La Operación Frontera Norte detiene a 10.000 personas en menos de un año

Cada pocos días, desde el Gabinete de Seguridad de México, se presumen las cifras de personas detenidas, armas de fuego incautadas y droga decomisada a lo largo de su interminable frontera con Estados Unidos. El último reporte, fechado el 5 de enero, habla de más de 10.000 detenidos, unas 7.700 armas aseguradas y cerca de 120 toneladas de droga decomisadas, entre ellas, 600 kilos de fentanilo, la bestia negra para el Gobierno de Estados Unidos. Son parte de los sacrificios con los que México trata de calmar a Donald Trump, el impredecible presidente estadounidense, que desde su vuelta a la Casa Blanca no se ha cansado de repetir que en su vecino del sur mandan las organizaciones criminales y que, si la Administración de Claudia Sheinbaum lo necesita, puede mandar unos cuantos soldados a que le ayuden. Unas palabras que, tras la operación militar estadounidense en suelo venezolano el sábado pasado que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro, adquieren un significado más real.

El 20 de enero de 2025—hace ni siquiera un año— Trump inauguró su segundo mandato como jefe máximo de Estados Unidos cumpliendo sus amenazantes promesas de campaña y declaró una emergencia nacional en la frontera con México, a la que movilizó tropas militares, reactivó la construcción del polémico muro con México y designó organizaciones terroristas a varios grupos criminales mexicanos. México, cuya presidenta pidió “tener la cabeza fría”, respondió el 5 de febrero con la Operación Frontera Norte.

Ante la acusación de Trump de que México no cuidaba la frontera compartida tan bien como debería, la respuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum fue enviar más de 10.000 militares y presumir, cada tres o cuatro días, cuánto está haciendo México por mantener seguro a Estados Unidos. Trump probaba así una estrategia que repite cada vez que necesita algo de una relación bilateral: una amenaza de castigo desproporcionado que se reduce si el país objetivo cumple con sus deseos, y que, con los bombardeos en Venezuela del 3 de enero, suma una nueva posibilidad.

Hasta ahora, México se ha ido plegando a las peticiones de Donald Trump y Estados Unidos. Aunque en la retórica de las declaraciones se habla de “colaboración” y “responsabilidad compartida”, en los hechos, México, entre otros casos, ha prometido millones de litros de agua que adeudaba, aceptado volver a encargarse en su lado de la frontera de los solicitantes de asilo que tratan de entrar en Estados Unidos, su Gabinete de Seguridad no para de presentar resultados de incautaciones de droga, laboratorios desarticulados, criminales detenidos… pero lo que más destaca es la entrega de 55 narcotraficantes que cumplían condena en cárceles mexicanas sin que hubiera una orden de extradición.

Esto sucedió en febrero y agosto del año pasado, tras amenazas de guerra comercial, e incluyeron a Rafael Caro Quintero, un símbolo para Estados Unidos por su papel en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. De acuerdo a The Wall Street Journal, se está preparando una tercera entrega de criminales que incluirá operadores financieros, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación e integrantes de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Otro ejemplo fue cuando Estados Unidos comenzó a hundir lanchas supuestamente cargadas con droga y origen en Venezuela. Después de que algunos de estos ataques ocurrieran cerca de aguas territoriales mexicanas, la presidenta Sheinbaum anunció que se había llegado a un acuerdo con Trump y su Gobierno para que fueran marinos mexicanos quienes interceptaran esas embarcaciones. Pero, en la práctica, no cambió nada y Estados Unidos siguió lanzando misiles a estos barcos frente a las costas de México.

Habrá que ver, en este nuevo año, cómo afectan los bombardeos en Venezuela a la relación entre México y Estados Unidos. Washington desempolvó la vieja doctrina Monroe para justificar el control sobre toda América Latina, a la que considera su patio trasero y, si la justificación de la Casa Blanca para atacar a Venezuela, sin respetar las convenciones del derecho internacional, fue combatir el narcotráfico; México, uno de los principales orígenes de la droga que entra en Estados Unidos, solo puede mirar al norte con suspicacia.