Petro amenaza con excluir a la ONU del monitoreo de drogas

La relación de Colombia con las Naciones Unidas para monitorear la producción de coca está más cerca del precipicio que nunca. Tras 27 años monitoreando los cultivos ilícitos en el país, el presidente Gustavo Petro ha declarado la guerra a la metodología y este jueves ha anunciado en X que dejará de usarla. El mensaje se interpreta como algo más que un desacuerdo técnico: el contrato con la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito, la UNODC, expiró en diciembre y está en peligro.

Petro sostiene desde hace meses que las cifras de las Naciones Unidas no reflejan la realidad del país, en un conflicto que va más allá de una discusión metodológica. Según fuentes gubernamentales, esos datos han sido clave para que Donald Trump construyese su narrativa contra Petro y su lucha antidrogas. “Esas cifras, que muestran un país inundado de cocaína, casi desatan una guerra”, alertan. A diez días de su visita a la Casa Blanca, Petro parece decidido a imponer su propia fórmula.

“El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros. Dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno no lo volverá a usar”, escribió el mandatario este jueves en la red social. En el mismo mensaje, aseguró que Colombia ha entregado a la DEA “todos los estudios con diferentes metodologías” y que “todos muestran” que la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca se ha reducido a cero. El tema ocupó parte de los 55 minutos de conversación telefónica que mantuvieron Petro y Trump el pasado 8 de enero.

EL PAÍS reveló esos datos en noviembre: 3.001 toneladas potenciales de cocaína, un récord histórico que supone un aumento del 12,6 % frente al año anterior, aunque también apunta a un menor ritmo en el aumento de la producción. Desde entonces, la guerra con la UNODC y su metodología sigue abierta y la continuidad del contrato pende de un hilo. Varias fuentes cercanas a la negociación consideran poco probable que se renueve, salvo que Naciones Unidas reconozca de forma explícita errores técnicos, algo que no está claro que vaya a ocurrir.

El conflicto tiene consecuencias políticas de alto voltaje. Petro ha atribuido a estas cifras la descertificación de Colombia —el mecanismo con el que Washington evalúa el cumplimiento de los compromisos antidrogas— y su inclusión en la llamada Lista Clinton en octubre pasado, a las cifras de la ONU. Parte de su enfrentamiento —y posterior reconciliación— con Trump gira en torno a estas mediciones. Si el contrato se rompe definitivamente, el plan del presidente es que Colombia asuma directamente el monitoreo. “La policía tiene toda la capacidad para hacerlo”, señala una alta fuente gubernamental.

Desde 1999, la UNODC ha sido la gran autoridad para medir la coca en Colombia. Sus informes anuales recogen dos datos clave: las hectáreas sembradas y la producción potencial de cocaína. Hasta ahora, la metodología no había sido cuestionada de forma abierta, pero el informe de 2023, con cifras desorbitadas, encendió las primeras alarmas. Quedaron al descubierto las debilidades del cálculo: la agencia divide el país en cuatro regiones y visita una cada año para hacer las mediciones y las encuestas rurales, y luego extrapola esos resultados al resto del país. Si un año evalúa una región especialmente productiva, el cálculo nacional puede verse artificialmente inflado.

Petro defiende, en cambio, la fiabilidad del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima) de la Policía Nacional. En el último Consejo de Ministros, ordenó al general William Rincón, director de la Policía, hacer públicos los informes mensuales de crecimiento de cultivos de coca, elaborados a partir de imágenes de satélites en todo el país. Según esos datos, hasta agosto pasado Colombia contaba con 262.179 hectáreas sembradas de coca, un 15% menos que los datos de la UNODC. La diferencia entre ambas metodologías es sustancial: mientras la ONU combina imágenes satelitales con trabajo de campo en una región por año, la Policía mantiene un monitoreo satelital permanente y ofrece reportes mensuales. Sin embargo, este último también ha tenido reparos por considerar que no ofrece datos precisos.

El cambio de metodología llega en un momento sensible de la relación con Estados Unidos, que ha tomado como referencia las cifras de Naciones Unidas para evaluar la política antidrogas colombiana. En su último informe, publicado el 18 de octubre de 2024, la UNODC afirmó que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de cultivos de coca y advirtió que la producción potencial de cocaína pura aumentó un 53 % entre 2022 y 2023. Washington dejó de lado un menos robusto sistema propio de medición para usar las cifras de la UNODC; que han alimentado decisiones clave, como la certificación anual y la asignación de recursos de cooperación.

Petro ha calificado estas cifras de mentirosas y las ha señalado como combustible de la escalada entre ambos mandatarios en los últimos meses, que solo se frenó con la llamada del 8 de enero. Trump llegó a señalar directamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de no hacer lo suficiente para frenar la producción de cocaína, acusaciones que el presidente colombiano ha rechazado alegando que su homólogo estadounidense ha sido mal informado.

Aunque el debate se presente como una disputa metodológica, la discusión va mucho más allá. Los documentos que el Gobierno colombiano llevará a la reunión del 3 de febrero en Washington marcarán el tono de la relación bilateral en materia antidrogas y pondrán a prueba la capacidad de Petro de imponer su propia fórmula frente a un socio que durante décadas ha condicionado la cooperación a indicadores concretos. En juego no está solo la lectura sobre el crecimiento de los cultivos de coca, sino el margen político del Gobierno para redefinir la estrategia antidrogas sin el aval de las cifras que durante décadas sirvieron como una referencia internacional.