Sin pensión, ni derecho a la tierra y trasladadas en “camiones de la muerte”: la precariedad laboral de las jornaleras en Túnez, el arduo frente de batalla de las feministas del país

Dentro del mundo árabe e islámico, Túnez ha estado considerado un país pionero en el progreso de los derechos de la mujer. Sin embargo, los avances legales, como la aprobación de un código de la familia progresista en 1956, no siempre han tenido una aplicación directa sobre el terreno, especialmente en las zonas rurales. Las mujeres que trabajan en el sector agrícola son quizás el grupo social que aún padece las violaciones más graves de sus derechos sociales y económicos, además de diferentes tipos de violencia, incluida la sexual.

Por esta razón, desde hace una década, fortalecer a la mujer rural y conseguir una mejora de sus condiciones de vida se ha convertido en una prioridad para el movimiento feminista tunecino. Y aunque sea de forma muy incipiente, ya se empiezan a ver algunos resultados.

“La mejora de la situación de la mujer rural ha suscitado un gran interés en el feminismo tunecino y ha ocupado una posición importante en su agenda. Sus condiciones laborales son muy duras, incluido el transporte a su lugar de trabajo, que es inseguro y se cobra aún víctimas mortales”, explica Monia Ben Jemai, actual presidenta de la ONG Euromed Rights, y antigua máxima responsable de la Asociación Tunecina de las Mujeres Demócratas (ATFD, por sus siglas en francés), una de las entidades feministas más potentes de todo el mundo árabe.

Neus Tirado, una consultora de género que ha trabajado más de una década en Túnez, introduce un matiz: “Las asociaciones feministas tradicionales han estado, sobre todo, formadas por mujeres urbanas y de clase media-alta. Aunque no han ignorado la problemática de la mujer rural, sí que se volvió más importante después de la revolución de 2011, en un contexto de mayores demandas sociales para los sectores más vulnerables”.

Las estadísticas sobre las condiciones de vida y de trabajo de las campesinas tunecinas, recogidas en diversos estudios elaborados por la sociedad civil, hablan por sí mismas. Según un informe de 2025 del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), 521.306 mujeres se dedican al sector agrícola y el 92% carece de cualquier tipo de cobertura de seguridad social, es decir, ni derecho a una pensión, ni a cobertura sanitaria. El 85,6% de estas mujeres no disfruta de descansos semanales remunerados y el 72,1% no cuenta con ropa de trabajo o equipo de seguridad adecuado.

Además, la gran mayoría recibe un sueldo inferior al salario mínimo en el sector agrícola, que es de 20 dinares al día (más o menos 6 euros). En parte, el problema es que hasta un 30% de su sueldo se lo queda un intermediario, que es quien escoge a las trabajadoras en nombre del patrón, las transporta a los terrenos de cultivo y les paga su salario.

El 92% de las agricultoras carece de cualquier tipo de cobertura de seguridad social, es decir, ni derecho a una pensión, ni a cobertura sanitaria

“Los sueldos son muy bajos. Normalmente, rondan los 15 dinares al día, lo que equivale a menos de cuatro euros. Por una cuestión de honor, los hombres no quieren hacer estos trabajos. Por eso, la mayoría de jornaleras son mujeres”, explica Riadh Abidi, responsable en Sidi Buzid de la asociación progresista ATTAC, que ha sido muy activa en la promoción de los derechos de las campesinas, si bien no es una organización exclusivamente feminista.

Un sector muy feminizado

De los aproximadamente un millón de trabajadores agrícolas que hay en Túnez, un 70% son mujeres. En algunas regiones este porcentaje aún es sustancialmente más alto. En cambio, para el conjunto de la economía tunecina y sobre todo en los empleos mejor pagados, los hombres representan una clara mayoría de la mano de obra.

Más allá de la remuneración salarial, Munira Laheg, una jornalera de 46 años que se ha pasado más de 20 años doblando el espinazo en los plantíos, se queja de la dureza de las condiciones laborales: “La jornada es larga, empieza a las seis de la mañana y se prolonga hasta pasada la una de la tarde. Además, muchos capataces no respetan el tiempo de descanso que marca la ley”. Otra de las quejas de las trabajadoras agrícolas es que las obligan a trabajar incluso durante las severas olas de calor del verano. Túnez es un país especialmente afectado por la crisis climática y, además de las habituales sequías, durante los últimos años las temperaturas en la mitad sur del país han superado a menudo los 40 grados.

