Una red de corrupción, dos exgobernadores y 960 hectáreas de paraíso turístico: el Gobierno recupera terrenos con un megaoperativo en Nayarit

El primer día que tomó posesión, Miguel Ángel Navarro Quintero se dio cuenta de la “situación de gravedad financiera” que reinaba en el Estado donde había sido elegido gobernador. El mandatario de Morena afirma que el 19 de septiembre de 2021 el Gobierno de Nayarit debía 6.700 millones de pesos a la banca privada, 2.700 millones de pesos al SAT y 800 millones de pesos al ISSSTE, en total, unos 560 millones de dólares. Un panorama “que generaría en muy corto plazo una crisis social”, “con un fondo de pensiones despoblado y los recursos comprometidos”. Ante la pregunta del gobernador —“¿cómo capitalizar Nayarit?”— crecieron los avisos de las irregularidades que había dentro de un poderoso fondo estatal, el FIBBA (el Fideicomiso de Bahía de Bandera), que controlaba cientos de hectáreas en la costa. Estaba ahí el germen de un operativo conjunto entre el Gobierno estatal y la Fiscalía General de la República (FGR) “como nunca lo había habido antes”, que terminaría implicando a dos exgobernadores y desmantelando una red de corrupción inmobiliaria en la lujosa Riviera Nayarita.

El megaoperativo Nuevo Nayarit comenzó a principios de 2022, pero ha sido este martes cuando el Gobierno estatal y la FGR han expuesto sus resultados en las instalaciones federales en Ciudad de México. En total, se han recuperado 960 hectáreas en la costa, que equivalen a más de 530 lotes inmobiliarios, con un valor de 50.000 millones de pesos (unos 2.700 millones de dólares). Esto es el 92% de todos los terrenos que pueden recuperarse. “Vamos por el 100%”, ha dicho el gobernador.

Las autoridades de Nayarit han glorificado el operativo, que también ha recibido una avalancha de litigios en contra. “Es un caso único en la historia de México”, ha definido Navarro Quintero; “una de las investigaciones más complejas en la historia reciente, no solo en Nayarit, sino en México”, ha añadido el fiscal estatal Petronilo Díaz, o “una batalla sin cuartel”, ha señalado el coordinador Jurídico del Gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, que fue denunciado en agosto por abuso de funciones, entre otros delitos, por este caso.

La investigación arranca en febrero de 2022, cuando la Fiscalía Nayarit recibe una denuncia del FIBBA por administración fraudulenta y tráfico de influencias en contra de exservidores públicos estatales y federales, exgobernadores, particulares y empresas, que se beneficiaron de operaciones inmobiliarias presuntamente ilícitas. De 2005 a 2021, han señalado las autoridades estatales, desde el Fideicomiso de Bahía de Bandera se permitió la entrega de terrenos en la playa nayarita a precios irrisorios. “Por ejemplo, 50 pesos el metro cuadrado enfrente del mar”, ha detallado Camarena.

En este esquema estuvieron involucrados Ney González (gobernador de 2005 a 2011) y también Roberto Sandoval (quien estuvo al frente del Estado hasta 2017), ha señalado Cristina Reséndiz, fiscal especializada de Control Competencial de la FGR. La funcionaria ha detallado que pesa sobre González una orden de arresto federal desde 2023 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, también cuenta con ficha roja de Interpol, justamente por este caso, pero que el exgobernador sigue prófugo de la justicia. Sobre Sandoval, Reséndiz ha señalado que su caso sigue en investigación. El mandatario priista, que fue detenido por ese mismo delito en junio de 2021 y está en la prisión federal de El Rincón desde entonces, fue condenado hace apenas dos meses por lavado de dinero.

Las autoridades no han querido dar los nombres ni de las empresas ni de otros particulares involucrados, pero han señalado que por este entramado se han librado “múltiples” órdenes de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y violaciones a la ley de amparo, entre otros. “Además, hemos investigado tanto a exservidores públicos como a familiares de sus círculos cercanos”, ha dicho el fiscal de Nayarit.

El funcionario ha explicado que se han bloqueado más de 350 cuentas, que corresponden a personas físicas y morales, por valor de más de 7.200 millones de pesos, se han hecho cateos y también inspecciones a notarías públicas “vinculadas con las operaciones ilícitas donde se detectaron alteraciones en libros, registrales y documentos oficiales, confirmando la existencia de un entramado cuidadosamente planeado para simular actos jurídicos y despojar al Estado de bienes de gran valor”.

El FIBBA nació como un fideicomiso público para impulsar el desarrollo turístico en la costa de Nayarit, pero en 20 años se convirtió en una pieza angular de este esquema de corrupción, en el que hay fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela.

Ahora esos terrenos están bajo control estatal, que ha cambiado la Constitución para evitar que vuelvan a ser vendidos, según el gobernador. El Gobierno de Nayarit ha creado alrededor de este caso dos engranajes: el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSON) y el Fondo de Ahorro para el retiro digno de los trabajadores de Nayarit (FAN). El objetivo de ambos es, por un lado, “blindar” estos predios y, por otro lado, buscarles rendimiento. Así, el Gobierno ya ha entrado como socio en cuatro proyectos inmobiliarios, de los que recibirá el 18% de las ganancias. De estas utilidades, ha explicado el gobernador, el 51% se destinará a infraestructura social y el 49% al Fondo de Ahorro Nayarit, para las pensiones de los trabajadores. “Se recupera patrimonio, que se mete a fondos de inversión —donde ya no habrá la tentación de venderlo— y se mejora la recaudación”, ha concluido el gobernador, que ha encontrado ahí su respuesta de cómo capitalizar Nayarit.