Un paquete adecuado, por ahora

El paquete económico contra los efectos de la guerra de Irán es adecuado. Por ahora, un ahora que puede variar súbitamente si la guerra se agrava y alarga.

¿Por qué? Primero, porque el apoyo público dispuesto es relevante, 5.000 millones de euros. Pero en principio limitado, proporcionado. No de barra libre indefinida, como el de los 25.000 millones desplegados cuando la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Concuerda con la coyuntura de hoy: volátil, pero es la que hay.

La coyuntura, eso crucial. No estamos ante una parálisis de la economía, como en 2020, en un desplome total del crecimiento. El BBVA Research mantiene su previsión de alza del PIB al 2,4% para 2026: la guerra solo supondría, en términos macro (microhumanidad y víctimas y dolor aparte), perder las dos décimas de la revisión al alza que ultimaba. Ni tampoco oteamos una inflación superior al 10%, como entonces, sino que los expertos menos optimistas estiman su alza hacia el 4% este año, desde el 2% largo actual.

Y además, este país está mejor pertrechado para resistir envites y embates. Como punteaba recientemente el siempre crítico Jordi Sevilla, ha bajado la deuda de familias y empresas; los bancos no lucen goteras; las empresas han aumentado su tamaño; el sector servicios, sin contar el turismo, crece más que este y supone ya el 7% del PIB. Así que no había que reaccionar ni precipitadamente, ni a la desesperada.

Segundo, el paquete se entreteje de equilibrios. Y de las experiencias del pasado. Las subvenciones o ayudas directas que se practicaron antes (los 20 céntimos al litro de carburante para todo bicho viviente) acabaron demostrándose fiscalmente regresivas y menos eficaces. Así que ahora se reservan solo a un segmento. El de los más afectados: transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores, industrias electrointensivas, muy dependientes de la electricidad (un mínimo del 50% de sus costes) y muy creadoras/mantenedoras de empleo, en la siderurgia, la química, la metalurgia, los gases industriales…

Y se combinan con rebajas fiscales, sí, pero focalizadas solo al factor desencadenante del alza de precios: los impuestos sobre la energía ―destacando la rebaja del IVA (a electricidad, gas, gasolinas) del 21% al 10%―, que reducen 30 céntimos el litro de gasolina, al instante. Descompresión tangible, pero no absoluta, pues deja margen para otra igual, si la cosa empeora. Nada de irresponsables aprobados generales a una guerra contra los impuestos, la esterilidad fiscal y la jibarización del Estado que acaricia el ultraliberalismo supérstite.

Y tercero. Es un paquete modesto por su ambición transversal, de no marcar paquete político exclusivista, que habría conducido a su fracaso. Apela al mínimo común denominador, clave para su eventual éxito parlamentario.

Evita confundirse con una reforma fiscal general ―rebaja del IRPF incluida, poco vinculada al desafío de Irán―, como auspiciaba la derecha; pero reduce los impuestos implicados. Y diluye mezclarse demasiado con otra vuelta de tuerca intervencionista-unilateral de izquierda radical en la política de vivienda, mediante un segundo decreto de viabilidad retórica, aleatoria o azarosa. Ni tan mal.