Texas se debate entre la prohibición y la regulación del THC

Apenas unas semanas después de que el gobernador de Texas vetara un proyecto de ley que prohibía productos con THC, los senadores estatales han vuelto a poner el asunto sobre la mesa. Los legisladores presentaron una legislación casi idéntica a la vetada por Greg Abbott en junio, con la que pretenden prohibir la venta de productos derivados del cáñamo que contengan “cualquier cantidad detectable” de THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Esto, en pocas palabras, significa que el Estado restringiría el acceso a todas las variantes de este químico, que es el responsable del llamado “colocón” que provoca la marihuana, uniéndose así a una creciente lista de Estados conservadores que en los últimos meses han tramitado leyes similares.

Todo esto es parte de un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos sobre este asunto. Después de haber promovido la despenalización y la legalización del cannabis durante años, ahora se intenta restringir el camino, principalmente por parte de los sectores conservadores. No obstante, como pone de manifiesto el proyecto de ley texano, hay divisiones dentro del propio Partido Republicano sobre cómo abordar este tema en concreto.

La medida se dirige próximamente a un voto en el Senado de Texas, después de ser aprobada en un comité de la Cámara alta por unanimidad. Aunque la Cámara baja estatal también está controlada por los republicanos, el éxito del proyecto de ley es más incierto en ella, puesto que los representantes están más interesados en regular la sustancia que en eliminarla del uso recreativo. El gobernador Abbott también prefiere la regulación, razón por la que vetó el anterior proyecto de ley que avanzaba la prohibición.

En su lugar, Abbott ha propuesto un modelo regulador que incluya requisitos de etiquetado, pruebas de laboratorio, límites de edad para la venta y restricciones sobre los niveles permitidos de THC por dosis. Según el gobernador, esta alternativa permitiría proteger a los consumidores sin perjudicar la industria ya establecida de manera legal.

La prohibición contemplada en el nuevo proyecto de ley incluye compuestos como el Delta8 y el THCA, que hasta el momento se comercializan legalmente, como resultado de un vacío legal existente desde 2018. El vacío en cuestión fue provocado por la Ley Agrícola federal, la cual permitió la producción de cáñamo industrial, siempre y cuando estos productos no superaran el 0,3 % de THC Delta9. Sin embargo, la norma no restringió otros cannabinoides como los mencionados anteriormente, que pueden sintetizarse a partir del cáñamo y causan efectos muy similares en el cuerpo. En Texas, estos productos pueden ser comprados en smoke shops e incluso en gasolineras, sin demasiadas trabas de por medio.

La legislación, identificada como Senate Bill 5, propone prohibir la producción, distribución, venta y posesión de productos con cualquier cannabinoide intoxicante derivado del cáñamo. La medida también incluye la posibilidad de cargos criminales por la fabricación o comercialización de estos productos, excepto los que estén hechos a partir de compuestos no psicoactivos como el CBD.

La medida ha generado un debate entre quienes se oponen y quienes apoyan el uso legal de la marihuana. La mayoría de los votantes en el Estado —el 53%— se oponen a una prohibición general de los productos con THC derivados del cáñamo, según una encuesta del Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin publicada el mes pasado. Solo el 31% del total de los encuestados expresó su apoyo a la medida. Sin embargo, el apoyo sí es mayor entre los votantes republicanos: el 46% respalda la prohibición.

El doctor Kevin A. Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana, una organización que se opone a la comercialización del cannabis, opina que esta nueva legislación es una respuesta lógica al vacío legal creado en 2018. “Esto no es un asunto republicano ni demócrata. Estas prohibiciones son una corrección necesaria y responsable”, señaló Sabet a EL PAÍS.

Según él, lo que se vende legalmente hoy es tan potente como la marihuana tradicional, y no tiene ningún tipo de regulación. “No tienen control de calidad, ni etiquetado preciso, y se comercializan sin restricciones de edad. El resultado ha sido un aumento en el acceso de los jóvenes, hospitalizaciones, accidentes de tráfico y diagnósticos de psicosis inducida por cannabis”, dijo.

