El oficialismo aumenta sus alertas de fraude al anunciar una “registraduría propia”

“Vamos a tener nuestra propia Registraduría”, anunció este miércoles el congresista Alirio Uribe, del oficialista Pacto Histórico. La frase resume la tensión que rodea las elecciones legislativas del próximo domingo en Colombia: no tanto por la competencia entre partidos o candidatos, sino por las señales cada vez más insistentes desde el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro y su partido sobre un posible fraude electoral. El clima de sospecha, alimentado durante meses por el propio presidente, escaló este miércoles con un mensaje que apunta al corazón del sistema: un grupo de congresistas explicó que la colectividad implementará un mecanismo propio que, a partir de una red de decenas de miles de testigos, conformará un centro de acopio de información para realizar su propio conteo de votos y contrastar sus resultados con los que divulgue la autoridad electoral.

La idea, según plantearon, es que los testigos digitalicen las actas electorales de cada mesa, llamadas E-14, y centralicen esos reportes y otros datos mesa por mesa. Con ese flujo de información y “más de 500 abogados”, el partido pretende reconstruir —en tiempo real o casi— un mapa de resultados para compararlo con el boletín de preconteo que emite la Registraduría durante la noche electoral y debatir cualquier discrepancia en los escrutinios posteriores, que son los que tienen validez jurídica.

Esa estrategia busca suplir la desconfianza que el Pacto Histórico viene verbalizando. No se dirige tanto al diseño general de las elecciones —en el que participan más de 750.000 testigos de todos los partidos, más de 860.000 jurados sorteados entre ciudadanos y cientos de jueces que conforman las comisiones escrutadoras— como a determinados eslabones técnicos y logísticos del proceso. Esa desconfianza explica que no hablen de un mecanismo de veeduría electoral, como los que durante años han desplegado otros partidos, sino de una “Registraduría propia”.

El anuncio de este miércoles no nació de la nada. Petro lleva años denunciando riesgos de fraude y vulnerabilidades del sistema. En 2018, como candidato presidencial, denunció un fraude que nunca probó. Ya entonces señalaba especialmente a un responsable: la empresa colombiana Thomas Greg & Sons, a la que la Registraduría ha contratado la logística de las elecciones de forma casi ininterrumpida a lo largo de este siglo.

Cuatro años después, en 2022, un hecho probado dio nuevo impulso a sus quejas. En el preconteo —los datos sin validez jurídica, pero de gran impacto político que comunica la Registraduría la noche electoral— su partido sumaba 2,3 millones de votos al Senado. Sin embargo, sus testigos reportaban cientos de miles más. Tras miles de impugnaciones ante las comisiones escrutadoras, el proceso previsto por el propio sistema electoral terminó fijando la votación real en casi 2,9 millones de votos.

La observación nacional e internacional coincidió en que no hubo fraude ni intento de fraude, sino una cadena de errores —como problemas en el diseño de las actas y una gran cantidad de jurados novatos— que fue corregida por el propio sistema electoral a través de los procedimientos establecidos. Nada tenía que ver con Thomas Greg ni con los programas informáticos que sirven para consolidar los datos de la votación.

Pese a ello, Petro y su entorno no solo han sostenido que la corrección fue posible gracias a la presión y al trabajo de sus testigos, sino que han insinuado que detrás del error había una intención fraudulenta. Esa desconfianza aflora de nuevo en esta campaña, en la que Petro también ha convertido a Thomas Greg —a la que ha intentado quitar, a toda costa, el contrato para la expedición de las libretas de pasaporte— en símbolo de su rechazo a que datos sensibles, herramientas técnicas y piezas críticas del engranaje electoral queden bajo control de privados. Ya en febrero, desde la Casa de Nariño, insistía en que ahí estaba “el riesgo de fraude electoral”.

En esa mezcla de antecedentes, lo nuevo no es la denuncia del Pacto Histórico, sino el momento y el contexto: el partido llega a las urnas con una gran opción de ser la fuerza más grande del Congreso, según los pocos sondeos disponibles, y aun así refuerza la idea de que el resultado puede estar contaminado. Esa señal sirve para movilizar a la base, justificar una vigilancia intensa y anticipar disputas; pero también puede erosionar la legitimidad de un eventual triunfo.

Por ahora no hay pruebas públicas de un fraude estructural en marcha. Sí hay, como siempre en las elecciones legislativas en Colombia, denuncias y evidencias recurrentes de delitos electorales —compra de votos, trashumancia, presión clientelar— que describen más bien la disfunción de una democracia con maquinarias aceitando el voto. Pero al concentrar la sospecha sobre el sistema central, el oficialismo instala una incertidumbre que puede hacer que, el domingo en la noche, el preconteo sea recibido con desconfianza por una franja amplia de la sociedad.

A las cuatro de la tarde del 8 de marzo, cuando cierren las urnas y empiece el pulso de los boletines, quedará claro qué tanto estas alertas logran prender en el país. Puede ocurrir que el despliegue de testigos y el contraste de actas fortalezcan la credibilidad del proceso al someterlo a más ojos. O que la “Registraduría propia” termine siendo un amplificador de dudas, un dispositivo para disputar cada cifra y un nuevo foco de tensión en la noche electoral colombiana.