Del silencio asordinado de las marchas a las palabras y la acción política concertadas

El silencio tiene muchos sentidos. Ellos dependen del contexto en donde nazca y se exprese. No es lo mismo el silencio del consentimiento que el del sometimiento. El primero suele estar antecedido por la palabra y la argumentación. El segundo, por el miedo y la violencia. Pero de lo que no hay duda es que el silencio no es suficiente para la convivencia social y menos para la vida política. Para ambas se precisa el concurso de la palabra y la deliberación, sin las cuales no son posibles los acuerdos que transforman creativa y civilizadamente aquellos conflictos que generan violencia y destrucción de la vida política y social.

Por eso hay que ir más allá de las “marchas del silencio” que, en nuestra historia, como la convocada por Gaitán el 7 de marzo de 1948, no fue escuchada por el presidente Mariano Ospina Pérez. Por el contrario, tuvo un desenlace atroz con su asesinato, dos meses y dos días después, el fatídico 9 de abril de 1948. En esa ocasión, Gaitán pronunció en su célebre Oración por la Paz las siguientes palabras, que contienen las claves para salir de la encrucijada política en que nos encontramos: “Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad”.

Petición hoy más vigente que nunca, pues se trata de tramitar constitucionalmente reformas sociales tan vitales como la laboral y de salud. Reformas que en todo Estado social de verdad democrático no deberían suscitar semejante zozobra. Bastaría con cumplir dos artículos de la Constitución Política que todavía están solo escritos. El artículo 1 sobre el Estado Social de Derecho, fundado “en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general” y el 53 sobre el Estatuto de Trabajo, aún sin promulgar, que ordena que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

¿Será que es imposible que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo para cumplir esos dos artículos? Esos artículos contienen el mínimo vital para hacer posibles la paz social y política. Y si ambas ramas del poder público son incapaces de hacerlo, las marchas del silencio seguirán siendo estériles y las violencias de la exclusión social, la criminal con fines políticos y de codicia, junto a los incontenibles estallidos sociales, seguirán repitiéndose periódicamente.

Por eso, es imperioso ir más allá de las significativas, pero estériles, marchas del silencio y avanzar hacia los encuentros con palabras y acciones creativas. De allí la importancia y urgencia de la invitación de la Conferencia Episcopal a un encuentro entre los presidentes del Ejecutivo y Legislativo, Gustavo Petro y Efraín Cepeda, junto a los presidentes de las altas Cortes, para que demuestren que son capaces de cumplir el artículo 113 de la Constitución que señala en su párrafo final: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Y esos fines no son otros que hacer realidad el Estado Social de Derecho y el Estatuto de Trabajo.

Más allá del silencio limitado de las marchas

Más allá de las múltiples interpretaciones y sentidos políticos que se puedan asignar a las multitudinarias marchas del pasado domingo en las principales ciudades del país, no hay la menor duda que expresaron un rechazo contundente a la violencia con fines políticos y una amplia solidaridad con la vida y pronta recuperación del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pero también que esas motivaciones, totalmente legítimas y valiosas, no alcanzaron a tener el sentido político amplio, incluyente y radicalmente democrático para rechazar y condenar la violencia que ha cegado la vida de más de 70 líderes sociales en estos primeros cinco meses del año.

Para expresar la solidaridad con las poblaciones y comunidades que hoy se encuentran confinadas, desplazadas y sometidas a la férula de una violencia despiadada y una codicia sin límites de organizaciones criminales en el Catatumbo, Chocó, Cauca, Guaviare y numerosos municipios en otras regiones del país. Pareciera que la sensibilidad social y la conciencia democrática de esos miles de colombianos y colombianas solo la suscitarán magnicidios como los de Galán, Jaramillo y Pizarro, en el pasado, y hoy el aleve y criminal intento de acallar a Miguel Uribe Turbay.

En tanto se continúe reaccionando contra la violencia política con esos sesgos partidistas, ideológicos y hasta clasistas, no podremos avanzar y mucho menos consolidar una convivencia social y política entre todos. Todavía menos una cultura política democrática, imprescindible para una paz política estable y duradera.

Hacia la deliberación y concertación política y social

Es urgente e imperioso pasar de ese silencio políticamente limitado de las marchas al estímulo y la promoción de una sensibilidad ciudadana que, mediante la deliberación, la concertación y acción política hagan posible el tránsito de la confrontación descalificadora y violenta del contrario a la concertación racional y creativa con ese adversario, para alcanzar así acuerdos satisfactorios que promuevan la vida y dignidad de todos.

Tal es el desafío que tenemos como ciudadanía, pero especialmente el deber de los líderes políticos que dicen representarnos y todavía no están a la altura de sus responsabilidades históricas y constitucionales. Esta semana tienen la oportunidad de superar sus limitadas visiones partidistas, soberbias personales y desvaríos electorales. Lograr una concertación del Ejecutivo y Legislativo en torno a los principios fundamentales del artículo 53 de la Constitución y aprobar una reforma laboral a tono con los mismos es lo mínimo que deben hacer. Y el encuentro promovido por la Conferencia Episcopal es el punto de partida para ello.

Quizá así se logró el milagro político de la aprobación de la reforma laboral, tan urgente y necesaria como la recuperación del sentido y la salud del senador Miguel Uribe Turbay, pues su voz y aportes son imprescindibles para que viva la democracia.

La democracia entendida como esa forma de gobierno donde conviven creativamente posiciones y partidos políticos de derecha, centro e izquierda, sobre el único consenso unánime que ella exige: la exclusión de la violencia política de la vida social y gubernamental mediante la celebración periódica de elecciones libres, legales, plurales y competitivas que permiten contar cabezas en lugar de cortarlas.

Tal es el desafío que debemos superar como ciudadanía, sin dejarnos arrastrar por banderas partidistas hegemónicas que suelen agitar pasiones tan nocivas como el odio y la exclusión social en nombre de fetiches como la “democracia y la estabilidad institucional”, desde la extrema derecha, o la “justicia social y la revolución” desde la extrema izquierda, que nos han impedido convivir dignamente en paz, con equidad, seguridad y libertad, presupuestos existenciales del Estado Social de derecho.

Si cumpliéramos ese artículo 1 de nuestra Constitución y el 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, superaríamos la actual encrucijada política y social. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad de ello y deben demostrarnos que están a la altura política y ética de esos dos artículos son quienes hoy gobiernan.

Noticias esperanzadoras

Según las últimas noticias, todo parece indicar que lo han comprendido, como se puede leer en el comunicado expedido por la Conferencia Episcopal de Colombia y estampar sus firmas para “desarmar y armonizar sus palabras” e invitar “a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; y rechazar todo tipo de violencia, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”.

Por último, la reciente aprobación por parte del Senado de la reforma laboral, incluyendo los puntos más sensibles del gobierno, augura que será posible “armonizarla” con la Cámara de Representantes. Así se lograría que “las luchas políticas transcurran por los cauces de la constitucionalidad”, como lo solicitaba Gaitán al presidente Mariano Ospina Pérez.

Afortunadamente, el presidente Petro en numerosos discursos apela a la memoria de Gaitán para agitar su programa “Colombia, potencia mundial de la vida”. No tiene, pues, otra opción que honrarlo, retirando su polémico decreto de la consulta popular para “mantener viva la esperanza en nuestro país”, ahora en vilo orando por la pronta recuperación del senador Miguel Uribe Turbay.