‘El retrato de un fraude’, adelanto del libro sobre el ‘caso Segalmex’ de Zedryk Raziel y Georgina Zerega

EL PAÍS adelanta un capítulo de Licencia para robar. Segalmex: el hoyo negro que devoró a la 4T, el libro de los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega —reporteros de EL PAÍS y Al Jazeera, respectivamente— sobre el saqueo a Segalmex. La trama dentro de la compañía paraestatal que buscaba beneficiar a los más necesitados fue el mayor caso de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La Auditoria Superior de la Federación llegó a cifrar el desfalco en más de 15.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares). La exhaustiva investigación está documentada en la revisión de cientos de denuncias, carpetas de investigación, auditorías, contratos e informes internos y decenas de voces de los protagonistas.

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El retrato de un fraude

La sonrisa era por momentos la gran protagonista de su rostro. López Obrador estaba exultante. Era 16 de agosto de 2018 y aún no tomaba posesión, pero estaba por presentar como presidente electo uno de sus proyectos estrella para los próximos seis años. Iba a anunciar la creación de un organismo pensado para atender a aquellos que le habían llevado al poder, los más pobres, y a presentar a los funcionarios que se ocuparían del encargo. El anuncio lo hizo parado sobre la escalera de una oficina que sirvió como sede de la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) y el suyo. Lo acompañaban varios de los elegidos para llevar a cabo la tarea. El principal de ellos, Ignacio Ovalle, que, décadas atrás, fue una figura central en los primeros años de formación política de AMLO. “Con este equipo vamos a rescatar al campo. Y a rescatar a los pobladores del campo. Lo puedo decir en una frase: que coman los que nos dan de comer”, dijo entusiasmado López Obrador. Con los brazos cruzados, Ovalle sonreía sin reparos en el escalón de atrás. Después de varios años sin un puesto en la administración pública y una economía personal en problemas, la época de vacas flacas había acabado para el padrino político de AMLO. El presidente electo pronunció su nombre, le hizo dar un paso al frente y le palmeó la espalda visiblemente feliz. Todos destilaban orgullo. Los fotógrafos presentes en la sala retrataron la postal, que permanece hoy en los medios de comunicación como memoria del saqueo más grande que se le haya conocido al sexenio obradorista.

Tal y como lo había anticipado en la transición, López Obrador creó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el 18 de enero de 2019, unos días después de entrar en Palacio Nacional. El objetivo era abastecer de alimentos de calidad a bajo precio a los sectores más rezagados del país. Para eso propuso crear un ente que englobara a Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa) y Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), que hasta ese momento habían operado de manera separada: la primera, en la gestión de las tiendas rurales y la compra de granos; la segunda, fundamentalmente, dedicada al negocio de la leche. El nuevo organismo, descentralizado, estaba sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde el presidente había nombrado como titular a Víctor Villalobos Arámbula, un ingeniero agrónomo que venía de dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al frente de Segalmex puso a Ovalle. Liconsa y Diconsa también quedaron bajo el paraguas de la Sader, tras haber estado sectorizadas por varios años en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esta transición retrata el cambio de paradigma de AMLO: la seguridad alimentaria no se tenía que abordar desde el enfoque de la desigualdad, sino desde el de la soberanía.

La nueva agencia estaba diseñada para comprar a los productores locales a precios justos y distribuir los productos en las históricas tiendas de Diconsa, que para ese entonces superaban las 20.000 y estaban dispersas en todo el país. La responsabilidad principal de Segalmex era el abasto a los sectores con menos ingresos, pero también tenía el objetivo de vender fertilizantes, semillas y cualquier producto que contribuyera a la productividad del campo mexicano. Una especie de Conasupo, el gran intento de los años sesenta por regular el mercado y lograr la autosuficiencia alimentaria. Pero sería un organismo renovado. El nombre de Segalmex evocaba al del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), una política implementada por el presidente José López Portillo en 1980 para impulsar la autosuficiencia nacional de maíz y frijol. López Obrador eligió a Ovalle no solo porque tenían una gran amistad, sino que les unía la experiencia que ganaron trabajando juntos en una política similar a finales de los setenta y principios de los ochenta. Lo explicó el propio AMLO en una conferencia el 29 de enero de 2019, a 10 días de crear el organismo:

“Hace cerca de 40 años, surgió el programa de los almacenes de Diconsa. Yo en ese entonces era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y me tocó a mí iniciar en mi estado natal el programa de los almacenes, los consejos comunitarios, la creación de las tiendas. Fíjense lo que son las cosas, en ese entonces el director del Instituto Nacional Indigenista [INI], y de Coplamar [Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados] era Ignacio Ovalle, era mi jefe. Ahora, pasado el tiempo, que llego a ser presidente de la República, lo busco y le digo: “Vamos a hacer lo mismo, pero mejor”.