Sabet asegursa que las visitas a urgencias de niños intoxicados con THC se han triplicado en los últimos años. También denuncia que los productores “venden en envases que parecen dulces, con sabores frutales, claramente dirigidos a menores”. “Las propias empresas de marihuana han reconocido que el marketing juvenil funciona”, argumentó el ex asesor de la Casa Blanca en estos temas.

Por otra parte, Heather Fazio, directora del Texas Cannabis Policy Center, considera el nuevo proyecto de ley como un retroceso peligroso, puesto que “criminaliza la simple posesión de productos que son legales a nivel federal y están ampliamente disponibles”. “Los texanos no deberían ser arrestados ni procesados por la posesión de productos de cáñamo legal”, dijo a este diario la representante de dicha organización, que promueve políticas responsables y reformas sensatas sobre el cannabis.

Fazio insistió en los resultados que tendría la aprobación de la norma: la posesión de un producto con cualquier cantidad de THC podría ser considerado un delito menor de Clase C, con antecedentes penales permanentes. Además, si el producto no está registrado, la persona podría enfrentarse a un delito menor de Clase B y hasta seis meses de cárcel. “Esto es completamente irrazonable. Las consecuencias penales limitan el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y hasta la custodia de los hijos”, aseguró.

Asimismo, la especialista explicó que muchos pequeños empresarios locales, como fabricantes de gomitas o aceites que contienen THC, han invertido dinero en un mercado que ha funcionado legalmente durante más de seis años. “Estos negocios corren el riesgo de ser clausurados. Si no contamos con comercios autorizados y regulados, los consumidores irán al mercado ilícito, donde no existen garantías de seguridad ni controles de edad”, aseveró Fazio.

Un cambio de rumbo

En lo que va de año, varios Estados republicanos han promovido leyes similares al proyecto texano. En Tennessee, una nueva legislación prohíbe los productos con THC y cannabinoides sintéticos, al tiempo que elimina las ventas de cáñamo por Internet. Esta ley entrará en vigor el año próximo. Mientras tanto, Alabama aprobó restricciones respecto a la concentración de THC permitida y las condiciones para su comercialización. También Ohio se encuentra actualmente en proceso de modificar la ley que permitió el uso recreativo de la marihuana en ese Estado, en 2023.

“Hay republicanos que realmente creen en el Gobierno limitado y en la libertad individual, y otros que solo usan esa retórica en campaña. Afortunadamente, muchos están empezando a apoyar la regulación en vez de la criminalización”, como lo ha hecho el gobernador texano Abbott, señaló Fazio.

Al respecto, Sabet enfatizó que su organización ya ha respaldado con éxito leyes similares en otros Estados, como Arkansas. De acuerdo con él, en abril de 2023, la gobernadora de ese Estado, Sarah Huckabee Sanders, promulgó una legislación que prohíbe los cannabinoides intoxicantes derivados del cáñamo. Según él, la medida es coherente con la posición de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que considera que muchos de estos compuestos “no se ajustan al propósito original de la Ley Agrícola”.

“La idea de que estas prohibiciones perjudican el uso responsable ignora el problema fundamental: estos productos no están regulados. Están mal etiquetados, contaminados y dirigidos a menores. La salud pública y la seguridad infantil deben primar sobre los intereses comerciales”, dijo Sabet. “Los niños están en riesgo. Las hospitalizaciones aumentan. La psicosis inducida por cannabis es real”, añadió.

Fazio, por el contrario, aseguró que la prohibición no protegerá a los jóvenes. “No hay evidencia que respalde la teoría de la puerta de entrada. Correlación no es igual a causalidad. La regulación, no la prohibición, es el enfoque más eficaz para proteger a los menores y garantizar la seguridad”, dijo. “No es razonable arrestar a alguien por una gomita comprada legalmente. El castigo desproporcionado no protege a nadie”, concluyó.