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Petro cierra filas en defensa de los bombardeos que antes fustigaba: “Decir que se detengan es invitarlos a reclutar más niños”

El presidente de Colombia rechaza el llamado a suspenderlos, mientras que el Congreso pone en marcha una moción de censura contra el ministro de Defensa

Santiago Torrado

El viraje es notorio. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, ha cerrado filas en defensa del tipo de operaciones militares que condenaba en el pasado, cuando era un congresista de oposición. “Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, escribía este martes en sus redes sociales al descartar el mensaje de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien le había pedido públicamente suspenderlos y evaluar la situación. “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH [derecho internacional humanitario] en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, ha insistido el mandatario en X, su canal de comunicación predilecto. Ya antes había concedido que los bombardeos “siempre tienen un riesgo”, pero que había decidido asumirlo.

Un total de 15 menores de edad han muerto en este tipo de acciones ejecutadas por las Fuerzas Militares entre los meses de agosto y noviembre en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca, confirmó este lunes el Instituto Nacional de Medicina Legal. En concreto, la muerte de siete menores en Guaviare, el pasado 10 de noviembre, en el que ya es considerado el peor bombardeo de la era Petro, fue el detonante de un agitado debate público sobre derechos humanos, en medio de una compleja crisis de seguridad.

El antecesor de Petro, el conservador Iván Duque, aprobó en 2019 un bombardeo en una zona rural del departamento del Caquetá que en un primer momento calificó como “una operación impecable”, muestra de “heroísmo” y “coordinación”. Apoyado por los informes forenses, el senador Roy Barreras –entonces en la oposición, hoy aspirante presidencial– acusó al ministro de Defensa de la época, Guillermo Botero, de ocultar la muerte de siete menores de edad en esa acción militar. El vendaval de acusaciones acabó por costarle el cargo, pues renunció ante la inminente aprobación de una moción de censura en el Congreso. “Si el Gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad”, afirmó el senador Petro en aquel entonces. En la recta final del Gobierno Duque, se repitieron los escándalos por las muertes de menores en bombardeos. Su último ministro de Defensa, Diego Molano, incluso se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”.

En tres años largos en el poder, Petro ha acabado por apelar a varias ideas manidas en seguridad que antes criticaba. Los bombardeos constituyen una de ellas. Entre los anuncios tempranos de Iván Velásquez, su primer ministro de Defensa, se destacó el de suspender los ataques aéreos de campamentos de grupos ilegales en los que pudiera haber menores de edad. Un freno que los restringió al máximo, dado que el reclutamiento de menores es una práctica constante de las múltiples estructuras armadas, que incluyen a las llamadas disidencias de la extinta guerrilla de las FARC; al Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país; o al ELN, la última insurgencia en armas.

Los bombardeos militares solo volvieron a estar sobre la mesa después de que una emboscada del Clan del Golfo mató a cuatro militares en Segovia, en el nordeste de Antioquia, en febrero de 2024. Poco después, en marzo, Petro cumplió su amenaza de bombardear sin contemplaciones a la mayor banda del narcotráfico en esa misma región de Colombia. En este 2025, ya bajo el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, un general retirado de la Fuerza Aeroespacial, el Estado ha realizado más de una docena de bombardeos, la mayoría contra las disidencias de alias Iván Mordisco, el autodenominado Estado Mayor Central o EMC.

Sánchez, quien se hizo famoso como el general de las fuerzas especiales que comandó la búsqueda de cuatro niños indígenas perdidos en la selva amazónica, se convirtió en el primer ministro de Defensa militar desde la Constitución de 1991. Ante la deriva de su política de paz total –que buscaba negociar en simultaneo con todos los grupos armados– y el deterioro de la seguridad, el presidente Petro optó por una respuesta pragmática que más de un observador consideró un retroceso.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), considera que el volantazo de Petro se consumó en el momento en que nombró a Pedro Sánchez como ministro de Defensa. “Lo hace con plena conciencia de que le va a dar un giro más militarista a toda su política de seguridad”, apunta la experta. Las Fuerzas Armadas favorecen los bombardeos porque no arriesgan bajas militares, a pesar de las posibles consecuencias contra civiles, incluidas niños, niñas y adolescentes, explica. “El presidente en este momento está muy casado con esa percepción”, opina. En este asunto, agrega, hay mucho cálculo electoral y un esfuerzo de las Fuerzas Armadas para mostrar resultados aparentemente rápidos y contundentes ante Estados Unidos en un momento muy delicado de las relaciones entre dos aliados tradicionales.

Las reacciones no se detienen. Una moción de censura contra el ministro Sánchez fue radicada este martes, con las firmas de varios congresistas aliados del Gobierno, no solo los de oposición. “Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”, expresó el senador Iván Cepeda, aspirante del oficialista Pacto Histórico. “Es una desgracia la muerte de cualquier niño, los que somos padres lo sabemos. Y hay que combatir el reclutamiento de menores”, declaró Roy Barreras, que busca competirle dentro del llamado Frente Amplio, la coalición que respalda a Petro. “Pero un jefe de Estado, yo lo haré, debe proteger la vida de todos, también la de los niños, la de los soldados, la de todos los colombianos”.

Otro aspirante del Frente Amplio, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, opinó que “renunciar al uso de la capacidad aérea ofensiva del Estado con los bombardeos no es sensato en estos momentos”. El problema de fondo, añadió, es que se ha disparado el reclutamiento de menores, “siendo la estructura de Mordisco la que más acude a esta aberrante violación de toda las normas de derechos humanos y del DIH”. También Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las extintas FARC, que suele ser crítico con Petro, se hizo eco del presidente: “El gran problema es que si la presunta presencia de menores conduce a la suspensión de la acción militar, el reclutamiento se dispara. Es peor el remedio que la enfermedad”.

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Sobre la firma

Santiago Torrado
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.
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