Pasaron apenas unos meses desde aquella conferencia y comenzaron a salir a la luz en la prensa las irregularidades que se daban en las cuentas del organismo. Nada generó mucha preocupación en ese momento, hasta que llegó la revisión de la cuenta pública de 2019 hecha por la Auditoría Superior de la Federación. En su primer año de operación, Segalmex registró posibles daños a la hacienda pública por unos 3.300 millones de pesos. Las irregularidades encontradas abarcaban muchas operaciones y productos, desde la compra de leche, envases de plástico, tarimas y costales, hasta la adquisición de maíz y frijol. El control que se hizo de las cuentas en los siguientes años elevó la suma de dinero cuyo destino final se desconocía hasta superar los 15.000 millones de pesos. Una cifra que en realidad no acaba de ser útil a la hora de entender la complejidad o el tamaño del desfalco, porque los faltantes de dinero que encuentra la Auditoría pueden ser posteriormente justificados por el organismo. Aunque sí ayuda a comprender el descontrol que reinó en las cuentas internas durante los seis años del gobierno de López Obrador.

La Auditoría presentó al menos 18 denuncias penales ante la Fiscalía contra exfuncionarios y empresarios por los malos manejos de los fondos públicos. La FGR llegó a decir, en junio de 2023, que investigaba un centenar de denuncias que había recibido contra la paraestatal, por las cuales había abierto 32 carpetas de investigación. En un informe interno, el órgano contralor dejó registro de que las denuncias aludían a un quebranto de 2.577 millones, solo entre 2019 y 2020. La ASF lo escaló ante las autoridades después de que Segalmex se mostrara incapaz de probar que las salidas de ese dinero habían sido lícitas. Se desconoce aún cuál será el saldo final del desfalco, aunque el presidente lo cifró en 2.700 millones semanas antes de salir del cargo. Un hoyo en las finanzas públicas que pasará a la historia como la mancha más grande que tuvo el gobierno de López Obrador.

Un director intocable

Ignacio Ovalle llevaba dos décadas fuera de la administración pública cuando López Obrador lo invitó a ser parte de su gobierno. Al enterarse de que estaría al frente del organismo encargado de la seguridad alimentaria, levantó el teléfono y habló con sus amigos más cercanos. Les llamaba para convocarlos al proyecto, como funcionarios o como potenciales proveedores. Les pidió que se prepararan para hacer negocios. Tenía años de favores por devolver, sobre todo a algunos personajes que le habían ayudado mucho económicamente en las épocas más difíciles.

Quienes estuvieron ahí dentro admiten que el saqueo comenzó muy pronto, a los pocos días de llegar a la administración pública. Mucho antes de que el millonario desfalco se ventilara en los medios, las irregularidades de Segalmex llegaron a oídos del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. Algunas fuentes vinculadas al caso ven en Salcedo una de las pocas figuras que buscó realmente detener el desvío de dinero, o al menos mostró preocupación por lo que sucedía.

Manuel Lozano Jiménez es una de esas fuentes. El antiguo director de Comercialización de Diconsa habla por primera vez desde que fue detenido en Argentina en junio de 2023 por delincuencia organizada. Lo hace en exclusiva con los autores de este libro desde su casa familiar en Buenos Aires, donde pasa los días en prisión domiciliaria. Lozano fue señalado por múltiples voces, incluida la Fiscalía, como una parte fundamental del esquema de corrupción que operó en Segalmex, junto a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas, y a quien varias fuentes describen como el arquitecto del esquema defraudatorio. Lozano se defiende, asegura que nunca robó nada ni recibió ningún soborno. Sí apunta contra su exjefe y gran amigo de la infancia, Ovalle, a quien dice que reportó todas las irregularidades que vio.

Lozano recuerda que, a principios del sexenio, Salcedo envió a un equipo a auditar algunas de las compras irregulares. Pero los auditores actuaron “muy tibiamente”, dice el exfuncionario. “Las auditorías que hacían, las hacían muy lentas, no profundizaron”. Podrían haber evitado gran parte del fraude que siguió a aquellos primeros meses, reconoce Lozano. “[Salcedo] pudo haber metido el acelerador y haber tenido una actividad más intensa, y no lo hizo”, señala. No fue hasta que el desfalco llegó a los medios de comunicación a través de la ASF que Salcedo y el gobierno federal tomaron una actitud más proactiva, agrega.

