Semia Gharbi, la tunecina que sentó un precedente contra el “colonialismo de los residuos” en África

El continente africano ha sido utilizado como un vertedero. Esta es la reflexión de Semia Labidi Gharbi (Túnez, Túnez, 57 años). “Nos negamos a ser considerados otro país donde otros pueden arrojar su basura. Debemos terminar con este colonialismo de residuos”, sentencia durante un discurso en abril tras recibir el Premio Goldman 2025, el Nobel del medio ambiente. La científica y educadora ambiental encabezó, junto a la ONG Red Verde Tunecina (RTV, por sus siglas en francés), una campaña que impulsó la devolución a Italia, en febrero de 2022, de 6.000 toneladas de residuos domésticos que habían sido exportados ilegalmente a Túnez dos años antes. Su presión actuó como catalizador, afirma la Fundación Goldman, para que la Unión Europea endureciera la normativa para la exportación de desechos desde mayo de 2024, aunque la mayor parte de sus disposiciones se aplicarán en su totalidad en 2026.

A mediados de 2020, 282 contenedores con 7.900 toneladas de plástico para reciclar fueron enviados desde el puerto italiano de Salerno hasta el Puerto de Susa, ubicado en el noreste de Túnez. El trato era simple: estos plásticos serían separados, transformados y aprovechados; el resto de basura sería devuelta a Italia. Las empresas, la italiana Sviluppo Risorse Ambientali (SRA) —especializada en recuperación y gestión de basura— y la tunecina SOREPLAST Suarl —dedicada al reciclaje— aseguraban que se trataba de plástico postindustrial.

Sin embargo, una vez que los contenedores llegaron a Túnez, comenzaron las sospechas. Las autoridades aduaneras abrieron los depósitos y encontraron tierra, trozos de madera, tela, calcetines, zapatos, latas de aluminio y juguetes; solo el 55% era plástico, según una investigación periodística del medio tunecino Inkyfada e IrpiMedia de Italia. La noticia no tardó en hacerse pública. Un día después de que Gharbi se enterara de la situación, se movilizó. “Cada uno de los miembros de la RTV se hizo cargo del caso en su especialidad”, asegura por WhatsApp a este diario. Así, a finales de 2020, ya habían impulsado una campaña nacional para “movilizar al resto de la población a la acción” y una comisión parlamentaria de Túnez comenzó la investigación, que resultó en el arresto del entonces ministro de Medio Ambiente, Mustapha Laroui, y al menos 25 funcionarios del ministerio.

Distintas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, junto con el relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, elaboraron un informe en el que detallaron el entramado de corrupción y cómo el destino real de los residuos italianos era su eliminación encubierta. SOREPLAST destruiría la basura a cambio de 48 euros por tonelada. Y SRA evitaría pagar unas tasas más altas de eliminación en su país. Incluso, ya contaban con la autorización de la Agencia Nacional de Gestión de Residuos para enterrar los desechos en un vertedero del puerto tunecino, de acuerdo con dicho informe.

La negociación que pactaron ambas empresas era ilegal al pasar por alto la legislación tunecina, la europea y varios convenios internacionales como el de Basilea, que prohíbe el comercio de materiales peligrosos, a excepción de si el país receptor da su consentimiento y prueba que tiene las condiciones para su tratamiento. Sin embargo, para Gharbi, Túnez no las tiene. “Los residuos municipales mezclados no pueden exportarse. Sobre todo porque tenemos problemas para gestionar los nuestros. Al mismo tiempo, los países desarrollados tienen capacidad para gestionar racionalmente sus residuos y disponen de tecnología avanzada para controlarlos”, argumenta.

La legislación europea también prohíbe la exportación de los desechos de la Unión Europea para su eliminación final y la exportación a países no miembros de la OCDE. Incluso, los países africanos prohíben en su totalidad la importación. “El Convenio de Bamako es un marco para proteger a África de la exportación de residuos, ya que el continente ha sido tratado como un vertedero”, explica Gharbi.

Mientras el Convenio de Basilea esté en vigor, queda mucho trabajo por hacer, por el bien de todos

Para la defensora, actuar no era una cuestión de motivación, sino de deber. “Este tipo de escándalos ha afectado a varios países y aunque se aplique la legislación internacional, pueden pasar años hasta que se repatrían los residuos y en muchos casos permanecen en el país de acogida”, agrega.

Delincuencia ambiental

Túnez no es un caso aislado. Según datos de un informe de la OCDE, entre 2016 y 2020 se reportaron 272.000 toneladas de envíos ilegales de residuos a escala mundial. Lo equivalente al peso de aproximadamente 1.800 ballenas azules (el animal más grande, que en promedio pesa entre 100 y 150 toneladas). En dicho informe, publicado en 2023, la OCDE advierte de que la delincuencia ambiental está en aumento en un 8% en promedio cada año y lo atribuye a “fallas regulatorias”.

Tras un año de insistencia, Túnez e Italia firmaron un acuerdo para la devolución de 212 contenedores con 6.000 toneladas de residuos, que es la cantidad que quedó tras un incendio de los contenedores en diciembre de 2021. En febrero de 2022 la basura fue enviada de regreso. “Para nosotros, como sociedad civil, el objetivo de la repatriación se ha logrado […] es un asunto que ha quedado en la mente de la gente”, reconoce.

En abril de 2024 la Comisión Europea aprobó un nuevo Reglamento Europeo sobre el traslado de residuos (RTR) con reformas significativas para prevenir el comercio ilegal. En el documento, las autoridades reconocen la problemática: “Los traslados ilícitos de residuos dentro y desde la UE siguen siendo un problema considerable debido a la naturaleza general de las disposiciones del RTR”. Aunque no cita cifras del comercio ilegal, asegura que la UE exportó a países no comunitarios alrededor de 32,7 millones de toneladas de desechos en 2020. “Por lo que respecta a Europa, acogemos con satisfacción la enmienda que se ha aplicado, pero mientras el Convenio de Basilea esté en vigor, queda mucho trabajo por hacer por el bien de todos”, puntualiza Gharbi.

Para la científica, el premio no es lo más importante, sino los resultados de las acciones que emprendieron. “El continente africano está lleno de mujeres activistas medioambientales que, con los medios a su alcance, protegen su entorno por el bien de su familia y su comunidad. Es un honor formar parte de esta plataforma. Es un objetivo global compartido: proteger la salud humana, animal y vegetal”, finaliza.