El exgobernador de Veracruz Javier Duarte prepara su libertad anticipada tras más de ocho años en la cárcel

El polémico exgobernador de Veracruz Javier Duarte ha solicitado su liberación anticipada del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, según han confirmado fuentes penitenciarias y la propia defensa del exmandatario a EL PAÍS. El político priista fue sentenciado en 2017 por el desvío de 1,670 millones de pesos del erario de Veracruz, así como por los delitos de blanqueo de recursos y delincuencia organizada. El exmandatario también fue procesado por desaparición forzada, pero esta acusación no prosperó, lo que le ha despejado el camino para solicitar el beneficio de la liberación anticipada. La salida de Duarte de prisión dependerá de una audiencia que el exmandatario local tendrá en el centro judicial de esa prisión la próxima semana. Oficialmente, su excarcelación estaba programada para abril del próximo año.

Duarte, que fue parte de una generación de jóvenes políticos del PRI que prometían una renovación de la administración pública pero terminaron involucrados en grandes escándalos de corrupción, ha purgado todas las acusaciones formales en su contra ante la justicia, de acuerdo con su abogado, Pablo Campuzano. La audiencia del exgobernador comenzó el lunes de esta semana, pero la jueza del caso declaró un receso e indicó que la discusión se reanudará el próximo 12 de noviembre. En la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la petición de libertad anticipada de Duarte, señala Campuzano. Aunque todavía no hay nada seguro, con la resolución de la jueza en suspenso, el político veracruzano confía en que triunfará y saldrá de prisión en cuestión de días.

De hecho, el exgobernador, a quien su partido expulsó en octubre de 2016, ya se despidió de sus compañeros de reclusión la noche del sábado, según las fuentes penitenciarias consultadas. Hubo una mariscada, refrescos y bebidas alcohólicas, en una fiesta en la que estuvieron otros hombres sentenciados por delitos de corrupción y crimen organizado y con los que Duarte convivía en el Dormitorio 2. En esa área del Reclusorio Norte se encuentran el exalcalde de Benito Juárez (Ciudad de México) Christhian Von Roehrich, acusado de formar parte del Cartel Inmobiliario que hizo negocios ilícitos con constructoras; René Gavira, extesorero de Segalmex, señalado por el enorme desfalco en la institución creada por Andrés Manuel López Obrador, y José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tío del líder de la organización criminal, Nemesio Oseguera, El Mencho. El exgobernador veracruzano también comenzó a repartir sus pertenencias entre sus amigos del reclusorio como si se tratase de una herencia, dando por un hecho su salida, han agregado las fuentes.

Varios reportajes periodísticos documentaron los millonarios desvíos de Duarte mediante el uso de una estructura de empresas fantasma y testaferros. El caso golpeó la ya maltrecha imagen del Gobierno federal a cargo del priista Enrique Peña Nieto, que también se desmarcó del político veracruzano. Ante la presión de las acusaciones de corrupción, Duarte solicitó licencia al cargo de gobernador para, supuestamente, afrontar la justicia. No obstante, se fugó a Guatemala, donde fue capturado meses después y extraditado a México. Aunque Duarte perdió el respaldo de su partido, aún gozó de favores dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial. La organización Tojil denunció en su momento el hecho de que los fiscales encargados del caso contra el exgobernador cambiaron la acusación de delincuencia organizada por la de asociación delictuosa, que ameritaba una pena significativamente inferior. Tojil concluyó que había indicios de corrupción en este giro inesperado por parte de la Fiscalía.

Duarte fue condenado a nueve años de prisión y al pago de una pequeña multa de 58.000 pesos. Mientras purgaba su sentencia, que comenzó a contar desde abril de 2017, enfrentó un nuevo proceso por obstruir una investigación relacionada con desaparición forzada, delito que se agravó en Veracruz durante su mandato (2010-2016). Sin embargo, un juez federal finalmente le exoneró de esa acusación en noviembre de 2024. El abogado Campuzano señala que su cliente tiene el camino despejado para solicitar el beneficio de la preliberación, tras haber purgado más del 70% del periodo de su sentencia y no tener ninguna causa pendiente. “Él tiene derecho, es un beneficio que prevé la ley y cumple con todos los requisitos”, dice el letrado. “En segundo lugar, la libertad se vive en el día a día, y cada día privado de la libertad es un día lejos de su familia. Entonces, toda oportunidad que tengamos para obtener su libertad, aunque le queden pocos meses por salir de prisión, vamos a hacer todo el esfuerzo”, agrega.

El único escenario que podría frustrar la liberación de Duarte, explica Campuzano, es que la FGR consiga que Guatemala le autorice procesar al político priista por delitos distintos a aquellos por los que fue expresamente extraditado en 2016. “Eso no se ha dado, pero, si se diera, se peleará en tribunales”, asegura el abogado. La esposa de Duarte, Karime Macías, también señalada como parte de la estructura de corrupción del exgobernador, vive desde hace años en libertad en Londres.