Pese a los movimientos de Salcedo, Ovalle se mostró confiado en que nada iba a sucederle. Como se contará más adelante, varias fuentes han descrito que la actitud del entonces director respondía a una sensación de protección. Puertas adentro, todos sabían que el jefe de Segalmex era un protegido del presidente. Eso le llevó a mostrarse como un intocable. Lozano recuerda múltiples reuniones privadas en las que Ovalle sacaba a relucir la confianza que le tenía López Obrador. Y también recuerda las veces que el presidente elogió a su padrino político en público. Cuando todo estalló, AMLO salió a defender a Ovalle, dijo que era buena gente y que había sido engañado por priistas mañosos. En menos de diez palabras, el mandatario liberó así a su padrino político de la carga de tener que responder ante la justicia. No despejó, sin embargo, las múltiples dudas de la opinión pública. ¿Era posible que ocurriera el mayor desfalco del sexenio en Segalmex sin que el director general lo supiera?

A lo largo de esta investigación, las fuentes cuentan con detalle que Ovalle no solo tenía conocimiento de todo, sino que era uno de los mayores beneficiarios del esquema de corrupción que montaron en la paraestatal. Según el relato de los entrevistados, los sobornos a Ovalle eran constantes y venían por lo menos de dos personajes fundamentales: René Gavira, un político que había llegado al cargo gracias a la larga amistad que tenía su familia con el director general, y Fernando Zurita, un empresario muy cercano a Ovalle.

Lozano resume en una sola palabra lo sucedido cuando vino la crisis: traición. Dice que su amigo de toda la vida no hizo más que intentar salvarse a sí mismo. Todos los personajes cercanos a Ovalle acabaron en prisión, menos él. El padrino político del presidente no pisó la cárcel en ningún momento, pero sí lo hicieron aquellos que le aceptaron la invitación a ser parte de Segalmex antes de que iniciara el sexenio. A la fecha de publicación de este libro, Lozano cumplía más de dos años encerrado en una humilde vivienda en Argentina, donde fue capturado por la Interpol. Mientras que Gavira había cumplido más de un año en el Reclusorio Norte de la capital mexicana. Encerrado en el dormitorio 2, ha convivido con otros criminales de cuello blanco de alto perfil. Ha sido vecino de celda de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Peña Nieto, e implicado en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. También ha compartido espacio con el panista Christian von Roehrich, acusado de beneficiarse de hechos de corrupción del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. El priista Javier Duarte, exgobernador de Veracruz sentenciado por blanqueo de dinero y delincuencia organizada, también estaba avecindado en el dormitorio 2; lo mismo que Fidel Kuri, empresario y político priista, expropietario del club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz. Durante su estancia, Gavira trabó una relación de amistad con Lozoya, que salió del reclusorio en febrero de 2024 para continuar con su proceso en prisión domiciliaria. La confianza entre ambos era tal que a veces la esposa de Gavira llevaba a la prisión suplementos para compartirlos con el exdirector de Pemex, que, alejado de sus propios familiares, no tuvo reparo en mostrarle su gratitud.

Gavira negoció con los fiscales de la FGR su ingreso al Reclusorio Norte a cambio de entregarse. Esa prisión es, de algún modo, un lugar más amable. No corrió con la misma suerte el grupo mayoritario de los imputados en el caso Segalmex, que fue recluido en el abominable Penal del Altiplano, antes conocido como Almoloya, en el Estado de México. Allí fue encarcelado, por ejemplo, Fernando Zurita. Uno de los detenidos en ese penal de máxima seguridad contaba, tras ser liberado, que los encarcelados por el escándalo de Segalmex en Almoloya se dividían en dos grupos separados en áreas distintas. Por un lado, estaban aquellos que habían sido funcionarios de la paraestatal y, por el otro, los actores externos al organismo, como los empresarios acusados de ser parte del enorme desfalco. En este último grupo estaba Zurita, que compartía sección con peligrosos criminales como José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, que fue posteriormente extraditado a Estados Unidos; o el famoso secuestrador Andrés Caletri, El Italiano.

Zurita en otra época había sido cercano a Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y aliado de López Obrador. Aunque el empresario se distanció de Ebrard a causa de una pelea, pasó semanas diciendo en los pasillos del penal que él no iba a pasar mucho tiempo allí porque el secretario de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum lo iba a rescatar, según cuenta un antiguo colaborador del empresario. Zurita permanece en el Altiplano desde su captura, en marzo de 2023, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. A pesar del encierro, en el que posteriormente lo acompañó su hijo, quien también fue detenido por la misma causa, hasta la publicación de este libro no había intentado declarar en contra de Ovalle a cambio de beneficios. Su lealtad ha demostrado ser a prueba de todo, pero tampoco fue correspondida por el exdirector de la paraestatal.

