Una jueza prohíbe al Gobierno de Trump arrestar a migrantes en California por su color de piel o su acento

Un acento no puede implicar una deportación. Parece pura lógica, pero ha tenido que venir la Justicia a declararlo para intentar así frenar los intentos del presidente Donald Trump de expulsar, de manera indiscriminada, a migrantes de todo el país. Después de las tensiones que han agitado California en las últimas semanas, y en especial en las últimas 48 horas, con dos redadas en granjas de cannabis al norte de Los Ángeles (en Camarillo y Carpinteria) que han dejado un fallecido, una jueza ha emitido un fallo singular. Por él impide al presidente y a su mano ejecutora, ICE —iniciales de las fuerzas de inmigración y fronteras—, detener y expulsar del Estado a personas por su color de piel, el idioma que hablen, el acento que tengan o el lugar en el que vivan o se encuentren.

La cuestión es que California —el Estado más rico y poblado, con 40 millones de habitantes— ha vuelto a convertirse este viernes en el escenario del choque entre los métodos de la Administración de Donald Trump contra los migrantes y los límites que busca imponer el poder judicial. Una jueza del distrito central del Estado, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, ha prohibido al Gobierno de Estados Unidos que realice redadas contra indocumentados que den lugar a detenciones basadas, simplemente, en sospechas. Es decir, las relacionadas con la raza, el color de piel o el idioma. Por ahora, esta regla de la jueza estará en vigor durante 10 días, pero ya hay grupos de presión tratando de ampliarla.

Los grupos en defensa de los migrantes han aplaudido la decisión, y también los principales mandatarios de California, feudo demócrata y antitrumpista por excelencia. “Hoy ha prevalecido la justicia”, ha afirmado el gobernador Gavin Newsom en un comunicado. “La decisión de la corte pone un freno temporal a las violaciones de los derechos de la gente y a la elaboración de perfiles raciales por parte de los oficiales de inmigración”. “California está del lado de la ley, y de la base por la que nuestros padres fundadores construyeron este país. Reclamo a la Administración de Trump que haga lo mismo”, ha clamado el gobernador, uno de los demócratas de más alto perfil de todo el país y blanco constante de Trump. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha afirmado que la decisión de Frimpong representa “los valores y la decencia estadounidense”.

En cambio, el fiscal del distrito central de California, Bill Essayli, ha mostrado su “rotunda” discrepancia con el fallo de la jueza, y ha asegurado que los agentes de inmigración nunca han detenido a personas “sin una justificación legal adecuada”. “Nuestros agentes federales seguirán aplicando la ley y acatando la Constitución de los Estados Unidos”, ha expuesto en un escrito compartido en X.

La cuenta del Departamento de Seguridad Federal se ha unido a las quejas de Essayli, y ha afirmado que la decisión de la magistrada “socava la voluntad del pueblo estadounidense”. “Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están eliminando a asesinos, miembros de pandillas MS-13, pedófilos, violadores, verdaderamente lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado”, ha expuesto.

La decisión de la magistrada Frimpong responde a una demanda realizada el 2 de julio, por la que se acusaba al gobierno de Trump de lanzar “operaciones indiscriminadas contra los migrantes”, por la que las fuerzas de seguridad estaban haciendo batidas en lugares como supermercados, aparcamientos, paradas de autobús, granjas o lavaderos de coches.

Para la jueza, los argumentos que usa el Gobierno federal para detener a los migrantes son “muy generales”, y cree que la Administración no ha acertado a la hora de explicar a los agentes cómo escoger los lugares donde llevan a cabo las redadas; por ejemplo, ha hablado de las paradas de autobús, afirmando que no tienen por qué ser un punto clave para realizar detenciones, más allá del hecho de que quienes están en ellas suelen ser personas de bajos recursos. “Las personas de piel morena son abordadas o apartadas por agentes federales no identificados, de repente y con una demostración de fuerza, y se les hace responder a preguntas sobre quiénes son y de dónde son”, ha explicado en su declaración, de más de 50 páginas, y ha asegurado: “No estoy muy satisfecha”.

Frimpong también ha respondido a la queja de que muchos detenidos, en concreto de una instalación federal de Los Ángeles denominada B-18, no podían tener acceso a sus abogados. Ante esa protesta, el Gobierno echó balones fuera, asegurando que eran “limitaciones del pasado” y que la situación se ha “normalizado” desde finales de junio. Pero la jueza no está de acuerdo, y cree que habrá “probabilidades de que [los demandantes] vuelvan a salir perjudicados en el futuro”. De ahí que haya prohibido a la Administración federal que se restrinja el acceso de los abogados en dicho centro de detención de migrantes en Los Ángeles, la mayor ciudad de California y segunda del país.

Las decisiones de la magistrada suponen un golpe a unas redadas que han causado polémicas desde que Trump regresase al Gobierno, y cuya mayor exposición pudo observarse durante la primera quincena de junio. Entonces, tras una serie de detenciones en un establecimiento de Home Depot, un almacén de productos de hogar, en Paramount, una ciudad californiana, los disturbios fueron creciendo, y durante unos días tomaron el centro de Los Ángeles hasta provocar el toque de queda. La gran marcha en protesta por el cumpleaños de Trump, que lo celebró en Washington con un desfile militar, convocó a miles de personas bajo el lema “No Kings”, sin reyes.

Pero las deportaciones no han reducido su marcha. Durante ese mes de junio, Estados Unidos rompió su récord con 209 vuelos de deportación. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, desde el 6 de junio y hasta principios de esta semana, es decir, en el último mes, se ha detenido a unas 2.800 personas sin documentación. Un análisis del diario Los Angeles Times afirma que siete de cada diez no han tenido nunca una condena penal.

El fallo de la jueza se produce apenas un día después de que una multitud de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) persiguiera a cientos de migrantes en una granja de cannabis en Camarillo, una localidad residencial y de zona de trabajo ubicada al sur de California. En aquella redada, las autoridades estadounidenses detuvieron a unos 200 migrantes, según datos proporcionados por ellos mismos. En la masiva y caótica redada, donde hubo gases lacrimógenos y lanzamientos de piedras y ladrillos, un hombre murió a causa de los daños sufridos al caer desde un invernadero, a nueve metros de altura. El jueves ingresó en el hospital tras romperse el cuello y el cráneo, pero el viernes, tras pasar unas horas con ventilación asistida, finalmente falleció.

La del jueves fue una de las tantas redadas que el Gobierno presidido por Donald Trump, que desde la campaña electoral prometió —junto a J. D. Vance, su actual número dos— llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”. “Podemos empezar con un millón”, repitió en aquellos momentos el vicepresidente. Esa cifra supondría hablar de una parte de los al menos 11 millones de personas indocumentadas que hay en el país, pero se trataría de un número importante en comparación a las 400.000 deportaciones anuales que se realizaban de promedio con el expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2017.

El descontento ha llegado hasta la oposición demócrata, que el pasado martes llegó a presentar un proyecto de ley para pedir que los oficiales de inmigración muestren el nombre y las siglas de la agencia de una manera clara. En esa exigencia, los legisladores Alex Padilla, de California, y Cory Booker, de Nueva Jersey, pedían impedir el uso de pasamontañas o cualquier elemento que cubra el rostro de los agentes.