La creación del sindicato ha sido muy importante porque nos ha dotado de una herramienta para defender nuestros derechos nosotras mismas, algo que era muy necesario

Munira Laheg, jornalera

No obstante, su situación de precariedad ha empezado a mejorar gracias a la fundación en 2021 del primer sindicato de las mujeres trabajadoras en el sector agrícola. Este objetivo, el de empoderar a las propias campesinas, era central en la estrategia del feminismo tunecino. “La creación del sindicato ha sido muy importante porque nos ha dotado de una herramienta para defender nuestros derechos nosotras mismas, algo que era muy necesario. Por ejemplo, hemos conseguido que nos aumenten el sueldo”, cuenta Laheg, que también es secretaria adjunta de la sección sindical de campesinas de la provincia de Sidi Bouzid, un territorio con un historial de luchas sociales. No en vano, fue allí donde se inició la Revolución Tunecina de 2011, cuna de las llamadas Primaveras Árabes.

Aunque quienes trabajan la tierra suelen ser mujeres, los propietarios son mayoritariamente hombres. Como sucede en otros países árabes, el patriarcado ha impedido que las mujeres puedan heredar tierra tras la muerte de los progenitores. En Túnez, la ley relativa a las herencias se basa en la ley religiosa islámica, que establece que a la mujer le corresponde la mitad que a su hermano. En un estudio hecho en 2014, basado en encuestas a 200 mujeres, se estimó que menos del 1% de las campesinas cultivaban tierras de su propiedad.

“Aunque a la mujer le corresponde, en teoría, la mitad de la herencia, a veces ni tan solo eso se respeta. Conseguir la igualdad en la herencia fue el caballo de batalla del feminismo tunecino en la última década, y habría sido una medida muy importante para la mujer rural, que suele cultivar una tierra que no le pertenece”, apunta Ben Jemai, que se muestra escéptica sobre la posibilidad de lograr este hito a corto plazo. “El presidente Said, ya incluso antes de su golpe de Estado, se posicionó en contra de la igualdad en la herencia, argumentando que va contra la religión y que es una idea copiada de Occidente, ajena a la cultura del país”, añade la histórica dirigente feminista.

Los camiones de la muerte

Además de garantizar derechos económicos y sociales, Abidi enfatiza otra de las prioridades de la sociedad civil tunecina en lo que respecta a los derechos de las jornaleras: poner fin a los llamados “camiones de la muerte”. “Muchas campesinas son trasladadas a los cultivos en la parte trasera de los camiones como si fueran ganado. Los intermediarios no respetan ninguna medida de seguridad. Por eso, a menudo tienen lugar accidentes de gravedad”, explica.

Cada vez que hay un accidente en el que fallecen obreras agrícolas que se dirigen al trabajo, hay una profusa cobertura de los medios de comunicación tunecinos, y la sociedad civil pone el grito en el cielo. Tras muchas presiones, el Parlamento aprobó en 2019 una ley que regula el transporte de las trabajadoras agrícolas. Además, el año siguiente el Gobierno firmó un decreto que establece una serie de medidas concretas para desarrollar la nueva legislación. No obstante, la realidad para las jornaleras apenas ha cambiado en estos años.

Según la prensa tunecina, que cita datos del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), desde 2019 se han producido 53 accidentes, que han causado la muerte de 26 trabajadoras agrícolas y lesiones a otras 497.

De acuerdo con fuentes consultadas del sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la ley es técnicamente buena y no incurre en vacíos legales. Más bien, el problema es que el Estado no ha dispuesto de los mecanismos suficientes de supervisión para hacerla efectiva. Por lo que, tanto los propietarios como los intermediarios, no se han visto obligados a eliminar los “camiones de la muerte”. La no aplicación de leyes y decretos que deberían garantizar derechos es un problema que afecta a muchos sectores. En el caso concreto de las jornaleras, el Gobierno también aprobó un decreto en 2024 que les otorga un escudo social, pero no se está aplicando, y aun a día de hoy, si caen enfermas, se quedan sin sustento.

El escepticismo del feminismo tunecino respecto al compromiso del presidente Said con los derechos de las mujeres es mayor desde el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno tunecino suspendió durante un mes la actividad de la ATFD, la más antigua y potente organización feminista del país, acusada de haber violado la ley de las asociaciones. Amnistía Internacional ha calificado las acusaciones de “abusivas” y “arbitrarias”. “Las autoridades están desmantelando sistemáticamente el Estado de derecho, reduciendo el espacio cívico y ahogando cualquier forma de discrepancia”, sostiene Erika Guevara-Rosas, directora de investigaciones y campañas de Amnistía Internacional. Aunque la suspensión no ha sido renovada y la ATFD ha reabierto sus puertas, el proceso judicial en su contra permanece abierto. En caso de perderlo, la asociación se enfrentaría a una orden de disolución.