Sheinbaum y Morena llevan al Supremo los intentos en los Estados por torcer el veto al nepotismo ante las elecciones de 2027

Las elecciones intermedias de 2027, el termómetro de las presidenciales de 2030, han activado prematuramente el movimiento de fichas. Los interesados en participar han comenzado a allanarse el camino para llegar sin obstáculos al proceso electoral que arrancará el último trimestre de 2026 y las primeras alertas de lo que será la contienda se han comenzado a dibujar. Las enmiendas legales en los Estados para garantizar la llegada de mujeres a la gubernatura de San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo y Michoacán han encendido las alarmas. La ley esposa la han titulado. Un caramelo envenenado bajo la bandera de la paridad de género. La polémica ha llegado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que una vez más ha pegado en la mesa para apagar las pulsiones que tientan a su partido y a la oposición para torcer la ley.

La mandataria ha sugerido revisar la constitucionalidad de los cambios, una insinuación que ha sido atendida de inmediato por la dirigencia de Morena que encabeza Luisa María Alcalde. La presidenta del partido alista la presentación de una acción de inconstitucionalidad que tire de golpe las reformas en todos los estados y deje jurisprudencia para futuros intentos.

El Congreso de San Luis Potosí aprobó el fin de semana pasado, a toda prisa y sin discusión, con los votos del PVEM y del PT, aliados de Morena [el partido más poderoso de México], también con el respaldo del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC), y la oposición de los morenistas, la reforma que impone candidaturas femeninas para la gubernatura de 2027. La enmienda ha puesto los reflectores en el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo [emanado del Partido Verde], y su pretensión de facilitar la ruta para que su esposa, la senadora del Verde, Ruth González Silva, obtenga la candidatura y eventualmente lo suceda en el cargo en la próxima elección.

Esto revive el debate sobre el nepotismo, una práctica que ha sido prohibida en la ley a propuesta de Sheinbaum, férrea opositora de la herencia de cargos entre parientes próximos. En la discusión de la enmienda, el Partido Verde condicionó su voto a que la medida fuera efectiva a partir de 2030, no en 2027 como propuso la presidenta. Morena cedió, pero bajo presión presidencial. La mandataria empujó para que en Morena y sus aliados la cláusula de nepotismo sea aplicable desde las intermedias por venir y no hasta las presidenciales.

En Nuevo León, se ha replicado la fórmula. El gobernador del Estado, Samuel García, impulsa una reforma de ley para que la gubernatura en la entidad para 2027 sea exclusivamente para una mujer. La propuesta apunta en línea directa a Mariana Rodríguez, esposa del mandatario estatal, quien buscó la alcaldía de Monterrey, capital del Estado, en las elecciones de 2024. Las enmiendas, ha acusado la oposición, tienen doble propósito. Garantizar que las cónyuges de los mandatarios los sucedan en sus Gobiernos y eliminar de la contienda a los candidatos de la oposición considerados competitivos para pelear las gubernaturas. “Están buscando imponer a una candidata para que sea la próxima gobernadora; esto le falta al respeto al ciudadano. Lo dicen las leyes electorales: no se puede imponer un gobernante”, ha dicho el priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y la carta más fuerte que tienen PRI y PAN para ganar la gubernatura en el Estado norteño, una plaza clave para 2027.

En otras entidades, los intentos por imponer reformas en el mismo sentido han pasado sin tanta estridencia, sin el foco mediático, con bajo perfil. En el caso de Hidalgo, el Estado gobernado por Morena a través de Julio Menchaca también se ha sembrado la polémica. La diputada local morenista Hilda Miranda ha presentado una iniciativa con términos idénticos. Se obliga a los partidos a postular únicamente mujeres para la elección a la gubernatura, en este caso para la elección de 2028. El nombre de Edda Vite Ramos, esposa de Menchaca, y su posible intención de buscar suceder a su esposo en el poder, se ha asomado en la conversación política. Mientras, la propuesta es aupada por la dirigencia de Morena en el Estado. “Tiene que ver con un tema reivindicatorio, obligar la alternancia”, ha dicho Marco Antonio Rico, dirigente estatal del partido gobernante.

Sheinbaum ha atajado el asunto que agrieta el interior del movimiento y los principios morales que abandera, dado que esas reformas, en los hechos, desatienden su instrucción de erradicar el nepotismo. Ha salido a poner orden y ha instruido a su equipo jurídico a revisar la constitucionalidad de la Ley Esposa aprobada en el Congreso de San Luis Potosí, un Estado en la lista de Gobiernos de Morena y uno de los dos conquistados por el Partido Verde. “No es claro que sea necesariamente para ayudar a las mujeres, lo pongo a debate; incluso le pedí al ministro Arturo Zaldívar que revise si está en la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí y ya lo traen en otros Estados”, ha lanzado este jueves en su conferencia matutina.

La dirigencia de Morena no ha tardado en atender la indicación. Alcalde llevará al Supremo mexicano la iniciativa. La próxima semana presentará un recurso de inconstitucionalidad en materia electoral para frenar los intentos de sus propios gobiernos de violar la Constitución. El partido cuida el punto fino para la presentación de la impugnación sin tocar a sus aliados. La ruta jurídica ha de encaminarse hacia un acuerdo anterior en Jalisco, un Estado gobernado por MC. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó recientemente lineamientos de paridad sustantiva que obligan a los partidos a postular exclusivamente mujeres en municipios con mayor población para el proceso electoral de 2027. De esta manera, el golpe llegará de rebote a Gallardo en San Luis Potosí. “Consideramos que no son constitucionales; en la Constitución están los mecanismos que garantizan la paridad y la promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos de elección”, ha dicho este jueves.

Michoacán también entra en la lista. En la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, la reforma legal tiene una dedicatoria distinta, refieren morenistas del Estado. En este caso, el problema son las diferencias irreconciliables entre el gobernador y el senador Raúl Morón, quien se perfila para pelear la candidatura al Gobierno del Estado. Con la obligatoriedad de paridad, Bedolla sacaría de la jugada electoral a su correligionario y adversario político. Así, el juego de fichas por las candidaturas fuera y dentro de los partidos políticos, principalmente en Morena, se ha comenzado a redondear. Las reglas que se han impuesto desde el partido oficialista no parecen dar garantías que eviten que sus militantes busquen resquicios en la ley para continuar con la herencia de cargos, una práctica común en todas las fuerzas políticas.