La comisión secreta de Petro que negoció bombardeos y fumigaciones en Colombia para contentar a Trump

El Gobierno de Gustavo Petro cedió en temas cruciales de seguridad para contentar a Donald Trump. Mientras ambos mandatarios se insultaban en redes sociales, un grupo secreto de facilitadores tendía puentes entre Bogotá y Washington. Además de la llamada conocida este miércoles entre los dos, EL PAÍS ha confirmado con tres fuentes de la comisión diplomática que algunas decisiones polémicas, como los bombardeos a campamentos de las disidencias, la reanudación de la fumigación con glifosato sobre cultivos de coca y la extradición del narco Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fueron acordadas con Estados Unidos.

Una cuarta exigencia se puso sobre la mesa: el Gobierno colombiano debía cambiar el estatus político de grupos guerrilleros, como las disidencias de las FARC o el ELN, para reclasificarlos únicamente como organizaciones narcotraficantes. Esa sería la última señal de buena voluntad acordada para contentar a Trump, y una que aún no ha ocurrido. El hacerlo volvería más difícil para Petro seguir negociando con ellos en el marco de su política de paz total.

Todas esas concesiones de Petro eran conflictivas para sus propias bases progresistas. Los bombardeos y la fumigación son temas que la izquierda colombiana rechaza con vehemencia, pero eran “condiciones inamovibles” para los estadounidenses, dice una fuente conocedora de la negociación. La comisión de diplomacia secreta estuvo integrada por empresarios, políticos, el procurador y la canciller. Ellos mediaron durante meses con agentes estatales y de la inteligencia estadounidense para enviar señales de paz y bajar la tensión diplomática que ambos mandatarios alimentaban públicamente. Varias de esas gestiones se hicieron, además, con iglesias cristianas y católicas estadounidenses que tienen injerencia en el partido republicano.

Entonces empezaron los gestos del gobierno colombiano. El 1 de octubre, cuando la crisis diplomática ya se había escalado, Petro autorizó bombardear un campamento de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en el departamento amazónico del Caquetá. El operativo se desplegó en silencio y sus resultados se conocieron un mes y medio después, cuando el mandatario reconoció que allí habían muerto cuatro personas, todos menores de edad. El 10 de noviembre fue autorizado otro bombardeo contra la misma estructura, esta vez en el departamento amazónico del Guaviare, y que se convirtió en el operativo más polémico del Gobierno, luego de que el ministro de Defensa reconociera que murieron siete niños, casi todos con edades menores a los 15 años. En ese momento, sin embargo, no era público que esos bombardeos estuvieran indirectamente ligados al intento de acercarse a Trump.

La muerte de niños en la guerra contra las disidencias de las FARC dejó al presidente frente a una de sus mayores contradicciones políticas: buena parte de sus propios electores rechazó que un Gobierno progresista recurriera a prácticas que, en el pasado, habían sido duramente cuestionadas por el mismo Petro cuando era senador durante administraciones de derecha. Bajo el mandato del expresidente Iván Duque, su antecesor, dos ministros de Defensa estuvieron contra las cuerdas por autorizar operativos en zonas con presencia de menores de edad. Petro terminó en el lugar que antes cuestionaba.

La segunda exigencia que recibió la comisión de diplomacia secreta fue la fumigación de cultivos de coca con glifosato, otra de las decisiones más sensibles para el progresismo y una que el propio presidente Petro había rechazado de manera tajante en el pasado. En la campaña presidencial de 2021, por ejemplo, escribió en su cuenta de X: “En el Gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria”. Esa promesa hoy vuelve a circular como un recordatorio de la distancia entre el discurso de entonces y las decisiones de ahora.

El 25 de diciembre, el presidente se reafirmó en su posición de que el herbicida volviera a ser parte del plan para enfrentar los cultivos de uso ilícito. Aunque aún está lejos de la aspersión aérea masiva que marcó los años del Plan Colombia hace dos décadas, el mandatario señaló que su Gobierno avanzaría con aspersión terrestre y fumigación mediante drones, con énfasis en departamentos como Cauca y Norte de Santander, dos de las regiones más golpeadas por la expansión de la coca y la presencia de grupos armados. La decisión, presentada como una alternativa “focalizada”, volvió a tensar la relación del Ejecutivo con sectores del progresismo que habían respaldado su promesa de erradicar sin recurrir al herbicida.

Aunque la decisión de volver al glifosato se tomó en diciembre para recomponer la relación con Trump, de forma sutil llegó una señal del Gobierno estadounidense que la comisión tomó como un “visto bueno”. “Nosotros logramos una señal hace tres semanas, antes de la crisis con Venezuela, pero la portavoz del Departamento de Estado dijo que le parecía interesante lo que estaba haciendo el Gobierno con el glifosato y los bombardeos”, dice alguien cercano a la diplomacia.

El tercer gesto al que accedió el Gobierno fue la extradición de un capo conocido como Pipe Tuluá. En febrero de 2025, Estados Unidos solicitó formalmente la entrega de otro narcotraficante, Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, jefe del grupo guerrillero Comandos de la Frontera, y quien fue capturado ese mismo mes en Bogotá durante una reunión pública con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. Hasta entonces, Rojas actuaba como gestor de paz y tenía suspendidas sus órdenes de captura, pero fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en cumplimiento de una circular roja de Interpol. Washington lo acusa de mantener el envío de cargamentos de cocaína, incluso después de haber ingresado al proceso de paz, y por eso lo quiere en sus cárceles.

Desde la comisión negociadora explican: “La petición de Estados Unidos fue que enviáramos a Araña, pero el presidente no aceptó por los diálogos que mantiene con esa estructura, entonces en su lugar se firmó la extradición de Pipe Tuluá (Andrés Felipe Marín)”. Araña permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, mientras sus voceros avanzan con una negociación de paz. El 11 de diciembre, Petro firmó la extradición de Tuluá, máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión llegó en un momento en que la extradición de múltiples capos se había vuelto un asunto irregular en la política colombiana: el propio Gobierno había ralentizado la firma de varios casos que venían del trámite judicial, supuestamente para no afectar procesos de paz con grupos armados.

Los intentos por mejorar la diplomacia comenzaron hace meses. Desde septiembre pasado, cuando Colombia fue descertificada en Estados Unidos como país aliado en la lucha antidrogas, y al presidente Petro le fue revocada la visa estadounidense después de una manifestación por Gaza en Nueva York, el mandatario comenzó a consolidar un grupo de expertos con buenas relaciones en el norte para que lo asesoraran. “El trabajo fue muy difícil por la personalidad de ambos presidentes”, señala uno de los integrantes del grupo. Durante esos meses, el proceso confidencial que buscaba acercar a los mandatarios comenzó a tomar forma y vinieron las exigencias. Este miércoles, los dos presidentes hablaron por primera vez por teléfono. La conversación terminó con una invitación del estadounidense para que su homólogo colombiano visite la Casa Blanca. Todos los esfuerzos de Petro, tras meses de ceder en sus banderas progresistas, han dado frutos.