La Fiscalía Militar y Policial abre una indagación por el bombardeo en el que murieron siete menores de edad

El bombardeo militar en Guaviare el pasado martes, en el que murieron siete menores de edad, ya tiene dos procesos en curso para determinar si corresponden sanciones a los responsables. La Fiscalía Militar y Policial, a cargo de investigar posibles delitos de miembros de la fuerza pública, ha anunciado este lunes que ha abierto una indagación para verificar si las acciones contra las disidencias de Iván Mordisco “se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”. La Procuraduría, por su parte, informó el sábado que investigará el operativo e impondrá “las sanciones disciplinarias correspondientes” en caso de que sea pertinente.

La Fiscalía Militar y Policial no ha mencionado en su comunicado a los menores de edad, quienes fueron 7 de los 19 fallecidos identificados por Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo. Se ha limitado a señalar que en el operativo se incautó “material de guerra de alto poder ofensivo” y que “fueron neutralizados” integrantes del Nuevo Estado Mayor Central, la disidencia de las extintas FARC que responde a Iván Mordisco. La Procuraduría, en cambio, dedicó su comunicado a los derechos de los niños y señaló tanto a los grupos armados como a la fuerza pública. Expresó su “más profunda condena al crimen atroz” del reclutamiento y, en ese contexto, le “recordó” a los militares que tienen “el deber de observar y perfeccionar, de manera permanente, los protocolos y procedimientos operacionales que garanticen el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario”.

La muerte de siete menores de edad ha conmocionado a Colombia. La Defensoría del Pueblo enfatizó el sábado en un comunicado que “la responsabilidad originaria” recae en los grupos armados que los reclutaron y utilizaron como escudos humanos, pero que esto no exonera a la fuerza pública. “Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El simple hecho de que se encuentren en los campamentos de los grupos armados y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes no habilita la posibilidad de un ataque”, se lee en el texto. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, por su parte, llamó a las fuerzas militares a adoptar “todas las precauciones necesarias para proteger y evitar la muerte de niños y niñas que han sido víctimas de reclutamiento”.

La respuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien siempre cuestionó estos asesinatos en administraciones anteriores, ha generado polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó el accionar militar con el argumento de que “lo que da el estatus de combatiente no es la edad, sino la función que cumple [el implicado] dentro de una organización criminal”. El presidente, en tanto, dijo que “toda muerte es lamentable y más de menores de edad”, pero que debía proteger a 20 uniformados que se encontraban en riesgo. “Si dejo avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco, quizás hoy la crítica que me harían es que por qué deje emboscar a los soldados”, alegó en X.

Varios líderes de izquierda se han desmarcado de la postura del ministro de Defensa. Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, condenó el ataque y declaró que el Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado “en toda circunstancia y por todos”. La senadora María José Pizarro cuestionó de frente las declaraciones del ministro Sánchez y le dijo que no había margen para acompañarlo. “La responsabilidad inquebrantable de este y cualquier Gobierno, comprometido con los derechos humanos, es desplegar todas las medidas a su alcance para prevenir esta vulneración”, subrayó.

La oposición, por su parte, ha señalado las contradicciones del presidente respecto a cuando condenaba bombardeos en el Gobierno de Iván Duque y pedía la renuncia del ministro de Defensa. “¿Petro, dónde estás? (...) Tienen que renunciar todos, incluido el ministro de Defensa”, reclamó en X la precandidata presidencial Vicky Dávila. Sergio Fajardo, precandidato en el sector centrista, también señaló la contradicción: “Petro justifica lo que antes condenaba (...). Colombia necesita firmeza, sí, pero jamás a costa de la improvisación, la incoherencia o el riesgo para la población civil”.

La Fiscalía Militar y Policial ha anunciado una indagación al operativo, pero las investigaciones por esta vía tienen pocas posibilidades de prosperar. El tribunal de la Justicia Penal Militar (JPM), creado para juzgar a policías y militares por acciones cometidas “en actos de servicio”, no tiene competencia para investigar sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, no es la primera vez que la esta justicia abre indagaciones en casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia. En 2021, durante el Paro Nacional, esa misma jurisdicción abrió expedientes contra los oficiales que abrieron fuego a manifestantes. Un escenario similar ocurrió en 2022, con la masacre en un operativo militar en la vereda Alto Remanso, Puerto Leguízamo (Putumayo). En ambos casos ninguno de los señalados fue sancionado en ese tribunal.

Las disputas sobre qué entidad debe hacerse cargo pueden demorar años en resolverse. El viernes, Amnistía Internacional publicó un informe en el que reseña varios casos que “fueron dirigidos erróneamente a la Justicia Penal Militar, entorpeciendo el proceso judicial”. “La intromisión (...) no es un error técnico: es un obstáculo estructural que contribuye a la impunidad”, denunció.