Colombia autoriza la venta de cannabis medicinal en farmacias

El Gobierno colombiano ha autorizado por primera vez la venta de flor seca de cannabis como producto terminado para uso médico y veterinario. El decreto 1138 de 2025, firmado este lunes, permite su comercialización en farmacias bajo fórmula médica, ampliando un marco legal que hasta ahora solo contemplaba derivados como aceites o extractos, y restringía la flor seca a la exportación. La medida se ampara en la Ley 1787 de 2016, que exige garantizar el acceso informado al cannabis medicinal y promover la inclusión de pequeños y medianos cultivadores, por lo que durante los próximos dos años solo ellos podrán abastecer el mercado nacional.

Pero lo que el Gobierno de Gustavo Petro presenta como un avance histórico ha sido recibido con profunda preocupación por el sector que ya opera en el país. Mayra Correa, productora de cannabis medicinal y líder de la cadena productiva en el departamento del Tolima, lo califica como una “humillación” para quienes llevan años cumpliendo con exigencias técnicas, licencias costosas y protocolos de seguridad. “Ahora cualquiera puede entrar con una licencia exprés”, denuncia, y advierte que el Gobierno facilitará permisos más baratos a nuevos jugadores. “Llevamos cinco años pagando licencias carísimas… y ahora el Ministerio hace esto, sin exigir lo mismo. Es una grosería”, exclama.

Julián Wilches, fundador de Clever Leaves —una multinacional con sede en Colombia que produce y exporta cannabis medicinal de grado farmacéutico a más de 15 países— y exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, advierte que están regulando un mercado muy pequeño, pues apenas el 0,002% de la población potencial accede a estos tratamientos, es decir, unos 1.000 pacientes. “Cuando se permitió el cannabis medicinal en extractos, las barreras fueron tantas que en la vida real no hay casi pacientes”, explica a EL PAÍS.

La preocupación se extiende a todos los actores de la cadena. La Asociación Colombiana de Cultivadores y Transformadores de Cáñamo Industrial (ASOCAÑAMO), que agrupa a representantes del sector medicinal, industrial y científico, ha advertido de riesgos que podrían frenar el desarrollo de una industria que hace una década se vendía como una gran promesa. En un comunicado emitido este martes y compartido a este diario, señala que la norma carece de mecanismos claros para hacer trazabilidad al producto, lo que pone en riesgo la participación real de los pequeños productores.

La organización también alerta sobre la posibilidad de que haya una concentración en pocos productores y de “la falta de infraestructura interoperable entre entidades como el Invima, el ICA y el Fondo Nacional de Estupefacientes; el exceso regulatorio en la etapa inicial sin escalonamiento técnico, y un desfase en la reglamentación que podría retrasar el mercado legal de flor entre 18 y 36 meses”.

ASOCAÑAMO ha pedido al Gobierno construir la reglamentación de forma participativa, integrar mecanismos de financiamiento verde y asistencia técnica para pequeños productores, e implementar sistemas digitales de trazabilidad. “La norma debe ser una herramienta de inclusión productiva real, no una barrera técnica que concentre oportunidades y excluya a quienes históricamente han sostenido el territorio”, señala la asociación.

Acceso limitado

La historia de Ricardo Contreras (Bogotá, 44 años) ilustra la brecha entre la regulación y el acceso real. En 2019, un accidente como paracaidista lo dejó cuadrapléjico. El dolor lo llevó a probar todo tipo de medicamentos; ninguno lo alivió. Solo en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, —y por una cuestión del “destino”— una médica amiga de su tiempo de paracaidista le recomendó buscar alivio con gotas de THC, la sustancia psicoactiva del cannabis. “Se fueron pasando los espasmos y el dolor corporal bajó”, recuerda sobre las primeras semanas de intervención. Pero el tratamiento era costoso: 90.000 pesos, unos 25 dólares, semanales. Con el tiempo, su situación económica se deterioró y terminó recurriendo al mercado informal. “No tenía dinero para el cannabis medicinal. Así que lo conseguía sin medidas ni nada, no era un cannabis regulado por el Gobierno”, confiesa.

El sistema de fórmulas magistrales —que exige prescripción médica, elaboración en centrales de mezclas y altos costos para los productores— ha sido un obstáculo. “Es cero eficiente”, explica Wilches. “Encarece el producto y crea barreras de acceso al paciente, quien ante tanta dificultad muchas veces termina yendo al mercado ilegal. Es decir, en lugar de proteger al paciente, termina arrojándolo a las redes criminales para acceder a un producto sin ningún control de calidad”, ahonda en el tema.

Contreras lo vive en carne propia. “Antes vivía en Bogotá y ahí conseguía [cannabis]. Pero aquí en Buga [Valle del Cauca] es muy difícil acceder a ese mercado”, relata. Un documento al que tuvo acceso este diario muestra que el sector ha propuesto al Gobierno adoptar modelos como los de Australia, Portugal o Brasil, que permiten el acceso a productos canábicos medicinales de forma regulada y temporal, sin tener que esperar años a que se completen estudios clínicos costosos, como exige la ley.

En los próximos cinco meses, los Ministerios de Salud y Justicia deberán expedir la reglamentación que habilite la venta de la flor. Entretanto, Contreras busca alivio. “El cannabis es muy funcional para muchas cosas. No solo para alguien con daño en la médula. Hay personas con otras enfermedades que también les puede ayudar un montón, como los pacientes de ELA”, dice. Colombia avanza en la materia regulatoria, pero el alivio práctico es, todavía, una flor lejana.