La ONU pone el foco en Colombia ante un aumento del 53% en su producción de cocaína

Colombia es protagonista del nuevo récord mundial del mercado de la cocaína, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas que ha publicado este jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La producción global del alcaloide, con datos hasta 2023, alcanzó un máximo histórico de 3.708 toneladas mientras el país concentra el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y vio un aumento del 53% en el producto.

El organismo de la ONU hace una relación directa entre la mayor producción mundial y el “aumento del tamaño de la superficie cultivada con hoja de coca de manera ilícita en Colombia”. Y agrega que “datos actualizados sobre el rendimiento (...) dieron lugar a una estimación de producción para el país aproximadamente un 50% superior a la del año anterior. También aumentó la concentración de la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en zonas de alto rendimiento de Colombia”.

El país, junto con Perú y Bolivia, aparece como el origen de los principales flujos de cocaína a las Américas y a Europa occidental y central. Los datos de las Américas muestran que Colombia es el principal origen del tráfico por mar al resto de países, con mucha más intensidad a Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y Jamaica; por tierra, sobre todo a Venezuela y El Salvador; y por aire, los narcos privilegian a Venezuela.

El foco en el país, sin embargo, ha generado críticas de voces afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, Laura Gil, exembajadora de Colombia en Viena y quien ha sido representante ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y hoy es Secretaria General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos, ha escrito en la red social X: “No aceptaré jamás que seamos los malos. Ni con la guerra contra las drogas, ni con el nuevo enfoque. Colombia siempre intentó cumplir sus obligaciones. Los malos están en todos lados; los buenos, también”.

Fue Gil quien, como embajadora en Viena, encabezó la aprobación de una resolución de la Comisión de Estupefacientes para que incluyera en sus decisiones el enfoque de reducción de daños, que no sataniza el uso de drogas, sino que aboga por evitarles riesgos a los consumidores; y de otra para conformar un grupo de expertos que revise la política global de drogas. El Gobierno de Petro, además, estructuró una nueva política nacional de drogas que pretende debilitar a los actores más fuertes del narcotráfico al tiempo que mantiene el cuidado de las personas en zonas vulnerables a ese flagelo.

En la vía de aplicar enfoques alternativos ha reaccionado Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que escribió en su cuenta de X que ante el aumento en producción, consumo y muertes por el tráfico de drogas, “la respuesta dominante sigue siendo la misma: erradicación, interdicción y encarcelamiento de consumidores. Pero los datos muestran que esta estrategia no ha reducido ni la oferta ni los daños causados relacionados con este mercado (...). La alternativa al enfoque actual es avanzar hacia modelos de regulación que reduzcan los daños, protejan la salud pública y debiliten los mercados ilegales. Ya existen ejemplos en el mundo que muestran caminos posibles”.

El Ejecutivo, por lo pronto, saca pecho constantemente por el aumento en las incautaciones de cocaína (golpes que apuntan directamente a los narcos y no a los campesinos que siembran coca) que en 2024, según cifras oficiales, ascendieron a 960 toneladas, un aumento del 14% frente a 2023.

Está por verse si eso es suficiente para contener al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que tiene por el mango el bastón de la certificación. El Informe Mundial de Drogas se conoce, justamente, cuando el Departamento de Estado debe definir si le mantiene la certificación a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Colombia no sufre una descertificación desde 1997, durante el gobierno del liberal Ernesto Samper. En caso de que vuelva a ocurrir, implicaría el recorte de la ayuda económica que entrega anualmente la Casa Blanca, así como mayores dificultades para acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional.

La canciller colombiana, Laura Sarabia, dijo en abril de este año, durante una conferencia de prensa, que esperaban que les mantuvieran la certificación: “Estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, que estamos tratando de construir y consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos y esperamos que los resultados se evidencien y se muestren en una certificación por parte de los Estados Unidos”.

El Informe Mundial de Drogas reitera las cifras sobre el área cultivada que ya habían revelado la UNODC y el Gobierno en octubre de 2024 con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI): en Colombia había en 2023 unas 253.000 hectáreas de coca, un aumento de 23.000 (9%) con respecto a 2022. En Perú, en cambio, aumentaron ligeramente los cultivos a 92.784 hectáreas; y en Bolivia, con 31.000, se mantienen estables.

La misma UNODC matizó allí el aumento en los cultivos, pues al referirse al incremento en 2023 manifestó que “por segundo año consecutivo se presenta una desaceleración en la tendencia de crecimiento que se registra desde el año 2014”. La canciller dijo, en todo caso, que también se estaban preparando “para un escenario de descertificación”, sin entrar en detalles: “no quisiera ahondar porque es un escenario hipotético”.