Las cifras de la coca y el narcotráfico: el nudo para Petro en su reunión con Trump

El presidente colombiano Gustavo Petro ha insistido varias veces en que su homólogo estadounidense Donald Trump ha sido engañado por la extrema derecha sobre lo que ha sido su gestión contra el narcotráfico. Durante meses —sobre todo desde que el republicano le quitó la certificación como país que lucha contra el narcotráfico en septiembre pasado—, Petro ha intentado por todas las vías hacer llegar el mensaje de que ha sido él quien frenó el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia y el que más ha atacado a los capos de la droga. Hasta que logró, según dijo, comunicarle algunas cifras al propio Trump en la llamada telefónica que ambos sostuvieron este miércoles. En la reunión que tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, Petro intentará demostrarle su balance y desarmar la versión que ha impulsado Trump de que el presidente colombiano es un “líder del narcotráfico”. Estas son las cifras que estarán en el nudo de esa conversación.

Los cultivos de coca: en máximos históricos pero con un crecimiento estancado

En la maraña de cifras a las que apela el presidente Petro, un asunto fundamental son las hectáreas de cultivos de coca, un indicador que en Colombia suele usarse para medir la gestión de los presidentes en materia de drogas. Según el dato más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) —encargada de esa medición— y que el propio presidente adelantó, para 2024 en Colombia hay 261.000 hectáreas de esa mata. La cifra representa el máximo histórico para Colombia, una mala noticia, pero tiene un matiz importante: el ritmo de crecimiento en el actual Gobierno se ha frenado: en 2022 (el año en que Petro inició su presidencia) el aumento fue del 12%, en 2023 del 10% y en 2024, apenas del 3%.

De hecho, esta semana el presidente hizo pública una cifra que poco se conoce y es la medición que hace la Policía y que sí está disponible hasta 2025: 262.000 hectáreas. Esta representaría una cifra muy similar a la del año anterior reportada por la UNODC, es decir, ya los cultivos de coca no habrían aumentado en Colombia. Una tendencia que contrasta con un aumento considerable en los cultivos registrado durante el Gobierno del antecesor de Petro, Iván Duque, cuando solo en 2021 las hectáreas crecieron en un 43% según esa misma oficina de la ONU.

La producción potencial de cocaína: una cifra en disputa a puerta cerrada con la ONU

En la disputa por las cifras hay una pieza clave que no está resuelta todavía: el informe de UNODC sobre la coca en Colombia que el Gobierno Petro ha puesto bajo llave hace meses y que tendría que haberse conocido el año pasado. El Gobierno no ha autorizado su publicación porque le discute a esa oficina de la ONU uno de los datos clave de ese documento: la producción potencial de cocaína. Para la administración Petro, la cifra que esa agencia reportó en 2024, que representaba un aumento del 53% hasta llegar a las 2.664 toneladas, es falsa y viene de proyectar los datos solo de la región Pacífico —el enclave más productivo— al resto del país. El presidente colombiano ha insistido en que ese supuesto salto exponencial —producto de un error metodológico— fue utilizado por Estados Unidos para justificar su decisión de descertificar a Colombia como país que lucha contra el narcotráfico.

En el informe que se mantiene en reserva, el aumento de la producción potencial de cocaína, como reveló EL PAÍS, es del 12,6% hasta ubicarse en las 3.001 toneladas de esa droga, un aumento menor al que se ha registrado en años anteriores. Sin embargo, es una cifra en su máximo histórico y puede terminar convirtiéndose en munición de Trump contra Petro. De hecho, este mismo lunes, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque a Venezuela, el representante estadounidense, Michael Waltz, citó el Informe Global de Drogas de la UNODC —que incluye los datos sobre Colombia— para justificar su acción en territorio venezolano, que ese documento sitúa como clave en el tráfico de drogas.

Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la ONU en este asunto aún no arrojan resultados concretos sobre la cifra en discordia. Lo que se ha planteado es reemplazar el indicador de producción potencial de cocaína por el de “cocaína disponible en el mercado”, que ambas partes coinciden en que captura mejor la realidad de lo que sucede. Esa medición incluiría incautaciones de cocaína, los lotes de coca que no son cosechados, el consumo interno, entre otras nuevas variables.

La decisión de Petro de revisar a fondo la forma como se construyen las cifras sobre la coca y la cocaína en Colombia es respaldada por expertos en la materia que la señalan como un asunto que estaba pendiente. Estefanía Ciro, investigadora especializada en la economía de la coca, defiende que esa discusión “es la punta de lanza” para entender cómo se toman las decisiones políticas sobre mercados como el de la cocaína, que derivan, por ejemplo, en “la aplicación de la guerra contra las drogas en Colombia con tanto ensañamiento”. Explica que no se trata “simplemente de un informe técnico, sino que es un informe profundamente político que genera una hostilidad y una suerte de justificación de una eventual intervención y control sobre el gobierno de Gustavo Petro”. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), comparte las reservas alrededor del informe y, de hecho, asegura que “Colombia no debe seguir dándole validez a ese informe, hasta que la ONU no corrija esos errores”. Asegura que el dato de la producción potencial de cocaína es una ficción que no debe seguir alimentándose pues no hay forma de comprobar qué tanto refleja la realidad.

Las incautaciones: la principal bandera de Petro

Desde el inicio de su mandato, en agosto de 2022, la actual administración ha incautado 2.800 toneladas de cocaína, según el ministerio de Defensa, la cifra más alta en las últimas décadas. El Gobierno anterior, de Iván Duque, por ejemplo, incautó alrededor de 2.000 toneladas en todo su periodo, según las cifras que el mismo expresidente publicó en su cuenta de X la noche del miércoles después del discurso de Petro en la plaza de Bolívar.

Pero el dato tiene matices. Proporcionalmente, la cocaína incautada en relación con la que potencialmente se produce —la cifra de la ONU que está en disputa— es menor que en años anteriores. En 2024, por ejemplo, las casi 900 toneladas retenidas ese año representan menos del 30% de las 3.001 toneladas potencialmente producidas. En el año anterior, 2023, la proporción es similar. Un contraste con la tendencia anterior en la que lo incautado rondaba el 40% de la producción potencial.

La interpretación que defiende el Gobierno es distinta y compara el aumento en las hectáreas de coca con el aumento en las incautaciones. Así, para 2023, con un aumento de las hectáreas del 10% pero un incremento del 13% en las incautaciones, le da un saldo positivo del 3%. Y en 2024, con un aumento del área cultivada del 3%, pero uno del 19% en las incautaciones, el saldo positivo es del 16%. Un cambio de metodología que no será fácil explicarle a Trump.

La sustitución voluntaria de coca: pocos resultados para mostrar

En su llamada con Trump, Petro le aseguró -según contó el mismo- que “la sustitución voluntaria [de cultivos de coca] da más éxito que la sustitución forzada con glifosato”. Y le dijo que 30.000 hectáreas ya estaban en ese proceso. Pero esa cifra es una ficción, como contó EL PAÍS y aseguran los conocedores en la materia. En realidad, la sustitución voluntaria en este Gobierno ha tenido un camino atropellado, se demoró la mitad del periodo en empezar y lo único que tiene para mostrar en este momento son las familias que se han inscrito al programa y que el Gobierno calcula representan esas 30.000 hectáreas, sin que implique que efectivamente se hayan arrancado todavía.

De hecho, el Gobierno no sabe cuántas de esas se han arrancado en el marco del programa. La Dirección de Sustitución reconoce que no tiene la cifra de avance, pues la verificación está a cargo de la UNODC —la misma agencia con la que está en disputa— y esa oficina aún no ha entregado ningún reporte. Pero asegurar que 30.000 hectáreas ya están en tránsito es impreciso. Por ejemplo, en el programa de sustitución del Acuerdo de Paz se inscribieron 99.000 familias (que representarían un número similar de hectáreas) pero se erradicaron 45.000 hectáreas, la mitad.