Los datos sobre narcotráfico en Colombia que serán clave en la reunión entre Petro y Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitará este martes la Casa Blanca. El encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump ha generado grandes expectativas: puede culminar meses de rencillas y normalizar las relaciones bilaterales, pero también puede tensar una alianza histórica hasta la ruptura. Hace solo tres semanas, antes de una llamada que mantuvieron los dos mandatarios, el republicano amenazaba con intervenir militarmente en Colombia.

Está previsto que en el centro de la reunión esté el narcotráfico, una problemática que Washington se ha propuesto combatir con medidas extraordinarias. Petro, que lidera el país que más cocaína produce en el mundo, llega con un portafolio bajo el brazo para intentar mostrar que, durante su Gobierno, ha combatido el tráfico de drogas y que Colombia sigue siendo un gran aliado en esta cuestión. Sin embargo, varias de sus cifras son cuestionables y sus victorias no son absolutas.

Cultivos récord y una discordia con la ONU

El viaje de Petro a Washington se enmarca en un contexto muy particular. Tras casi dos décadas de trabajo, su Gobierno ha señalado que desconfía de los informes de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC) sobre la producción de cocaína y las hectáreas cultivadas de hoja de coca. El cálculo para 2024 cifró la producción potencial de la droga en 3.001 toneladas, un récord. Las hectáreas eran 261.000, otro dato histórico. Esas cifras son el producto de una metodología que cuestiona Petro: la agencia divide el país en cuatro regiones y visita una cada año, para allí hacer mediciones y encuestas; y luego extrapola esos resultados al resto del país. Petro considera que los datos son engañosos y que alimentan la escalada de tensiones con Trump, que llamó al colombiano un “líder del narcotráfico” y que descertificó al país sustentado en estos informes.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional, una medición alternativa y que defiende Petro, para agosto pasado Colombia sumaba 262.179 hectáreas de coca. Petro y Trump hablaron de esos datos en su llamada del pasado 8 de enero, y es probable lo hagan de nuevo en la Casa Blanca.

Las enredadas cifras de la sustitución

Otro punto clave para la reunión son los logros del Gobierno Petro en la sustitución de cultivos ilícitos. Desde noviembre, el presidente ha recitado, casi de memoria y repetidas veces, que durante su Gobierno se han arrancado 25.000 hectáreas de coca. Sin embargo, el que ha sido el norte de sus discursos es un dato inflado. Esto porque la cifra incluye las hectáreas de familias que apenas acaban de apuntarse al programa de sustitución y no han arrancado ni una planta, los cultivos que el Gobierno tiene proyectado impactar en regiones priorizadas, y áreas que ya están siendo resembradas. Además, el 37% de todas las hectáreas no son nuevas, pues estaban ya inscritas al programa del Gobierno de Juan Manuel Santos llamado PNIS, que quedó consignado en el Acuerdo de Paz de 2016.

Gloria Miranda, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Ministerio de Justicia, ha aceptado que no tiene certeza de cuántas hectáreas han sido sustituidas en este Gobierno. Ha dicho que la verificación de la cifra está a cargo de la UNODC y que el programa RenHacemos, la apuesta de esta Administración para sustituir la coca, solo suma un año de vida.

La erradicación, por el piso

Petro también esgrime los avances en la erradicación manual de cultivos que, según cifras preliminares del Ministerio de Defensa, en 2025 cayó al nivel más bajo de la última década. Se eliminaron 8.051 hectáreas, 14% menos que el año anterior y 93% menos que el pico conseguido en 2020.

Ante los bajos índices, Petro confirmó a finales de diciembre que retomará el uso de glifosato a través de drones. Aunque el herbicida es catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno, el Gobierno confía en él para erradicar una hectárea de coca cada 30 minutos. Está previsto que la nueva modalidad de aspersión a baja altura —la Corte Constitucional prohibió la que se hacía con aviones— inicie en las próximas semanas en Argelia, un municipio caucano que tiene enclaves de cultivos ilegales y cuyo control disputa el Estado con disidencias de las extintas FARC.

Engañosos logros de incautación

Petro se ha jactado de ser el presidente que “más ha incautado cocaína en la historia del mundo”, con el decomiso de más de 900 toneladas de la droga este año y de 2.700 durante su Gobierno. Pero EL PAÍS reveló que las cifras están distorsionadas: se apoya en decomisos hechos fuera de las fronteras nacionales y que Colombia registra como propios. El Ministerio de Defensa defiende que la inteligencia colombiana es primordial para las incautaciones internacionales, así esto muestre que hay más narcóticos saliendo por los puertos y las fronteras nacionales.

