El cálculo de la producción de cocaína en Colombia es impreciso, pero no solo con Petro

La noche del viernes 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro dedicó una alocución de 50 minutos a tratar de explicar que el estadounidense Donald Trump había descertificado a Colombia en la lucha contra las drogas sobre la base de una mentira. Petro argumentó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) había dado una cifra falsa al asegurar que la producción potencial de cocaína en Colombia había aumentado en 53% entre 2022 y 2023, hasta alcanzar las 2.664 toneladas. Desde entonces, el mandatario ha repetido esa idea una decena de veces. Pero esa es una versión incompleta, que cuestiona lo ocurrido como si fuera un hecho aislado cuando es un problema metodológico de vieja data. Uno que su Gobierno, incluso, había avalado hasta ahora.

La UNODC monitorea, año a año y desde 1999, los cultivos de coca en Colombia a través de contratos con los sucesivos Gobiernos. Arroja dos datos claves, que son referentes sobre el narcotráfico: la cifra de hectáreas sembradas con coca y la producción potencial de cocaína que sale de esos cultivos. En octubre de 2024, la agencia reveló un aumento de la producción potencial en 53% entre 2022 y 2023, en el primer año de la era Petro. Lo que ahora, un año después, sostiene el presidente, es que la UNODC llegó a esa cifra tras solo medir la productividad de una de las regiones con coca, el Pacífico, y que luego la aplicó a todo el país. Como en esa zona la productividad es más alta que en otras, concluye, eso derivó en una cifra inflada.

Es cierto que la UNODC ese año solo midió allí, pero no se trata de un error, sino de la metodología que viene aplicando desde 2007. La agencia ha aceptado que esa extrapolación tiene falencias, y el resultado es una cifra que no refleja cuánta cocaína se produce. Por limitaciones presupuestales, decidió ese año dividir el país en cuatro bloques de regiones, y cada año hace pruebas en el terreno y encuestas rurales en solo uno de ellos. Luego proyecta los resultados para todo el país. Y rota las regiones a lo largo de cuatro años. Pero en 2022 no visitó ninguna región, según una tabla del Ministerio de Justicia que reveló la revista Raya. Ese año, con el cambio de Gobierno, no se renovaron los contratos de quienes debían hacer las visitas, según han dicho a EL PAÍS fuentes conocedoras de esas mediciones. Por eso, ese año se mantuvo la estimación de 2021. Así, el 2023 realmente se comparó con 2021. Además, le correspondía el turno al Pacífico, que no se medía hacía cuatro años. El resultado fue el cuestionado salto del 53%.

Esa cifra se reveló hace ya más de un año, el 18 de octubre de 2024. Ese día, la propia ministra de Justicia de entonces, Ángela María Buitrago, acompañó a la directora de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsh, a presentar el resumen del informe en una rueda de prensa. El Ministerio, incluso, promocionó el documento. Ni la ministra, ni su director de política de drogas, Alexánder Rivera, objetaron la metodología. Tampoco lo habían hecho el año anterior el primer ministro de Justicia de Petro, Néstor Osuna, ni su directora de política de drogas, Gloria Miranda, que en septiembre de 2023 acompañaron a la misma directora regional de la UNODC a presentar el balance. Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonía A la Orilla del Río, cuestiona que el Gobierno “no creó un sistema soberano de medición, que es lo primero que tenía que llegar a hacer”.

Tras la descertificación, el presidente les ha pasado la cuenta de cobro a sus antiguos funcionarios. En la alocución del 17 de octubre, afirmó que la ONU había publicado esa cifra “trampa”, “con la complicidad del director de drogas de esa época (Rivera) y la ministra de Justicia de esa época (Buitrago)”. Y añadió: “Al dejarlo publicar, [tenemos] mala fama, dicen que lo que hicimos no sirve y los Estados Unidos en el Gobierno de Trump nos descertificó sobre la base de esta mentira”. Expertos tanto en política de drogas como en relaciones internacionales han sostenido que, en realidad, la decisión fue una sanción a Petro por su confrontación directa con Trump.

Ana María Rueda, coordinadora del área de drogas en la Fundación Ideas para la Paz y exdirectora de política de drogas en el Ministerio de Justicia, sostiene que cuando se decidió plantear la metodología por regiones, “no se pensó que cierto año determinado” iba a producirse un salto como el que se produjo para 2023. Y que los sucesivos Gobiernos —Uribe, Santos, Duque (cuando ella dirigió el área de drogas por dos años) y Petro—, que pagaron año a año ese estudio, no modificaron nunca ese método.

La investigadora añade que el cálculo de la producción potencial de cocaína no tiene en cuenta situaciones del día a día de la economía cocalera. De hecho, recuerda que 2023 —el de la cifra cuestionada— fue el año en que con más fuerza se sintió la llamada “crisis de la coca” en la que se redujeron drásticamente tanto los precios como la frecuencia de compra de la hoja, base y pasta de coca. Por ello, las familias campesinas optaron por guardar la base o pasta en sus fincas y dejar de cosechar hasta que la compra fuera segura. Al menos una de las cuatro cosechas anuales de la hoja, dice, se debió haber quedado sin recoger en buena parte del país y eso habría que incorporarlo en el análisis. “Si eso se hubiera tenido en cuenta, tendríamos como mínimo tres cuartas partes de la producción potencial que dice el informe”, defiende.

Por otra parte, la UNODC ha señalado que la producción potencial de cocaína ha aumentado año tras año desde hace al menos una década. En varios años del segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, incluso, el crecimiento estuvo por encima del 30% y en 2015, cuando la región que se midió fue el Catatumbo, fue del 46%.

El otro dato clave que revela la UNODC, el de las hectáreas sembradas, no está en disputa. Esa cifra tampoco ha dejado de aumentar con Petro, aunque su ritmo de crecimiento se ha desacelerado en el último lustro. En 2021, el crecimiento fue del 43%, al año siguiente del 13% y en 2023 del 10%, hasta las 253.000 hectáreas. El informe correspondiente a 2024, que tendría que haberse publicado para esta fecha, está frenado porque el Gobierno, ahora sí, está discutiendo la metodología con la UNODC. De momento, no hay una fecha fijada para su publicación. Sin embargo, el presidente ha adelantado que el crecimiento de los cultivos fue de poco más del 3%, hasta las 261.000 hectáreas.