consejero de juventud. En su opinión, el Gobierno Nacional y la comunidad ya pusieron de su parte. Falta la Alcaldía. “Se necesita urgentemente”, concluye.

Los más urgidos son los 200 estudiantes inscritos en el ISER para cursar alguno de sus cuatro programas técnicos a partir de enero. El incumplimiento en la entrega los tiene arrimados en la institución educativa Monseñor Díaz Plata, con la que el ISER tenía un convenio hasta diciembre y que está en obras de ampliación.

Todos estos inconvenientes planean sobre el proyecto de la Universidad del Catatumbo que se construye a unos metros, como parte del mismo complejo, y es el ancla de la gran apuesta social de la administración Petro en una de las zonas más violentas del país.