Obligaciones para los pisos turísticos

Desde el pasado 1 de julio, es obligatoria la inscripción de los pisos turísticos en el nuevo registro único de alquileres de corta duración, promovido por la Comisión Europea. España, el primer país comunitario que lo crea, lo puso en marcha el pasado 2 de enero, pero durante los seis primeros meses estuvo en periodo de prueba. Tanto los pisos que se alquilan a turistas, especialmente a través de plataformas digitales, como los que se arriendan por temporadas para otros usos han de estar dados de alta en dicho registro.

Los datos del Ministerio de Vivienda de los dos primeros meses en que la inscripción resulta preceptiva, bajo amenaza de sanción, muestran que la herramienta está funcionando, en particular si se compara con el primer semestre, cuando el censo era voluntario. Entre julio y agosto se rechazaron más de 34.500 apartamentos vacacionales de los casi 69.000 que intentaron apuntarse. El número de negativas duplica las de todo el primer semestre.

España vive en los últimos tiempos una clara tensión entre su mayor industria —el turismo supone el 13% del PIB nacional— y la carestía de la vivienda. Esa tensión ha llegado a las calles en forma de manifestaciones en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o las principales localidades de las islas Canarias. La masificación de viviendas turísticas se está volviendo insostenible en determinadas zonas. Los últimos datos del INE, de mayo pasado, cifran el número de viviendas turísticas en España en casi 382.000. Aunque la cifra ha descendido con respecto al máximo que marcó en agosto de 2024 —a la espera de los datos de este verano—, nueve de los municipios más demandados batieron su récord de pisos turísticos el pasado mayo.

El crecimiento del modelo Airbnb sobre multitud de plataformas y la proliferación de anuncios ilegales ha agravado el desequilibrio entre una demanda creciente de pisos en alquiler y una oferta que no puede responder en la misma medida. Y ha encarecido el mercado, una realidad que solo hay que salir a la calle para ver y que sufren cientos de miles de personas, en particular jóvenes. Una normativa rigurosa e incluso el veto a las viviendas turísticas en ciertas circunstancias tienen que formar parte de este debate.

El nuevo registro, que la patronal hotelera apoya con claridad, puede ser una herramienta eficaz. Pero ante un problema que cada comunidad y cada ciudad —además de la normativa estatal— afronta de manera diferente, resulta necesaria una estrategia global, que deberá ser asimétrica como lo es la realidad del turismo en los distintos lugares de España. El crecimiento de la industria turística no pude hacerse a costa de la calidad de vida de los ciudadanos y su derecho a la vivienda.