Colombia espera la sentencia histórica contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este viernes, todos los ojos de Colombia vuelven a estar sobre la jueza Sandra Heredia, quien hace cuatro días condenó penalmente por primera vez a un expresidente en la historia moderna del país, en primera instancia. A partir de las dos de la tarde está citada la audiencia en la que anunciará la sentencia contra el exmandatario de derechas, Álvaro Uribe Vélez, de quien anunció este lunes que es responsable de los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La Fiscalía ha pedido una pena privativa de la libertad de nueve años, la máxima posible en estos casos, y en una prisión, mientras que la defensa le solicitó a la juez que “mantenga la situación de libertad del doctor Uribe Vélez”, en palabras del abogado Jaime Granados. Ante la jurista han llegado esta semana los argumentos sobre el monto de la pena, la posibilidad de que la sanción se pueda cumplir en el domicilio del político o sea en una cárcel, y sobre la actitud que ha tenido el expresidente ante el juicio, que es uno de los criterios para que tome esa decisión.

Fuera del tribunal la tensión no es menor. Quienes han odiado al mandatario por años esperan el más duro de los castigos, y lo quieren inmediatamente. Quienes le siguen, en cambio, exigen que siga en libertad hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Bogotá, que en las próximas semanas deberá estudiar la apelación a la sentencia que ya anunció Granados. Heredia, quien ha cargado con este sensible caso durante 475 días, no tiene un día fácil.

La decisión puede tener una trascendencia política enorme, especialmente si la jueza, contra lo que ocurre usualmente, decide que la pena impuesta a Uribe Vélez se debe cumplir desde este viernes. La imagen del expresidente detenido, así sea en su enorme finca en Córdoba llamada el Ubérrimo, es una postal que los uribistas seguramente reivindicarán como símbolo de injusticia; y los antiuribistas, como señal de que la justicia es más fuerte que nunca.

Por el momento, el expresidente no ha dicho nada sobre la decisión desde que la jueza lo señaló culpable de los delitos, a pesar de que ha estado activamente peleando en redes con el presidente de izquierdas Gustavo Petro. Quien fuera un muy popular mandatario hace menos de dos décadas no ha llamado a Heredia “instrumento de politización judicial”, como lo hicieron algunas senadoras de su partido, el Centro Democrático. Sus abogados han dicho, en la misma línea del expresidente, que guardan un “silencio prudente” hasta conocer la decisión de este viernes. Al final del día, posiblemente, rompan el silencio.

El expresidente enfrenta un abanico de posibilidades. De un lado, el monto de su pena puede variar, según las opiniones de tres penalistas consultados. Para Francisco Bernate, profesor de la Universidad del Rosario y conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema, puede estar por siete u ocho años de privación de la libertad; Juan Carlos Prías, también conjuez y profesor, pero de la Javeriana, concuerda en que será alrededor de los ocho años; y a la externadista y exministra de Justicia Ángela María Buitrago, no le sorprendería que llegara a los nueve años. La juez Heredia tiene que ponderar lo que usualmente se condena por cada delito, y el presidente fue encontrado culpable en tres instancias por soborno en actuación penal, y en dos instancias por fraude. Cada crimen suma, pero también hay otras restas, como la falta de un prontuario criminal.

Además del monto, la juez debe definir si la pena se debe cumplir en una cárcel o en el domicilio, y sobre todo si se debe aplicar de forma inmediata o queda suspendida hasta que la defensa agote sus recursos—que además de la apelación ante el Tribual incluyen un eventual recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, y que revisaría la Corte Suprema—. Es la diferencia, enorme, entre un expresidente y jefe de partido detenido a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales, y uno que siga en libertad.

Para Prías, varios elementos juegan a favor de una condena domiciliaria, como la actitud disciplinada que tuvo Uribe Vélez durante todo el juicio, que la misma juez reconoció el lunes, asistiendo a todas las audiencias. El defensor, Granados, argumentó justamente esa misma conducta para pedir a la juez que la pena no se ejecute todavía, ya que no hay razones para pensar que el acusado quiera a escapar de la justicia (lo que sí justificaría una detención preventiva). Bernate recuerda que lo usual es que la pena solo se haga efectiva ante una sentencia de la Corte Suprema, pero no descarta que la juez tome una decisión diferente, que es legalmente posible. Con él coincide Buitrago, quien recuerda que Uribe fue objeto de detención preventiva en agosto del 2020, un precedente que puede pesar en la decisión.

Defina lo que defina Heredia, y aunque ya está claro que la defensa de Uribe apelará la sentencia ante el Tribunal y el debate seguirá, la decisión impactará una campaña política que ya lleva meses y que no tiene favoritos claros. La izquierda, que gobierna desde 2022 y ha sido históricamente antiuribista, ha celebrado la sentencia. Uribe, quien lidera la derecha colombiana hace casi 25 años y no tiene un sucesor claro, lleva meses dedicando gran parte de su tiempo al proceso penal. Eso difícilmente va a cambiar ante una segunda instancia, pero el choque de narrativas sobre lo ocurrido ―una justicia que tarda en llegar para sus críticos, una injusticia patente para sus aliados— definirán si la sentencia será parte de su despedida política definitiva, o solo una derrota más de un político que ya ha ganado elecciones con este caso abierto en su contra.