La huelga judicial y el jurista persa

Entre los constitucionalistas españoles es bien conocida la figura del jurista persa, ideada hace años por Pedro Cruz Villalón: ¿qué respondería este observador desprejuiciado, inteligente, bien informado acerca de nuestra actividad judicial, si se le preguntara por la pertinencia de la huelga convocada por la mayoría de las asociaciones judiciales?

Probablemente, pensaría que este cuerpo capital de funcionarios está muy molesto con la manera de acceder al mismo: lo decisivo son unas pruebas orales que evalúan básicamente el recitado raudo de más de 300 temas consistentes en buena parte en el contenido literal de las leyes. Les enojará que a los esforzados emprendedores de esta descomunal tarea de años no se les vaya a preguntar nada, no vayan a resolver ningún caso práctico, no vayan a escribir ni una sola línea. Que no se les vaya a seleccionar por su capacidad para hacer las cosas que hacen los jueces: para interpretar el derecho, aplicarlo a conflictos reales y explicar fundadamente su decisión por escrito. “Irán a la huelga porque no se advera que los nuevos jueces sean dignos de tan digno cuerpo”, pensará Amir hoy. Hace poco, hubiera pensado también que el descontento huelguístico procede de cierta asimetría social en el acceso a la judicatura. Que lamentan la falta de becas y de centros públicos de preparación para aliviar la barrera que para los candidatos con menos recursos supone tan prolongada oposición.

Los lectores saben bien que no son estas las razones que se invocan para una huelga con cuya pancarta es difícil no estar de acuerdo. “Por la independencia judicial”. Como decía John Rawls, es fácil coincidir en algunos glamurosos conceptos, pero difícil pactar sus consecuencias prácticas. No desde luego la relativa a “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía”. Aquí tiene razón el lamento por las intromisiones declarativas. No es bueno para la división de poderes propia de un Estado de derecho que los miembros del Ejecutivo anden criticando agriamente las resoluciones judiciales —como no lo es, por cierto, que los jueces critiquen las decisiones legislativas fuera del cauce que ofrece su cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional—. Qué añoranza del latiguillo “no comento la sentencia, la acato”. Y tampoco es nada bueno que el Gobierno trate al fiscal general como uno de los suyos, y que de hecho lo haya sido en algún caso. Creo que aquí el pecado original está en la Constitución, en su designación por el Gobierno y no por el Parlamento o por el Consejo General del Poder Judicial, y que no costaría tanto expiarlo.

¿Y qué más daña la independencia judicial como para hacer nada menos que una huelga de jueces? En primer lugar, se “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Aquí nuestro conspicuo jurista persa dudará de su castellano respecto al sustantivo “excelencia” y al adjetivo “subjetivas”. ¿Excelente un sistema que para seleccionar a sabios aplicadores del derecho y expresivos redactores de sus decisiones no les pide resolver un caso ni traer un bolígrafo al examen? ¿Más subjetiva la propuesta de realizar un dictamen por escrito, que es lo que propone adicionalmente el proyecto de ley, que un examen oral que no se graba, que se lo lleva el viento y que como en La Voz se resuelve día a día y no tras la exposición de todos los candidatos? ¿Son inadecuados en cuanto filtrables el MIR, la Selectividad o la mayoría de los exámenes universitarios?

Si el hilo de lo anterior con la independencia judicial es endeble, se rompe con las críticas de los huelguistas al sistema de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Probablemente tengan razón en que se les va a exigir poco —cinco años de experiencia y la realización de un dictamen—, pero eso es bastante más para descubrir el talento judicial que lo que exige el “excelente” sistema general de acceso. Sea como fuere, lo que no se percibe es qué tiene que ver esta disputa de no difícil negociación con el leitmotiv del paro a la vista de que estos sustitutos fueron elegidos por órganos de gobierno judicial.

Está por fin como razón para la huelga la creación de “un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno”. Y aquí se sorprende de nuevo nuestro amigo persa. ¿Acaso va a seleccionar el que se limita a preparar? Y, vale, ese centro debería depender del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿no deberíamos alegrarnos de la viga de su existencia frente a la paja de su defectuosa adscripción?

Tenemos buenos jueces a pesar del sistema de acceso a la judicatura, lo que habla muy bien de su vocación y de su afán de formación permanente. Y tienen razón en algunas de sus quejas respecto a un proyecto de ley perfectible, empezando por su urgencia, pero que en todo caso mejora sustancialmente el modelo de selección de quienes han de impartir justicia. Por eso, creo que no hay fiebre, que el huelgómetro no termina de pitar. Sobre todo si quienes paran son integrantes de un poder del Estado.