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Colombia acelera su apuesta por la estatal venezolana Monómeros bajo la mirada de Washington

La compra de la petroquímica con sede en Barranquilla, que abastece fertilizantes al 80% del agro local, genera consenso y ciertas dudas entre los analistas

La empresa petroquímica Monómeros
Camilo Sánchez

Colombia agota todas las vías para comprar la estatal venezolana Monómeros. En su primera cita en Caracas, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió hace una semana con el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del Gobierno venezolano para abordar la agenda en materia energética. Allí también se puso sobre la mesa la posible adquisición de la petroquímica con sede en Barranquilla, Monómeros. Se trata de un activo codiciado dentro de los planes de transición verde del Ejecutivo en Bogotá. Sin embargo, persiste un obstáculo a resolver: las sanciones comerciales y financieras de Washington contra Venezuela.

La decisión del Gobierno de Petro, que cuenta con cierto grado de consenso, se viene barajando desde hace más de un año. El ministro Palma incluso reconoció el pasado lunes que ya se ha explorado el “trámite de una licencia” en Estados Unidos para “facilitar la transacción”. Las palabras del jefe de la cartera constatan los reparos frente a una posible sanción por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjero de Estados Unidos (OFAC). De hecho, esa dependencia oficial aún no ha renovado la autorización que permite a la petroquímica operar y realizar transacciones comerciales y financieras con algunos bancos venezolanos bloqueados por Washington.

La Superintendencia de Industria y Comercio ya se ha reunido con representantes de la Casa Blanca para exponer las urgencias de una compañía que se asoma a la quiebra. Los responsables del regulador colombiano han propuesto acelerar la aprobación de dicha licencia. En especial para que el Banco Agrario —que tiene cuentas abiertas con Monómeros— y Ecopetrol —la mayor empresa del país y hasta hoy proveedora de azufre a la estatal venezolana— no se vean afectados. Se sabe que el encuentro tuvo momentos tensos, pero también que la representación estadounidense partió de la mesa de discusión con el compromiso de revisar con atención el asunto.

Se trata de un asunto complejo en un momento tenso para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Trump ha advertido que los países que compren mercancías venezolanas podrían enfrentar un arancel adicional del 25% en sus exportaciones a Washington. ¿Es momento de arriesgar a un negocio bajo esas condiciones? El Gobierno en Bogotá asegura que constituye una opción importante para diversificar el portafolio de Ecopetrol, la petrolera de mayoría estatal que se haría cargo de Monómeros. También destaca su capacidad de producción de hasta el 30% de los fertilizantes que se elaboran en el país. Según el ingeniero de petróleos, Jairo Garavito, sería también una oportunidad para abaratar los precios de los alimentos y de la energía.

No obstante, la situación financiera de la empresa es débil y afronta problemas de liquidez, según los datos de 2024 publicados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la gran duda es cómo se financiará la adquisición y recuperación de una compañía que emplea a 800 personas y atraviesa serias posibilidades de quiebra. ¿La caja del Ejecutivo está en condiciones? Conviene recordar que en 2006, bajo la administración de Álvaro Uribe, el Gobierno colombiano vendió las últimas acciones estatales de Monómeros a Pequiven (Petroquímica de Venezuela). Aquellos eran los días del presidente Hugo Chávez y en Bogotá no se contaba con la compañía como un activo estratégico.

Casi dos décadas más tarde vuelve a estar en el centro del debate. “Si con su adquisición el país puede alcanzar la autosuficiencia en el suministro de petroquímicos, y sobre todo de fertilizantes, creo que se justificaría la compra”, argumenta el ingeniero de petróleos Julio César Vera. Venezuela, por su parte, lleva meses en conversaciones con otros actores para vender la compañía. Una realidad que refuerza la tesis de que el tiempo apremia y la posibilidad de que un inversor extranjero se adelante supondría un golpe a la alicaída industria local.

El Gobierno colombiano ha empuñado el argumento de que la adquisición de Monómeros, fundada en 1967 por una alianza binacional, garantizará precios justos a sectores del agro que ya adquieren sus fertilizantes. Como es el caso de los caficultores, los paperos o los productores de palma de aceite. No en vano, sus abonos llegan al 80% del campesinado local. Por eso, el presidente colombiano se ha opuesto con firmeza a la posible privatización de la empresa. Una posibilidad adelantada desde 2024 por el Ministro de Industria venezolano Alex Saab: “No hay ninguna duda de que esta decisión condenaría al hambre y la pobreza a millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región”, ha advertido Petro.

Otros analistas, sin embargo, guardan cautela. El director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, Milton Fernando Montoya, es uno de ellos. En declaraciones al diario El Tiempo explicó que la idea de proveer a los campesinos con precios inferiores al promedio del mercado solo será posible si se acompaña de una política de subsidios a los fertilizantes. Un factor que choca con los problemas de presupuesto y de desembolso de las ayudas oficiales evidenciados a lo largo de los últimos tres años del Gobierno de izquierdas. Un asunto de estructura y eficiencia burocrática.

De todo lo anterior, Julio César Vera concluye que será fundamental conocer el valor estimado que pagaría Bogotá por la transacción. También manifiesta confianza. A su juicio, la productividad y los beneficios de Monómeros mejorarán en manos de un Gobierno colombiano que privilegia la economía de mercado: “Y no bajo el control de un régimen como el venezolano, que ha priorizado sus intereses políticos y nunca desarrolló una filosofía de buen rendimiento operativo de la empresa”. Ahora todo queda en manos del aval de la Casa Blanca.

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Sobre la firma

Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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