Según las cifras de Defensa, el 63% de las toneladas reportadas en 2025 fueron incautadas fuera de Colombia. En los últimos meses, Petro ha presumido de varios éxitos de la Armada Nacional en operaciones “sin un solo muerto”, en contraposición a la estrategia de Washington de bombardear a navíos sospechosos en el mar Caribe y el oceáno Pacífico, que suman ya más de cien personas asesinadas.

Las capturas a narcos

La Dirección Antinarcóticos de la Policía reporta haber capturado, entre la llegada de Petro a la presidencia y el pasado 31 de diciembre, a 165.000 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, de las cuales 693 tenían fines de extradición. El dato no es menor para el presidente señalado por Trump de ser “líder del narcotráfico”, pues el Gobierno argumenta así que ha mantenido el ritmo de capturas y extradiciones que por décadas han marcado la cooperación judicial con Estados Unidos.

La deficiencia está en que no se ha logrado una detención de un jefe criminal. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, capturado en 2021, es considerado el último gran capo detenido en el país. El criminal de más alto perfil que persigue el Gobierno es Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Es el jefe de la principal disidencia de las extintas FARC, el Estado Mayor Central (EMC), y el mayor enemigo público de Petro. No solo está señalado por narcotráfico, sino por terrorismo, homicidios y reclutamiento de menores. Las autoridades ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares) por información que conduzca a su captura.

Las extradiciones y el pacto con Washington

Hasta diciembre pasado, Petro había firmado la entrega a Estados Unidos de 645 personas, de un total de 1.129 solicitudes avaladas por la Corte Suprema de Justicia. Uno de los casos con mayor impacto político fue el de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de Comandos de la Frontera. Es un grupo armado que opera en la frontera amazónica con Ecuador y Perú, y mantiene negociaciones de paz con el Gobierno. El pasado febrero fue detenido en un hotel de Bogotá, pese a que tenía suspendida la orden de captura por su papel en esos diálogos.

La Fiscalía sostuvo que la detención respondía a una circular roja de Interpol solicitada por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La controversia fue debatida en una comisión diplomática secreta, cuya existencia reveló EL PAÍS, que buscaba a finales del año pasado desescalar la tensión con Washington. El Gobierno se negó a entregarlo en extradición para no entorpecer el proceso de paz, pero en su lugar firmó la entrega de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda La Inmaculada.

Las mesas que tambalean en la paz total

De las diez mesas de negociación que llegó a tener el Gobierno de Petro de forma simultánea, quedan vivas seis. La negociación con el ELN fue un fracaso político para el presidente. Con las bandas criminales urbanas de Medellín y Buenaventura, el Ejecutivo ha mantenido un diálogo limitado orientado a reducir homicidios y extorsión, pero los resultados han sido mínimos.

El trabajo ahora está puesto en la negociación con la disidencia de las FARC al mando de Calarcá Córdoba, una pequeña fracción de hombres armados que, en medio de los diálogos con el Estado, creció un 16 % en número de combatientes entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Aunque ha sido uno de los procesos que el Gobierno más ha publicitado, varios hechos violentos recientes, como la masacre a 26 disidentes en Guaviare, tienen la mesa en vilo.

Otra mesa avanzada es la de Comuneros del Sur, una pequeñísima fracción de unos 100 hombres en armas y 50 en milicia que surgió de rencillas internas del ELN en el departamento de Nariño. El Gobierno ha reportado la destrucción de una tonelada de armamento y más de 585 artefactos explosivos entregados por el frente. En los diálogos con este grupo, se acordó la sustitución de 5.000 hectáreas de coca en diez municipios de Nariño, aunque hasta ahora ninguna de esas se ha materializado.

Con el Clan del Golfo, la organización narcotraficante más grande del país, el proceso de sometimiento ha tenido menos avances. Apenas comenzó en septiembre pasado y a diferencia de procesos como el de Calarcá o los Comuneros del Sur, no hay cese al fuego bilateral formal ni entrega masiva de armas. En el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que reúne unos 2.000 integrantes, los acercamientos han incluido la creación de zonas de ubicación temporal para 120 miembros, la entrega y destrucción parcial de más de 13 toneladas de armamento.