Operación Limpieza

Cuando el escándalo de Segalmex se volvió inmanejable para el gobierno, López Obrador decidió remover a Ignacio Ovalle de la dirección. Sin embargo, el millonario boquete en el organismo no fue motivo suficiente para expulsar al padrino político de la administración pública. Ovalle fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), un ente de poca relevancia adscrito a la Secretaría de Gobernación. Su lugar en la dirección de Segalmex lo ocupó Leonel Cota Montaño, un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública que había sido gobernador de Baja California Sur entre 1999 y 2005. El anuncio fue discreto, apenas un comunicado oficial que informaba de “nuevos nombramientos”. La imagen que acompañaba al escueto escrito intentaba disimular las condiciones en las que realmente se daba ese cambio de dirección. Ovalle, como si nada pasara, se muestra sonriente en la fotografía. Junto a él posan con más seriedad el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Cota Montaño.

Un funcionario que forma parte del círculo cercano de Cota, que no quiere dar su nombre, recuerda el primer día de trabajo del nuevo equipo en Segalmex. Era abril de 2022, y habían llegado a las antiguas oficinas de Diconsa, junto a la Villa Olímpica, en Insurgentes Sur en la Ciudad de México. Allí los esperaban funcionarios de la FGR para darles indicaciones. Las tensiones internas a causa del desfalco estaban al alza; la instrucción del presidente era limpiar al organismo de corrupción.

Los agentes de la FGR estaban allí para transmitirle un mensaje a Cota: tenía seis meses para buscar todos los posibles fraudes y desvíos de dinero cometidos en los primeros tres años y medio de existencia de Segalmex, y eso incluía los negocios tanto de Diconsa como de Liconsa. Debían compilar la información y entregarla a los ministerios públicos. Si encontraban algún posible delito, tenían que denunciarlo, les dijeron. “Todo lo que no denuncien en estos seis meses podría caer sobre sus espaldas”, les advirtieron.

La misión era más complicada de lo que sonaba. Había que revisar cientos de contratos, algunos que habían concluido y otros que aún estaban en marcha. El colaborador de Cota explica la gran dificultad del encargo: lo que en cualquier otro lugar podía ser considerado un simple error administrativo, en Diconsa o Liconsa podía acabar siendo un daño patrimonial millonario. Si decidían paralizar o cancelar un contrato que estaba en marcha porque sospechaban que formaba parte de un esquema fraudulento, o incluso si decidían no hacerlo, y se equivocaban, aquello podía traducirse en una pérdida innecesaria de mucho dinero. Y, quizá lo peor para ellos, podía tener consecuencias judiciales.

En octubre de ese año, cuando se había cumplido el plazo que dio la FGR, Cota salió a dar declaraciones sobre el estado en el que encontraron las cuentas de Segalmex. El titular del organismo informó, en ese momento, que la paraestatal había realizado 32 denuncias por supuestos desvíos. “Estamos muy claros de que la corrupción debe castigarse, en el compromiso puntual de dar transparencia a los actos y de castigar a responsables”, dijo aquel día. Seis meses después de ese mensaje, comenzaron las detenciones contra una veintena de exfuncionarios y empresarios. La Fiscalía nunca mencionó una palabra sobre el rol que tuvo Ovalle en el desfalco. Aunque la hipótesis de la FGR era que dentro de Segalmex había operado un grupo de delincuencia organizada, al esquema que trazaron siempre le faltó una cabeza. Las detenciones alcanzaron a funcionarios medianos y a trabajadores que se encontraban en la parte inferior de la estructura interna, como jefes de almacenes o burócratas de las filiales de Diconsa en los Estados.

Pasado el ruido de las masivas detenciones, todo parecía volver a acomodarse en Segalmex. Hasta el final del sexenio de López Obrador, no habían saltado denuncias que apuntaran contra la gestión de Cota. Ya iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum comenzaron a salir a la luz algunos señalamientos, aunque las acusaciones solo se hicieron de manera interna. Ni el gobierno de López Obrador, ni el de su sucesora, hicieron pública ninguna irregularidad posterior a la gestión de Ovalle. Esta investigación, sin embargo, contará más adelante cómo se gestó un nuevo desfalco en la era de Cota, que acaba con la idea de que el millonario fraude solo había sido un error de los tres años previos. Las auditorías y la información publicada aquí muestran que la corrupción en Segalmex no se dio en un periodo aislado, como sostenía AMLO, sino que se extendió también a la segunda mitad de su sexenio, hasta envolverlo por completo. A pesar de las alertas internas, Sheinbaum eligió a Cota como su subsecretario de Agricultura.