La Abogada General de la UE avala el veto de los Estados a Huawei por seguridad nacional

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, ha avalado formalmente que los Estados miembros de la Unión Europea puedan excluir a fabricantes tecnológicos considerados de “alto riesgo” —específicamente, la compañía china Huawei— de sus infraestructuras de telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional.

Este dictamen, aunque no es vinculante, refuerza la capacidad legal de los gobiernos para vetar tecnología sospechosa en redes 2G, 3G, 4G y 5G, y supone un revés directo para la estrategia de ambigüedad mantenida por el Gobierno de España. Mientras Bruselas endurece el tono y otros socios europeos ya han ejecutado prohibiciones, España sigue sin publicar su lista negra de proveedores, a pesar de las crecientes presiones de Washington y de haber renovado recientemente contratos sensibles con el fabricante asiático.

El origen de este pronunciamiento jurídico se encuentra en una disputa en Estonia. La operadora Elisa Eesti AS impugnó la decisión de las autoridades estonias, que habían denegado el permiso para utilizar equipos y programas de Huawei en sus redes. El Gobierno de Estonia justificó el veto basándose en el carácter de “alto riesgo” que Bruselas atribuye a determinados proveedores de terceros países.

En sus conclusiones, la Abogada General Ćapeta establece que los Estados tienen soberanía para proteger sus infraestructuras críticas, siempre que la decisión se base en una evaluación de riesgos específica y no en una sospecha general. Además, recalca que estas medidas deben respetar el principio de proporcionalidad y estar sujetas a control judicial, aunque subraya que no dan derecho a indemnizaciones económicas por pérdida de propiedad, sino que se consideran una limitación de uso por interés general.

Para el Ejecutivo español, las conclusiones de la Abogada General llegan en un momento de máxima tensión diplomática y política. Durante el pasado verano, saltó la polémica tras conocerse que el Ministerio del Interior había adjudicado por 12,3 millones de euros la renovación del sistema de almacenamiento de comunicaciones interceptadas. Los servidores OceanStor 6800V de Huawei seguirán gestionando los datos de SITEL, el sistema que da soporte a las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente en España. Esta decisión ha generado un profundo malestar en la oposición y, de forma más crítica, entre los aliados de la OTAN. También desató una enorme polémica el contrato para renovar la red pública de fibra óptica RedIRIS con equipos de Huawei, al punto que el Ministerio de Transformación Digital paralizó la adjudicación cuando EL PAÍS la desveló.

La respuesta desde Estados Unidos no se hizo esperar. Congresistas republicanos con peso en los comités de inteligencia, como Tom Cotton y Rick Crawford, enviaron una carta a la dirección de la CIA solicitando una revisión de los protocolos de intercambio de información con España. El argumento de Washington es directo: si la tecnología de Huawei está integrada en los sistemas donde se procesa la inteligencia compartida, la integridad de esos datos no puede garantizarse.

Esta advertencia coloca a España en una posición vulnerable dentro del bloque occidental, especialmente en un contexto de nueva política exterior estadounidense que prioriza la contención tecnológica de China por encima de los intereses comerciales de sus socios europeos.

El dictamen de Luxemburgo pone el foco en un factor que España ha intentado soslayar: la Ley de Inteligencia Nacional de China. Este marco legal obliga a las empresas chinas a colaborar con los servicios de espionaje de su país si así se les requiere, lo que para la Unión Europea constituye un riesgo estructural inasumible.

La Abogada General sugiere que los intereses de seguridad nacionales y europeos convergen, y que las autoridades nacionales pueden y deben apoyarse en las evaluaciones de riesgo realizadas por las instituciones de la Unión. Esto debilita el argumento de la “falta de pruebas de vulnerabilidad” que el Gobierno español ha esgrimido para mantener su neutralidad tecnológica.

Nueva normativa europea

A nivel comunitario, el endurecimiento hacia proveedores chinos como Huawei y ZTE ya no es solo una recomendación. La Comisión Europea trabaja en una nueva Ley de Ciberseguridad que prohibirá la presencia de estas compañías en infraestructuras críticas. Una vez se apruebe la norma, los Estados miembros tendrán un plazo máximo de tres años para limpiar sus redes de componentes considerados peligrosos. El impacto no se limita al despliegue del 5G, sino que afecta a la red móvil existente, la red fija, los servicios por satélite, el software de las placas solares y la computación en la nube.

Este escenario plantea un desafío económico de proporciones masivas para los operadores de telecomunicaciones que operan en España, como Telefónica, Vodafone u Orange. Según las estimaciones de la propia Comisión Europea, el coste de reemplazar los equipos de fabricantes de alto riesgo en todo el continente podría oscilar entre los 17.000 y los 21.500 millones de euros en un periodo de cinco años. Para las telecos españolas, que ya arrastran problemas de rentabilidad y una deuda considerable, la obligación de “arrancar y reemplazar” tecnología que ya está instalada y operativa supone una carga financiera que podría lastrar sus inversiones en otras áreas.

Mientras países como Alemania, Suecia o el Reino Unido han tomado medidas drásticas de exclusión, España ha optado por una vía intermedia. La Ley de Ciberseguridad 5G española, aprobada en 2022, contempla la creación de una lista de proveedores de alto riesgo que el Gobierno debe publicar mediante un Real Decreto. Sin embargo, ese listado sigue en un cajón. Al no identificar oficialmente a Huawei o ZTE como proveedores de riesgo, las operadoras han seguido comprando su tecnología por ser más competitiva en precio y eficiencia que las alternativas europeas (Ericsson o Nokia), y el propio Estado ha continuado contratando con ellos para servicios críticos.

La postura de la Abogada General Ćapeta elimina una de las principales defensas del Gobierno: el miedo a las demandas millonarias por parte de las operadoras o de los propios fabricantes. Al dictaminar que estas restricciones no constituyen una privación de propiedad sino una limitación necesaria por seguridad nacional, el TJUE despeja el camino para que los países actúen sin temor a tener que indemnizar a las empresas, salvo en casos de una carga “desproporcionadamente grave”. Esto da al Ministerio de Transformación Digital y al de Interior un marco jurídico más sólido para ejecutar el veto que Bruselas reclama.