La Fiscalía acusa de uso ilícito de atribuciones a María Amparo Casar, una analista crítica del Gobierno

La Fiscalía General de la República (FGR) ha optado por judicializar un caso contra María Amparo Casar, una crítica de los gobiernos de Morena y presidenta de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La activista enfrenta un proceso por “uso ilícito de atribuciones y facultades”, que se desprende por haberse beneficiado supuestamente de la pensión vitalicia de su esposo, Carlos Márquez, un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) fallecido hace más de 20 años. La primera audiencia será la próxima semana, el 16 de diciembre, cuando se determinará si Casar será vinculada a proceso, junto con dos personas más. En caso de que los jueces encuentren pruebas suficientes para iniciar el juicio, los acusados podrán llevarlo en libertad.

Las acusaciones públicas contra la activista y analista política iniciaron en mayo de 2024, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pemex puso en marcha entonces investigaciones sobre supuestos cobros irregulares. En conferencia de prensa, Octavio Romero Oropeza, entonces director de la petrolera y hoy funcionario de la Administración de Claudia Sheinbaum, afirmó que Casar llevaba 20 años cobrando la pensión de su esposo, a pesar de que Márquez se habría suicidado, lo que está prohibido de acuerdo con los reglamentos de la compañía pública. El presidente, un gran crítico del trabajo de MCCI, calificó estos actos como deshonestos.

Romero afirmó que Casar y el periodista Héctor Aguilar Camín acudieron con el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, para que se eliminara del dictamen pericial que Márquez habría terminado con su vida. Casar niega que ese encuentro haya ocurrido. Según Romero, en el dictamen oficial permaneció la causa de muerte como suicidio, pero en Pemex le otorgaron el beneficio porque en sus registros aparecía como accidente.

Pemex frenó los pagos en 2024 y pretendía cobrar lo que habían obtenido los familiares de Márquez hasta el momento, unos 31 millones de pesos. Estos pagos se dividen en 125.000 pesos mensuales y un seguro de 17 millones de pesos.

En mayo de ese año, Casar respondió a López Obrador que “ejercer un derecho nunca puede ser corrupción, el presidente ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”. El expresidente abordó el cobro de la pensión en su libro ¡Gracias!, donde recuerda la visita de Casar al procurador. No era la primera vez que el presidente lanzaba dardos a la analista, quien había formado parte del programa televisivo Primer Plano de Canal Once, donde opinaba sobre política. Muchos de los reportajes que Mexicanos Contra la Corrupción elaboró durante años fueron criticados por López Obrador.

En mayo de 2024, después de la suspensión de los pagos por parte de Pemex, un juez de lo laboral pidió que se restableciera la pensión a Casar. En ese mismo año la FGR empezó a investigar a la analista e inició un proceso penal contra ella, sin avances. El juez sexto de Distrito en materia de Trabajo de Ciudad de México determinó en junio que la pensión era un derecho adquirido, por lo que debía continuar el pago.

Solo unos días antes de que se presentara en la conferencia matutina el caso de María Amparo Casar, Mexicanos Contra la Corrupción publicó un reportaje en el que afirmaba que antes de que Claudia Sheinbaum fuera jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las cuatro propiedades que se encontraban a su nombre, dos casas y dos departamentos, cambiaron de propietario.

El expresidente López Obrador también cargó en diferente ocasiones contra MCCI. Desde 2019, en su primer año de mandato, dijo que la organización era “corrupta e hipócrita”. Durante su mandato denunció las aportaciones y donaciones que recibían, además, su Gobierno envió al menos dos notas a la administración de Joe Biden para evitar que las autoridades estadounidenses les otorgaran financiamiento. También reveló los ingresos de los trabajadores de la organización, lo que fue denunciado como una violación a los derechos de la privacidad.