Kast, sobre el memorial para las víctimas de la dictadura en Colonia Dignidad: que sea “un lugar acotado”, no de 117 hectáreas

Luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció el pasado domingo en una entrevista en La Tercera que se revertirá el decreto de expropiación de 117 hectáreas dentro de la exColonia Dignidad, terrenos donde la Administración del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026) pretendía levantar un amplio sitio de memoria de seis zonas para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el presidente José Antonio Kast se pronunció este martes por primera vez públicamente sobre el proyecto. Dijo que su magnitud “no es razonable”, en referencia al alto costo y contexto de un ajuste fiscal, pero que se puede “acotar” a un lugar de reflexión y de encuentro.

Fue durante la entrevista que realizó en La Moneda un grupo de periodistas que son parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que se le consultó al mandatario de derechas, entre los varios temas controvertidos que han marcado sus tres primeras semanas, si la decisión comunicada por Poduje se debía a la caja fiscal o a una convicción política. Al respecto, Kast respondió: “Hoy día tenemos un problema de ajuste fiscal importante y eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile, pero si yo quiero hacer un memorial de 117 hectáreas, creo que no es razonable”. Y agregó: “Si yo lo quiero acotar a un lugar de reflexión, de encuentro, bueno, hagamos el lugar acotado a lo que corresponde y no endeudemos a Chile entero cuando tenemos necesidades reales. Hoy día también hay personas que sufren, que no tienen casa, que no tienen alcantarillado, que no tienen luz”, indicó, en una comparación de las necesidades básicas de la ciudadanía con las violaciones a los derechos humanos como política de Estado.

La expropiación del enclave alemán, ubicado en Parral, en la zona centro-sur de Chile, es uno de los cuatro proyectos que Poduje retiró de su cartera. Lo ha hecho en el contexto de que su par en Hacienda, Jorge Quiroz, ha pedido a los 24 ministerios rebajar en un 3% sus presupuestos. El pasado lunes, sin embargo, se sacó de la lista al ministerio de Seguridad, que lidera la exfiscal Trinidad Steinert, quien ha protagonizado un accidentado y complejo debut en el área más sensible de la Administración de derechas, el control de la delincuencia.

Poduje dijo que tras la determinación hay “cero ideología”, sino que “puro criterio de prioridad social”. Y explicó que su ministerio, al que la Administración de Boric le heredó económicamente el proyecto, tiene un presupuesto comprometido de “un 97% por deudas de arrastre” y que, por lo tanto, no hay dinero para la expropiación, que solo en el área urbana del lugar tiene un costo de $47 mil millones de pesos (más de 50 millones de dólares). “No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar”, señaló. “Estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren violencia intrafamiliar”, añadió.

En la entrevista a Poduje también se le señaló que, con la decisión que informó, iba a ver una mala recepción de las organizaciones de derechos humanos. “Ellos pueden pedirle a otro ministerio que lo haga. O a un organismo internacional”, dijo. “El punto es el siguiente: nosotros, con los recursos que tenemos, tenemos que atender las prioridades (...). Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda”, añadió.

El anuncio de Poduje provocó una serie de reacciones, entre ellas, la del exministro de Justicia de Boric, Jaime Gajardo, quien dijo que se puede entender que “por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente”, pero “lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”. Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad de la misma Administración, ha dicho a CNN que, aunque es un “debate legítimo” discutir sobre el número de metros cuadrados y el monto de la operación, que el hecho “no es simplemente dejar sin efecto una expropiación, sino que es borrar de un plumazo los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colonia Dignidad, no solo en dictadura”.

También se pronunció la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Katrin Deschauer, quien fue consultada este martes en una rueda de prensa: señaló que “el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya la creación de un memorial en Chile”.

Un compromiso entre Chile y Alemania

En 2017, durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), los gobiernos de Chile y Alemania suscribieron un memorándum de entendimiento con el que se creó una comisión mixta bilateral en torno a la memoria histórica del enclave, donde, además de haber sido centro de detención y torturas en la dictadura, su fundador, Paul Schäfer, cometió durante décadas abusos sexuales en contra de niños chilenos y alemanes.

Este miércoles, El Mercurio ha informado que la Cancillería chilena y el Gobierno alemán mantienen el compromiso de levantar el memorial dentro de Colonia Dignidad. El diario obtuvo una respuesta desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Kast, que encabeza Francisco Pérez, en la que se señaló que “Chile es respetuoso de sus compromisos internacionales”. Y se detalló que ese compromiso entre ambos países “se mantiene” respecto de la creación de un lugar de memoria para las víctimas", y que dentro de los temas que se han trabajado está el establecimiento de un centro de documentación y la creación de un lugar de memoria.

También este miércoles, el ministro de Justicia de Kast, Fernando Rabat, quien a mediados del 2000 fue parte de la defensa de Pinochet en causas de violaciones a los derechos humanos, fue consultado en una entrevista en Tele13 Radio si hay un compromiso del Gobierno con los sitios de memoria, de los que en Chile hay más de mil. “Evidentemente, nosotros respetamos los sentimientos de personas que han sufrido en materias relacionadas con derechos humanos, y no podríamos tener por fin afectar esos sentimientos. Y, en el tema de Colonia Dignidad, ayer [el martes], el presidente fue muy claro en lo que señaló”. Luego recordó, tal como la Cancillería, que “hay un compromiso que adquirió Chile con el Gobierno alemán en 2017″.

Rabat agregó que entre los cinco pilares que quiere desarrollar su ministerio, “está el respeto a la memoria histórica”.

Cómo era el plan de Boric

Judicialmente, al interior del enclave alemán se ha acreditado la desaparición de seis personas, pero, además, hay presunciones fundadas de otros 20 secuestros y más de 50 detenciones. En 1991, el democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática, canceló la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, por lo que Schäfer y sus colaboradores la cambiaron a Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad Villa Baviera para mantenerla vigente. El segundo paso lo dio Bachelet en 2016, en su segundo mandato, al declarar parte de la zona urbana del enclave como Monumento Nacional. El tercero fue el la Administración de Boric, que proyectó el sitio de memoria en 117 de las más de 4.000 hectáreas, un decreto

El de Boric era un ambicioso plan en el que se expropiarían seis grandes áreas, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia que depende del ministerio de Justicia y, directamente, de la subsecretaría de Derechos Humanos, que ha sido continuado, aunque con cambios, por la Administración de Kast.

El sitio de memoria proyectado por el Gobierno de izquierdas contenía seis grandes áreas, entre ellas, la zona de mayor concentración de edificaciones donde hubo represión y torturas; la casa de Paul Schäfer donde se cometieron abusos a niños; la fosa de los archivos y la lechería; una zona donde hay un camino en que se habría inhumado y exhumado a las víctimas de la dictadura y el estero Hualle. Allí se depositaron las cenizas de los cuerpos incinerados en la llamada Operación retiro de televisores, el nombre que dio Pinochet para ocultar la orden a agentes del Estado de exhumar los cuerpos de las víctimas y ocultar los homicidios.