Presionar a caseros para que entreguen información de sus inquilinos: la nueva estrategia de Trump para rastrear a los migrantes

La Administración de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva estrategia para localizar a los migrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a exigir a propietarios que rentan viviendas información sobre sus inquilinos, como contratos de alquiler y tarjetas de identificación. Así, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abre un nuevo camino para rastrear inmigrantes sin papeles y comenzar los procesos para deportarlos.

Un abogado de bienes raíces de Atlanta, Eric Teusink, compartió con la agencia AP una citación de este tipo que fue recibida por un cliente suyo. En el documento le pedían que entregara los expedientes de sus arrendatarios e información sobre quienes pudieran haber convivido con ellos. Estos expedientes suelen contener datos relevantes, como el estado civil y el historial laboral de estas personas.

La solicitud mostrada por Teusink estaba a nombre de un funcionario de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, un organismo del DHS. Aunque no estaba firmada por un juez, amenazaba al propietario con que un juez lo podía declarar en desacato judicial si se negaba a cooperar.

Al igual que Teusnik, varios abogados de todo el país han denunciado casos similares. Por ejemplo, Jordana Roubicek Greenman, una abogada de bienes raíces radicada en Massachusetts, contó que un funcionario del ICE le pidió información sobre un inquilino a un cliente suyo. El arrendatario recibió un mensaje de voz, al cual Roubicek Greenman le aconsejó que no contestara.

Bill Holston, director ejecutivo del Centro de Defensa contra los Desalojos de Dallas, Texas (DEAC), dijo a EL PAÍS que, si bien los migrantes “ya se sienten intimidados por las acciones desenfrenadas del ICE”, este nuevo esfuerzo por ubicarlos agravará la situación. “Es probable que esto aumente la discriminación ya existente contra los inquilinos por motivos de origen racial y nacional”, explicó. Añadió que “los propietarios, a menudo, buscan razones para no trabajar con ciertas poblaciones, y su anticipación de responder a las citaciones los alentará a discriminar aún más o a agregar tarifas adicionales a sus contratos”.

También recomendó a los arrendadores que reciban documentos de este tipo que consulten con sus representantes legales para determinar si están o no en la obligación de responder. Sobre este asunto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) asegura que no es obligatorio cumplir a menos que un juez lo ordene. “Las órdenes judiciales firmadas por jueces generalmente deben cumplirse”, argumenta al respecto. “Sin embargo, en el caso de las citaciones del ICE, no hay consecuencias por un incumplimiento inicial. Solo si un tribunal le ordena cumplir y posteriormente no lo hace, se le pueden imponer sanciones”.

Según la experiencia de Holston en sus años de trabajo con el DEAC, una organización que ofrece ayuda gratuita a quienes enfrentan un desalojo, muchos caseros violan regularmente sus obligaciones legales con los arrendatarios. “Desafortunadamente, la mayoría no estará dispuesta a asumir ningún riesgo para proteger a quienes les pagan el alquiler y contribuyen a su éxito financiero”, afirmó.

De acuerdo con el abogado, los inquilinos tienen derecho a la privacidad, lo cual incluye su situación migratoria. “Los arrendadores no están en condiciones de evaluar el TPS (Estatus de Protección Temporal), las Visas Especiales de Inmigrante, la libertad condicional ni las diversas relaciones que las personas puedan tener con el sistema de inmigración”, subrayó al respecto. Además, precisó que los arrendatarios tienen derechos civiles que pueden hacer valer en caso de estar expuestos a cualquier acto de discriminación.

“Todas estas acciones buscan crear un clima de miedo y presionar a las personas indocumentadas para que se autodeporten”, afirmó Holston. “Iniciativas como esta seguirán teniendo un impacto devastador en nuestros vecinos inmigrantes y los someterán a un mayor miedo y vulnerabilidad”, agregó. Por otra parte, opinó que Washington “debería hacer lo que debieron haber hecho hace años: crear una reforma migratoria integral para que los inmigrantes trabajadores tengan una vía para obtener un estatus legal”.