Colombia blinda las elecciones bajo amenaza

Pasadas las once de la noche, cuando en Bogotá la mayoría de los despachos oficiales ―y las casas― han apagado las luces, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, atraviesa la ciudad a toda velocidad para una nueva reunión. Es la enésima de un día en el que dos candidatos al Congreso han sido secuestrados. Estos días, el 8 de marzo lo ocupa casi todo. A menos de una semana de las elecciones legislativas, la seguridad dejó de ser un capítulo más de la campaña para convertirse en la prioridad absoluta del Estado. Tras el magnicidio del pasado verano del aspirante opositor Miguel Uribe Turbay, tres secuestros de políticos en menos de un mes y una sucesión de amenazas, Colombia se adentra en su periodo electoral en estado de alerta.

La tensión volvió a escalar este lunes. El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia suspendieron una visita a la mayor hidroeléctrica del país tras denunciar un posible plan de una facción de las disidencias de las FARC para atacarlos con drones. El Ejército, horas después, concedió que el grupo tenía la capacidad de hacer eso y mucho más, pero negó tener conocimiento de esa amenaza específica. “Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la Fuerza Pública”, replicó el alcalde Federico Gutiérrez, declarado opositor del presidente Gustavo Petro.

El clima ya se había recalentado la semana anterior, cuando dos candidatos al Congreso desaparecieron en regiones apartadas del país. Sus secuestros —aún bajo investigación— se sumaron a la captura de otra senadora hace tres semanas y volvieron a poner a todas las autoridades en alerta. Ambos fueron liberados sanos y salvos horas después.

La preocupación será creciente de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y de la segunda, el próximo 22 de junio, pero fuentes de seguridad advierten que, a pesar de la gravedad de los atentados contra políticos, estos no siempre tienen una motivación electoral. En muchas zonas confluyen economías ilegales, disputas territoriales y estructuras armadas que operan al margen del calendario político. Entre las líneas de investigación se contempla incluso que en algunos casos los propios candidatos puedan exagerar o incluso simular amenazas para ganar notoriedad. Las autoridades reconocen en privado que deben evaluar cada denuncia con cautela, sin desestimar riesgos reales pero evitando alimentar montajes.

Lo que distingue este ciclo electoral no es solo la suma de incidentes, sino un precedente inmediato. El verano pasado, el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien hoy podría ser uno de los candidatos favoritos de la derecha, sacudió al país y alteró el tablero electoral de hoy. Desde entonces, cualquier alerta —por difusa que sea— activa protocolos y reuniones de emergencia. El propio presidente Petro ha denunciado en innumerables ocasiones distintos planes para asesinarlo. Esa tensión constante ha generado una paradoja: el sobresalto se ha vuelto rutina.

La semana pasada, en una conferencia ante jóvenes líderes de distintos partidos, Javier Flórez, director del área de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), comprobó hasta qué punto ese asesinato ha marcado a una nueva generación de políticos. “El panorama de seguridad para estas elecciones es distinto al que tuvimos hace cuatro años”, explica a EL PAÍS. Para muchos de esos políticos a los que Flórez hablaba, el asesinato de Miguel Uribe significó una vuelta a un pasado desconocido para ellos: “Sentir lo que sintieron las viejas generaciones con los magnicidios de los 80”.

Más allá del impacto simbólico, Flórez advierte de una amenaza más silenciosa, más profunda: “Ese control social cada vez más presente en muchos territorios tiene una clara capacidad de influencia en las elecciones”. En zonas bajo hegemonía armada —cientos de municipios— se vive una ficción de la libertad, en la que se permite hacer campaña, pero el voto ya está decidido, el que dicte el fusil. Según los cálculos de Flórez, entre 1,5 y dos millones de personas —hasta un 10% de los votantes efectivos— enfrentan algún tipo de riesgo electoral. “Lo más preocupante es la violencia invisible, la domesticada que condiciona las libertades y los derechos electorales”, alerta.

A menos de una semana de las elecciones, en las que los colombianos elegirán 102 senadores, 186 representantes a la Cámara y participarán en tres consultas interpartidistas, el Gobierno insiste en que habrá garantías. Este lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló el despliegue de 246.000 uniformados para custodiar 12.264 puestos de votación —la mayoría en zonas rurales—, además del refuerzo de los esquemas de protección y de los sistemas de inhibición de ataques con drones. La consigna es clara: no se tolerarán asonadas ni alteraciones del orden público. Para sostenerla, al ministro aún le quedan varias reuniones nocturnas por delante.