Carros quemados y toque de queda: la inminente extradición de ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos hace sentir su poder criminal

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha firmado la orden de extradición de Andrés Felipe Marín, que saldría en las próximas horas de Colombia a Estados Unidos. Pipe Tuluá, como se le conoce, es el jefe de La Inmaculada, una banda criminal que controla la extorsión y el microtráfico en el centro del departamento del Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Tuluá. En la noche de este miércoles, cuando se conoció la noticia, fueron quemados varios vehículos en ese municipio, por lo que el alcalde ha decretado un toque de queda y el cierre de las estaciones de gasolina.

Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec), ha confirmado a W Radio que Marín fue trasladado en helicóptero desde la cárcel de máxima seguridad La Picota, en el sur Bogotá, a la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital. También ha confirmado que el traslado es un paso previo a su envío a Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico. Pipe Tuluá permanece recluido desde 2015. Según las autoridades, desde la cárcel ha seguido delinquiendo y ha logrado expandir la presencia de su banda criminal hasta Popayán (Cauca), y municipios del Eje Cafetero como Armenia y La Tebaida (Quindío).

A comienzos de 2024, Marín tocó la puerta del Gobierno para ser tenidos en cuenta dentro de la política de paz total. Según él, envió comunicaciones al presidente Gustavo Petro y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. En una entrevista con W Radio, le pidió al Gobierno que le dé “oportunidades” a sus hombres. “Esperamos oportunidades, no que hagan lo que dijo Martín Sombra [exguerrillero entrevistado por la misma emisora este miércoles] de que le dan 320.000 pesos (80 dólares)”. Esa iniciativa no fructificó y hoy enfrenta el que ha señalado que es su temor: terminar en una cárcel en Estados Unidos y perder el cotnrol de La Inmaculada.

La orden de extradición se produce en un contexto en el que Marín ha sido vinculado a la organización criminal Mago (Muerte a Guardianes Opresores), responsable de amenazas y ataques contra funcionarios del Inpec. En enero de 2025, esta organización emitió un comunicado anunciando represalias contra esos funcionarios, después de que esa entidad lo incluyera dentro del programa Dominó, que buscaba concentrar a los máximos criminales en una sola prisión para tener mayor control de su incidencia. En uno de los panfletos que comenzó a circular en cárceles del país anunciaban un “operativo” para asesinar a guardianes a partir de las 00.00 del 4 de junio, este mismo miércoles.

Justamente, el nombre de Pipe Tuluá se hizo más visible en el país con el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Élmer Fernández, en una vía pública de la capital mayo de 2024. Desde el primer momento, una de las hipótesis que tienen las autoridades sobre el asesinato es que se debió a una orden de criminales como Tuluá o Pedro Pluma, un líder del grupo transnacional Tren de Aragua. En una entrevista que dio a La W por esos días, Marín contó que de los 40 años que tiene, casi 19 los ha pasado tras las rejas, y admitió delitos, como ya lo había hecho previamente. En una carta que envió el 17 de mayo de 2024 a Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia, acusó a las instituciones nacionales de fraguar un complot en su contra y no tuvo reparo en traer a colación su prontuario y aclarar que puede ser asesino, pero no narco, que es el motivo de su extradición. “Quiero enfatizar que mi historial delictivo siempre se ha limitado a homicidios y extorsión, sin ningún tipo de relación con el narcotráfico”, se leía en el documento del año pasado.

El Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, ha emitido este jueves un comunicado de prensa en el que aseguran que la extradición “responde a una solicitud formal del Gobierno de ese país, por delitos graves que lo comprometen y por los cuales deberá responder ante la justicia”. Desde que se conocieron las alteraciones al orden público en Tuluá, por su traslado, el ministro ha dicho en sus redes sociales que las Fuerzas Militares han cercado al municipio de más de 230.000 habitantes y han tomado distintas medidas de seguridad. En un video, también anunció un operativo para “ubicar, judicializar y capturar a los responsables. Cada acto de violencia tendrá una respuesta legal, firme e implacable”.