La elección judicial le da a Morena el control de los principales tribunales de México

Los próximos nueve integrantes de la Suprema Corte, los cinco del Tribunal de Disciplina y los dos del Tribunal Electoral son todo nombres que fueron propuestos por Morena en los acordeones con los que buscó dirigir el voto en la elección judicial del pasado 1 de junio. Este pleno lleva al partido en el Gobierno a poder controlar las principales cámaras de justicia de México. Se ha cumplido el presagio con el que amenazaba la desarticulada oposición, sin que tampoco haya hecho nada para evitarlo. Tras este resultado, Morena se queda con la cabeza del Poder Ejecutivo, con una mayoría abrumadora en el Legislativo y con los principales titulares del Poder Judicial.

Nadie lo ha escondido. El objetivo de la reforma judicial era derrumbar el actual Poder Judicial —acusado de corrupto, elitista y lleno de nepotismo— para construir encima otro —utópicamente impoluto, más democrático y más cerca del pueblo—. El Gobierno de Morena solo veía una vía para lograrlo: la elección popular. Así era el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que soñaba con un Poder Judicial que allanara el camino para su proyecto político. El entonces presidente llevaba años detrás de esta idea, pero no le dieron los números en el Congreso. Se lo dejó encargado a su sucesora y pupila, Claudia Sheinbaum, quien consiguió una victoria aplastante en las urnas hace justo un año, que le dio el control prácticamente total de la Cámara de Diputados y el Senado.

Esta herencia, polémica y compleja, ha marcado el primer año de presidencia de Sheinbaum. El proceso estuvo plagado de cuestionamientos desde el arranque. Un proceso de selección dividido entre tres comités que tenían apenas unos meses para evaluar a 50.000 candidatos, entre presiones políticas y favores convertidos en pases a la elección. Todo ante una oposición que solo sacaba la bandera del desastre que se venía y un poder judicial en la inopia, que incluso se desistió de poder seleccionar a sus aspirantes. A esto le siguió un recorte brutal de presupuesto para la organización de las elecciones. El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo lo que pudo con lo que tuvo, pero no fue suficiente para lograr unas elecciones informadas y con asistencia.

Solo votaron 13 millones de mexicanos (para un padrón de 100 millones) y a solo unos días de los comicios, el 70% de los ciudadanos no conocía quiénes eran los candidatos. No es para menos: se elegían casi 2.700 cargos judiciales, entre ministros, magistrados y jueces. Además, las campañas fueron tan limitadas que se impidió que aspirantes independientes pudieran dar a conocer su experiencia y su trabajo. Todas estas vetas llevaron a los famosos acordeones. En estas hojas de instrucciones —lo que en España se llamaría una chuleta— venía ya marcado a quién había que votar para cada tribunal.

Morena, que se jugaba su capital político en la elección, repartió los suyos sin reparo—aunque Sheinbaum llegó a rechazarlos en una Mañanera—, mientras la oposición seguía como al principio: de brazos cruzados. Los nombres propuestos para las principales cortes eran comunes en todos estos acordeones. Además, todos los ganadores fueron propuestos por el comité del Poder Ejecutivo (que fue nombrado por Sheinbaum) o ya estaban en funciones.

Ahí estaba con su número 34 Hugo Aguilar, el abogado mixteco que va a presidir la Suprema Corte, uno de los clubes más exclusivos de México que no había tenido un titular indígena desde Benito Juárez, 168 años atrás. Con él han entrado las tres ministras en funciones, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz; la exconsejera jurídica de López Obrador, Estela Ríos; una fiscal cercana a Sheinbaum, Sara Irene Herrerías; un magistrado que ha trabajado codo a codo con Ernestina Godoy —actual consejera de presidencia—, Irving Espinosa; y dos perfiles más independientes: el académico de la Universidad Iberoamericana, Giovanni Figueroa, y el abogado Arístides Guerrero, que va a ser con 41 años el miembro más joven de la Corte. Los nueve fueron los más votados en la elección judicial.

Misma dinámica para el Tribunal de Disciplina, el poderoso órgano encargado de vigilar a los jueces. Los cinco nombres que proponía Morena fueron los ganadores. Eran los de Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Celia Maya —actuales miembros del Consejo Federal de la Judicatura—, el de Rufino H. León, magistrado del Tribunal de Arbitraje federal, y de vuelta un independiente: la coordinadora de investigaciones jurídicas de la Universidad de Colima, Indira García. Celia Maya fue la más votada, por lo que será la presidenta del tribunal. Ella es, además, la única de los tres consejeros que se había postulado realmente para esa posición. Bátiz, muy cercano a López Obrador, se inscribió para ser ministro de la Suprema Corte (pero no salió elegido en la tómbola), y De Gyves, que se identifica como “amlista de corazón”, no aspiraba a ningún puesto. Sin embargo, el Comité de Evaluación del Senado les dio un polémico pase directo a la elección. Ambos habían terminado su cargo como consejeros a final de 2024. Ahora integrarán durante los seis próximos años el ariete del nuevo Poder Judicial.

El Tribunal Electoral es uno de los pocos —junto a los militares o el agrario— que se ha salvado parcialmente de la demolición de la elección judicial. Los actuales magistrados de la sala superior se convirtieron en figuras fieles al oficialismo y cerraron filas a favor de la reforma, por lo que sus cargos no salieron a las urnas. Los que se eligieron el domingo fueron en realidad las dos vacantes que había en ese momento en la sala. También ahí salieron como los más votados los nombres que Morena colocó en el acordeón: Claudia Valle y Gilberto de Guzmán Bátiz. Sí se han renovado las cinco salas regionales; para cada una de ellas había que elegir a tres magistrados. Aquí los acordeones eran específicos para cada territorio, porque los de Ciudad de México o los de Toluca no elegían entre los mismos aspirantes.

Todavía falta por escrutar las actas para los 464 magistrados de tribunales de circuito y los 386 jueces de distrito, además de los cargos locales que se eligieron en 19 Estados. Mientras los números finales llegan, la Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha presentado su informe preliminar, en el incide que se trata de “una de las participaciones más bajas en un proceso electoral en la región”. La misión de 16 observadores electorales pone el foco en la presencia de acordeones (“de comprobarse que estos acordeones se hubiesen distribuido de forma masiva o por servidores públicos, podrían constituir propaganda no permitida y potencialmente un intento de coacción al voto del elector”), en la falta de criterios homogéneos para elegir a los candidatos y en lo acelerado de un proceso que no tiene precedentes en el mundo. “La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, sentencia el informe.