Firmeza contra el abuso digital

La Comisión Europea se apuntó un nuevo tanto el viernes en su larga batalla contra los abusos de mercado de las grandes tecnológicas: multó a Google con 2.950 millones de euros por aprovecharse de su hegemonía en la publicidad digital y le pidió propuestas para remediarlo o tendrá que vender parte de su negocio. La sanción se retrasó porque en el camino se han cruzado el conflicto arancelario y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. Al final, la firmeza del departamento de Competencia se ha impuesto a las vacilaciones de otras áreas del Ejecutivo de la UE. Era necesario que fuese así si se quiere dejar claro en Washington que la soberanía europea y las normas que emanan de ella no se negocian.

El gigante tecnológico estadounidense ostenta el dudoso honor de ser la empresa con las multas más altas en la historia de la UE: 11.200 millones en total. Pero esto no ha podido doblegar su actitud. “Ha habido multas muy cuantiosas que no han llevado a un cambio de comportamiento de estas empresas”, admitió Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, hace unos meses cuando anunció una sanción a Apple y Meta.

No es difícil entender por qué las multas han sido poco resolutivas: la filial de Alphabet ganó unos 85.000 millones de euros en 2024 e ingresó unos 300.000 millones. Frente a estos números, la multa conocida el viernes resulta pequeña, impuesta tras más de cuatro años de investigación, y será recurrida ante los tribunales, que también tardarán varios años antes de pronunciarse de forma definitiva. Por eso, la asociación de editores europeos, denunciantes de este caso, dijeron nada más conocer la sanción que “Google simplemente lo considerará un coste empresarial”.

La poca eficacia de estas altísimas multas en un sector tecnológico dominado por grandísimos conglomerados llevó a la Unión a aprobar los reglamentos de mercados digitales (DMA) y de servicios digitales (DSA). Estas leyes permiten a la Comisión intervenir rápidamente cuando detecta los primeros indicios de abuso de estas compañías sin esperar a largas investigaciones. Y esto es lo que ha provocado la revuelta del grupo de oligarcas que las dirigen. La regulación europea afecta de lleno a un modelo de negocio que lo ha tenido muy fácil para vulnerar las normas perjudicando a los consumidores y a los competidores.

“Esta multa injustificada es solo otro ejemplo de la aplicación desproporcionada de la normativa europea a las empresas estadounidenses”, clamó Google. En realidad, la investigación se inició en 2021, con las anteriores normas de competencia, y el DMA se aprobó en 2023. La ley aplica a todos los gigantes tecnológicos unos criterios objetivos para determinar si son actores dominantes del mercado y les somete, en consecuencia, a obligaciones mayores que a los demás. La nacionalidad estadounidense no es uno de esos criterios. En ese grupo de firmas hegemónicas están la china Bytedance o la holandesa Booking.

Estos argumentos son iguales a los que salen de la Casa Blanca, donde los grandes ejecutivos del sector cenaron con Trump el pasado jueves. Horas después se conoció la sanción a Google, y el mandatario amenazó con más aranceles a la UE. Bruselas tiene que mantenerse firme en este campo frente a las presiones de Washington (o de Pekín). Aunque el pacto arancelario del pasado julio fuera muy desequilibrado, la multa y la posterior reacción de Trump demuestran que no debe haber cesiones en este campo. La soberanía europea para regular sus mercados no se puede negociar.