La Fiscalía abre un nuevo frente contra Javier Duarte para evitar su salida de la cárcel

La salida de la cárcel del exgobernador de Veracruz Javier Duarte se está tornando un sueño distante. A punto de que se venza la sentencia de nueve años que le impuso un juez por corrupción, en abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante la justicia una nueva acusación contra el político del PRI por un presunto desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano durante su mandato (2010-2016). Se trata de la primera de una serie de nuevas acusaciones por mal uso de recursos públicos que la Fiscalía irá presentando ante los jueces. La defensa del exgobernador advierte una reprimenda de parte del oficialismo por el intento —frustrado— de que a Duarte se le concediera el beneficio de la libertad anticipada, en noviembre pasado. Esa petición causó gran polémica en los corrillos políticos y activó la maquinaria de la Fiscalía, cuando aún la encabezaba Alejandro Gertz. Desde el Gobierno federal, niegan que sea un movimiento para frustrar la salida del exmandatario y se remiten al enorme desfalco que este causó a su Estado.

EL PAÍS adelantó en exclusiva que Duarte, preso desde 2017 en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, solicitó la libertad anticipada tras haber purgado más del 70% de su sentencia por los delitos de blanqueo de capitales y asociación delictuosa. Las audiencias judiciales para dirimir si se le concedía ese beneficio —que está previsto en la ley para cualquier sentenciado— comenzaron el 3 de noviembre y concluyeron el 21 del mismo mes, cuando la jueza federal Ángela Zamorano denegó la solicitud. El argumento de la juzgadora fue que Duarte tiene pendiente otro proceso judicial que no ha concluido, en el que se le acusa de presuntamente obstruir una investigación por desaparición forzada. Esa resolución obligaba a que el político veracruzano esperara en el reclusorio a que concluyera ordinariamente su condena, algo que está programado para mediados de abril del próximo año.

Sin embargo, a la par que combatía férreamente en los tribunales la preliberación de Duarte, la FGR movía posiciones en un nuevo frente. A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitó al Gobierno de Guatemala ―país que extraditó a Duarte en 2017― que le concediera su autorización para acusar al exmandatario de un delito distinto a aquellos por los que expresamente fue entregado a México. Esta vez, la Fiscalía acusaría a Duarte de peculado por un presunto desvío de recursos federales que estaban destinados al sector salud, información que adelantó Entorno y que este periódico ha confirmado de manera independiente con la defensa del exmandatario y fuentes del Gobierno federal. La suma del dinero comprometido en esta primera acusación ronda los 10 millones de pesos, pero la cifra irá creciendo conforme la Fiscalía presente nuevos expedientes a los jueces por otros casos pendientes de desvío de recursos, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Pablo Campuzano, abogado de Duarte, señala en entrevista que la petición de la FGR a Guatemala se envió el 19 de noviembre, cuando la jueza Zamorano aún no terminaba de resolver si otorgaría al exgobernador la libertad anticipada. La resolución del país centroamericano llegó el 26 de noviembre, según el letrado. Al día siguiente, un nuevo juez citó a una audiencia de imputación, esto es, el careo donde la Fiscalía presentaría los nuevos cargos contra Duarte. Sin embargo, el político priista envió un escrito para avisar de que se ausentaría por motivos de salud, según las fuentes federales entrevistadas, por lo que la audiencia no se llevó a cabo y tendrá que ser reprogramada (aún no hay fecha definida). “Es un intento desesperado para evitar su salida. Para nosotros, es un castigo por ejercer un derecho [la solicitud de preliberación]”, expone Campuzano.

De acuerdo con el letrado, la nueva acusación de la Fiscalía indica que, una vez que los recursos federales se transfirieron por la Secretaría de Hacienda a Veracruz, estos fueron movidos por funcionarios de Duarte a “una cuenta concentradora” que no estaba destinada a esos fines. Campuzano asegura que, si bien haber enviado esos fondos a cuentas distintas “es indebido, no es un delito, porque no se usó en beneficio de una persona, sino del Estado”. La Fiscalía ha incluido en la acusación al exgobernador y otros exfuncionarios de las áreas de Finanzas, entre ellos a Tarek Abdalá, que fue tesorero de Veracruz y que ahora colabora como testigo de la FGR. En el caso concreto de Duarte, el abogado señala que ha sido acusado por un decreto con el que autorizó el uso de los recursos federales para atender el pago de salarios de empleados del Estado. Campuzano asegura que, no obstante, ese dinero nunca se ejerció. La Fiscalía señala que sí hubo un desvío de recursos.

La gestión de Duarte en Veracruz dejó uno de los boquetes financieros más grandes de los últimos tiempos. La manera en la que se gastaron 60.000 millones de pesos no está clara. Esto convierte a Duarte en uno de los mayores representantes de la corrupción política del PRI en la era de Enrique Peña Nieto. Pese al cambio de manos en la dependencia, la nueva fiscal, Ernestina Godoy, ha decidido continuar la ruta marcada en el caso Duarte por Gertz, su predecedor en la FGR. A la luz del cerco que se ha tendido esta misma semana en torno a otro exgobernador priista señalado de corrupción, César Duarte, de Chihuahua, hay señales de que la fiscal Godoy apretará aquellos casos en los que los principales implicados no han terminado de rendir cuentas ante la justicia.