Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, procesado por segunda vez por lavado de dinero

Las condenas se acumulan en contra de Roberto Sandoval, el priista que gobernó el Estado de Nayarit entre 2011 y 2017. El político, de la de la mano del fiscal estatal Edgar Veytia Cambero, El diablo, aterrorizaron a la población local por estar presuntamente coludidos con el crimen organizado. Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Sandoval “por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos [más de ocho millones y medio de dólares]”, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) este martes en un comunicado.

Después de unas horas de darse a conocer su nuevo procesamiento, Sandoval reaccionó en sus redes sociales —en las que mantiene una actividad frecuente— y aseguró que la audiencia mencionada fue un montaje para relacionarlo con muchas propiedades y supuestos prestanombres. El exgobernador asegura que la “cantidad impresionante de millones” por la que lo acusan está alejada de toda realidad. “Lo que no se dice es que en dicha audiencia un juez federal determinó que de todo el montaje que se armó en mi contra por todas las propiedades que me señalaron, solo estaré vinculado a proceso para darme la oportunidad de acarar mi relación con dos inmuebles”, escribió.

La Fiscalía de Nayarit informó el 11 de septiembre sobre otro fallo en el que Sandoval fue declarado culpable por la apropiación ilegal de un terreno en el municipio de San Blas —ubicado en la costa norte del Estado— tras presuntamente haber falsificado la firma del propietario. El predio, de unas 58 hectáreas de uso ganadero y agrícola, fue registrado a su nombre en 2012. Sandoval calificó la decisión judicial como “la más lamentable y desgarradora” de su vida y acusó al ministerio público de inconsistencias, además de violar sus derechos humanos.

Roberto Sandoval Castañeda es uno de los gobernadores priistas que aparecen en una emblemática foto de 2012 al lado del presidente Enrique Peña Nieto. Al menos diez de los mandatarios locales retratados enfrentaron procesos judiciales por casos de corrupción. Sandoval llegó al Gobierno de Nayarit en 2011, un momento calificado por activistas locales de parteagüas en el pequeño Estado del Pacífico mexicano por el incremento de los delitos de alto impacto. Santiago Pérez, presidente del colectivo Familias Unidas de esa entidad, declaró a este periódico en 2019: “A partir de ahí empezaron los despojos, los rumores de secuestros y una serie de personas reportadas como desaparecidas”.

En aquel año, el fiscal Veytia fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York por narcotráfico. Veytia, conocido como El Diablo, salió en febrero pasado de prisión en Estados Unidos, tras cumplir apenas ocho años de su condena. Sin embargo, el polémico exfuncionario aún enfrenta en México varias acusaciones por tortura, secuestro y otros delitos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó, también en 2019, a Sandoval de cometer “graves violaciones a los derechos humanos”, enriquecerse ilícitamente y de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información y protección. “Sandoval Castañeda se ha involucrado en una variedad de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y la recepción de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, dijeron las en un comunicado en el que también emitieron sanciones contra el exfuncionario mexicano.

En ese mismo texto, el Gobierno estadounidense señaló también a la hija de Sandoval, Lidy Alejandra, junto a su hijo, Pablo Roberto, y su esposa, Ana Lilia López Torres, por seguir “disfrutando de los beneficios ilícitos provenientes de los esquemas de corrupción”.

En junio de 2021, Sandoval fue finalmente arrestado en el municipio de Linares (Nuevo León), junto a su hija Lidy Alejandra, por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Llevaba al menos tres meses prófugo de la justicia. Desde ese año permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit.