Godoy apresura las investigaciones sobre la corrupción del pasado y contra opositores

Nada más asumir las riendas de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy ha desatascado y dado celeridad a un cúmulo de expedientes por actos de corrupción cometidos en sexenios anteriores a Morena. Esos asuntos, que de alguna manera estuvieron en pausa durante la gestión del exfiscal Alejandro Gertz, tienen algo en común: involucran a personajes situados en el lado de la oposición al oficialismo. Entre ellos, se encuentran exmandatarios del PRI y del PAN señalados de causar enormes desfalcos financieros en los Estados que gobernaron, así como el abogado fiscalista que creó una enorme red de compañías factureras para lavar dinero y evadir impuestos. Pero la Fiscalía también ha incluido en esa bolsa a María Amparo Casar, una analista muy crítica del Gobierno, acusada de haber cobrado indebidamente una pensión tras la muerte de su esposo, que trabajaba para Pemex. Estos primeros avances de la Fiscalía en la era Godoy, que marcan las prioridades del Gobierno de Claudia Sheinbaum, no llevan el mismo ritmo en otros casos emblemáticos de presunta corrupción que involucran a funcionarios y políticos de Morena.

El relevo en la Fiscalía ha sido una decisión de la presidenta Sheinbaum y requirió de toda la ayuda del Legislativo, donde el oficialismo controla la mayoría calificada en las dos Cámaras. Gertz fue designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y tenía aún por delante varios años al frente de la FGR. La colaboración entre el exfiscal y el Gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad y justicia avanzó, pero hubo tropiezos. La presidenta aceleró el cambio argumentando que debe haber mayor sintonía entre la Fiscalía y el Ejecutivo. El nombramiento de Godoy, una funcionaria indiscutiblemente cercana a Sheinbaum, no ha dejado dudas de que habrá coordinación absoluta, por no decir homologación. Una preocupación de analistas y activistas es que este movimiento signifique un retorno de facto a la época en que el fiscal estaba subordinado al presidente en turno y la procuración de justicia se guiaba por criterios políticos.

Así lo ha advertido la oposición, al ver los primeros pasos de la nueva fiscal. El primer golpe de Godoy sobre la mesa fue la captura, el pasado lunes, del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte, al que la FGR acusa de blanqueo de recursos provenientes del erario estatal durante su Administración (2010-2016). El caso se relaciona con el desvío de 96 millones de pesos destinados originalmente al sector ganadero que se depositaron a las cuentas de dos compañías donde el entonces gobernador era accionista y presidente del consejo de administración. Otro exmandatario del PRI, esta vez Javier Duarte, de Veracruz, ha visto complicada su salida de prisión, donde cumple una sentencia de nueve años por blanqueo de recursos y asociación delictuosa. Con apenas unos meses de distancia para quedar en libertad, la FGR ha presentado ante los juzgados una nueva acusación en su contra por un desvío de 10 millones de pesos en su mandato (2010-2016). Se trata de la primera de una serie de nuevas acusaciones por corrupción contra el político priista, según ha podido conocer este periódico.

El oficialismo también aprovechó el cambio de manos en la Fiscalía para volver a activar la maquinaria contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, del PAN, al que desde hace años ha querido procesar penalmente, sin éxito. Largamente señalado por presuntos nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, blanqueo y evasión fiscal, el político huyó a Estados Unidos, denunciando ser objeto de persecución política. A la llegada de Godoy a la FGR, Morena acudió a denunciar nuevamente a Cabeza de Vaca, ahora por los delitos de extorsión y robo de hidrocarburos, buscando así abrir otra ruta hacia el exgobernador, considerando que los asuntos previos están entrampados en los tribunales.

La mayoría de esos expedientes comenzaron a elaborarse en la gestión de Gertz, pero han recibido un impulso claro con la llegada de Godoy. Otro ejemplo es el del exmandatario de Nayarit Ney González (2005-2011), del PRI, acusado de blanqueo y de un enorme despojo de tierras de propiedad estatal, ante la expectativa de que el Gobierno mexicano presione por su extradición. La Administración de Sheinbaum también ha subrayado que, a través de la fiscal Godoy, insistirá en que EE UU entregue a México al abogado Víctor Álvarez Puga, arquitecto del fraude de las compañías factureras, que posibilita desvíos de recursos, el blanqueo y la evasión fiscal a escalas monumentales. Álvarez Puga tejió una red de complicidades con altos funcionarios de todos los partidos, incluido Morena, por lo que su caso representa una bomba política de tiempo.

El espectro de enemigos dibujado por el oficialismo es amplio y también incluye a críticos, científicos y activistas. Desde esa perspectiva, no sorprende que otro caso empujado por la nueva Fiscalía sea el que atañe a la socióloga y politóloga María Amparo Casar, directora de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Crítica de la pérdida de contrapesos democráticos y la concentración del poder en la era de Morena, Casar fue acusada por, supuestamente, beneficiarse indebidamente de dinero público, tras haber recibido durante años la pensión de su fallecido esposo, que trabajaba en la paraestatal petrolera, Pemex. El pleito con Casar comenzó desde el sexenio de López Obrador, que tuvo una abierta confrontación con MCCI, tras la publicación de reportajes sobre actos de corrupción en su Administración, algunos directamente relacionados con la familia del entonces presidente. La Fiscalía informó el sábado que la investigación contra la analista se inició en septiembre pasado, antes de que Alejandro Gertz abandonara su cargo. El caso, sin embargo, se ha hecho público este viernes, en lo que ya es la era Godoy.

La oposición y los críticos del oficialismo observan que otros expedientes irresueltos no reciben la misma atención prioritaria de la Fiscalía, caso del enorme boquete financiero en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) registrado en el mandato de López Obrador; los alcances de la trama del huachicol fiscal en el entorno del exsecretario de Marina Rafael Ojeda —cercano al expresidente—; o la vinculación con el narco de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco en el Gobierno de Adán Augusto López, hoy senador.