Autopsia de un lastimoso boletín

El 22 de febrero marca un antes y un después para Claudia Sheinbaum en su combate al crimen organizado. La muerte ese día de un violento capo es éxito gubernamental que al correr de las semanas no puede ser opacado por declaraciones desconcertantes, como las de la Fiscalía.

A un mes de ocurrida, a la historia de la caída de Nemesio Mencho Oseguera le faltan piezas. Los militares, autores de la operación, no se caracterizan por su apertura. A pesar de ello, algo han informado. En cambio, quien debería clarificar dudas, parece afanada en generar más.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el lunes un comunicado con respecto a la acción de la Secretaría de la Defensa en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El boletín aumenta las lagunas con respecto a la planeación y ejecución del operativo.

Es preciso reproducir algunos párrafos del boletín para subrayar que las supuestas “precisiones” pretendidas por la FGR se quedan muy cortas. Por el contrario, abonan a la especulación sobre la diligencia de la actuación del ministerio público durante y después del operativo.

Van los párrafos esenciales del boletín liberado el lunes 16 de marzo:

“Durante el desarrollo del operativo se registraron enfrentamientos armados, derivado de la resistencia que opusieron el propio detenido y diversos integrantes de la organización criminal, registrándose dicho enfrentamiento en una zona en campo abierto, despoblada y alejada del sitio de referencia.

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles.

“Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena.

“En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

“Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Resulta evidente que lo que le urgía a la Fiscalía es desmarcarse de la responsabilidad de responder sobre las llamadas “narconóminas del Mencho”, conjunto de documentos sobre supuestos pagos a criminales y autoridades publicados por la prensa en los días pasados.

En su fuga hacia adelante, la FGR sin querer confiesa que mientras la prensa pudo acceder al sitio de los hechos un día después, a hacer el trabajo reporteril elemental, así sea a riesgo propio, el ministerio público federal fue incapaz de presentarse en similar temporalidad.

Párrafo a párrafo, el comunicado constituye un relato que causa perplejidad.

Tapalpa y sus alrededores no son inhóspitos o un sitio “despoblado”. Alegar eso hace preguntarse si la FGR cuenta con capacidades para actuar a la altura de su responsabilidad en cualquier escenario, ni qué decir en un destino visitado por miles de turistas cada fin de semana.

Del segundo párrafo citado destaca que, por primera vez, una autoridad acepta la gravedad e indefensión vivida por días en Jalisco. Mientras la presidenta y el Gabinete de seguridad hablaban de normalidad, la FGR hoy dice que no vio “condiciones mínimas”.

El problema es que el operativo prácticamente concluyó cuando al mediodía del domingo el ejército dio a conocer que Oseguera había muerto. Si bien la reacción de los criminales con sus narcobloqueos duraría unas horas más, ¿la FGR, dotada con armas y capaz de coordinación con otras fuerzas de seguridad, no pudo acercarse a asegurar diversos inmuebles involucrados?

De ser cierto lo anterior, sería una gran confesión por parte de la Fiscalía de sus límites, una muy preocupante: teniendo México algunos de los cárteles más peligrosos del mundo, sus fiscales no pueden llegar antes que la prensa al sitio de un importante operativo.

La redacción en general del boletín de la FGR destila un sentimiento en contra de la prensa, a la que ni nombra y mucho menos reconoce. No es una autoridad dispuesta a investigar lo que, entre otros El Universal, los medios han divulgado: es un investigador pretextando tecnicismos.

Si tanto le interesara a la FGR la cadena de custodia, habría sido la más empeñada en que tras los sucesos del amanecer del 22 de febrero, nadie sino la más alta autoridad investigadora se diera a la tarea de acopio y resguardo de indicios de presuntos ilícitos, de pistas para hacer aún más potente el alcance del operativo de la Defensa.

Desconciertan las prioridades de la FGR: es claudicación el desestimar lo publicado, que no es otra cosa que un croquis donde se establecen capacidades criminales que solo son entendibles con otra cosa que también apuntan las narconóminas: la complicidad de autoridades.

El 22 de febrero, criminales con armamento que hace presumir delitos federales convirtieron en un infierno calles y carreteras de varios estados. Y en Zapopan, Jalisco, una mujer embarazada murió por causa de las balas de esos delincuentes para nada del fuero común.

Por su parte, el estado de Jalisco perdió un elemento estatal, y la Federación vio caer 28 elementos, tres de ellos soldados y el resto integrantes de la Guardia Nacional.

Las víctimas mortales y las pérdidas materiales de cientos de personas que vieron sus vehículos consumirse, y lo mismo con establecimientos comerciales quemados por los criminales, están a la espera de una investigación de la Fiscalía General.

Si lo anterior fuera poco, entre lo más inquietante de la jornada fue la predilección de los criminales para destruir con fuego sucursales del Banco del Bienestar, en obvio mensaje directo en contra del Gobierno de Sheinbaum.

Transcurrido un mes de los hechos, hay reportes y crónicas al por mayor sobre el origen y desarrollo de la operación en Tapalpa, la reacción ese día de los criminales en 20 Estados, el recuento de las bajas oficiales, la recomposición del cartel y el vacío de poder que se padeció por un par de días en Jalisco.

Lo que no hay, en contraste, es algún indicio del interés de la Fiscalía por investigar tan lamentable e inédita jornada, perseguir a los infractores de la ley y procurar justicia para todas las víctimas.

Las y los mexicanos tienen más motivos, a partir del boletín emitido el lunes por la FGR, para saberse desprotegidos en la ocasión de un evento parecido al del 22 de febrero: si uno de los cuerpos más importantes de la seguridad, como es el integrado por la Fiscalía, no aparece inmediatamente después de una refriega es porque, contrario a lo que se esperaría, se resguarda como si fuera un ciudadano más, a la espera de que haya “condiciones mínimas de seguridad”. Y si a la prensa se le ocurre hacer su trabajo y llegar días antes que los fiscales, más que reconocidos, sus hallazgos serán desdeñados.

Hasta hoy parece que los únicos elementos realmente orgullosos de haber hecho su trabajo ese día son los del Ejército que, con todo, no solo han respondido en la mañanera cada vez que se le ha podido preguntar sobre el exitoso operativo.

De ahí en más, parece que el Gobierno —con la Fiscalía federal en primer lugar— lo único que busca son pretextos para no investigar los hechos, y mucho menos a partir de ellos ampliar el alcance de la caída del Mencho para traducir los balazos y las bajas de esa jornada en una disminución de la capacidad mortífera y corruptora del CJNG.

Hay comunicados que dicen mucho más de lo que pretendían. Desde luego que lo recogido por la prensa puede estar ahora comprometido a la hora de presentarlo ante un juez, pero de ahí a no interesarse para ir a interrogar a otros el porqué del nombre de su municipio o policía aparece en una narconómina, es muy revelador del verdadero compromiso de la fiscal Ernestina Godoy con la justicia para los muertos del 22 de febrero, así como para aquellos que perdieron su patrimonio y tranquilidad ante la capacidad terroríficamente destructora de los hombres del CJNG.