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Una inquilina que se resiste a dejar la finca comprada por un fondo se encuentra todas sus cosas tiradas por el hueco de la escalera

La afectada asegura que tiene un contrato en vigor hasta 2029 y se niega a marcharse del edificio

Susa Plaza, en el portal de su casa en la calle Sogueros de Valencia, muestra la denuncia a la policía tras el asalto a su casa el pasado fin de semana.
Cristina Vázquez

María Jesús Plaza, diseñadora de 60 años, llegó a última hora del domingo de su fin de semana fuera, y cuando abrió su portal -no había luz en el zaguán de entrada y tuvo que alumbrarse con la linterna del móvil- se quedó de piedra: todas sus pertenencias habían sido arrojadas por el hueco de la escalera de su casa en una finca antigua del casco histórico de Valencia. Su familia vive alquilada en este inmueble de 1850 desde hace más de 100 años pero los antiguos propietarios lo vendieron a un fondo de inversión en 2020 y entonces comenzó su pesadilla. La mercantil, dueña de este edificio situado en la calle Sogueros de la capital, quería reformar los pisos e instó a los inquilinos a irse, explica la modista. La mayoría ha aceptado las indemnizaciones que les ofrecía el fondo y han ido abandonando sus casas poco a poco, así que Susa es la única que resiste sola desde hace dos años. Esta vecina denuncia presiones de personas que dicen representar al fondo para que abandone la casa pero “tengo contrato y no quiero marcharme”, apunta. El último disgusto ha sido el asalto a su piso. “No han entrado a robar sino a destrozar”, denunció con los nervios rotos mientras el pasado lunes esperaba a la policía.

Plaza es una modista y diseñadora que ha vivido y trabajado siempre en la casa donde nacieron ella y sus hermanas, en pleno barrio del Carmen de Valencia. Y antes que ellas su madre y sus tías. El multipropietario que les alquilaba la casa durante décadas vendió en 2020 el inmueble a una mercantil y les aseguro que les mantendrían las condiciones de sus contratos. Pero en mayo de 2021, María Jesús y sus vecinos recibieron la primera carta de los nuevos propietarios de la finca, un fondo de inversión francés, informándoles de que iban a iniciar obras de rehabilitación y tenían que desalojar el edificio. Lleva desde entonces denunciando presiones. “Vinieron y nos dijeron que teníamos que dejar nuestra casa en 10 días″, explicaba Susa cuatro años atrás, cuando el caso saltó a los medios de comunicación. Les dijeron que si no se marchaban, “procederían a llamar a los bomberos para que sean ellos los que nos desalojen, dice la carta, sin certificado y sin nada”, explicaba en 2021.

La situación desde entonces no ha hecho más que empeorar. Los inquilinos buscaron abogados pero se dividieron y al final la mayoría se fueron de sus casas con indemnizaciones de diferentes cuantías. Desde que se quedó sola “no han parado de mandarme cartas y mensajes de que me tengo que ir porque van a rehabilitar la finca”. En la primavera de 2024 empezaron las obras en el resto de pisos vacíos mientras ella seguía en su casa. Pidió a la cuadrilla de obreros la licencia de obras y le respondieron que estaban haciendo una cata pero Plaza insiste en que tiraron abajo los falsos techos. Como no le mostraban la licencia, denuncio cinco días después a la Policía y el Ayuntamiento les paró la actividad porque los trabajos no se ceñían a la declaración responsable que presentaron al consistorio, asegura la patronista.

El pasado mes de marzo le volvieron a enviar una carta avisándola de que iban a empezar las obras para el derribo de la fachada interior, y le pidieron que se fuera de la casa tras ofrecerle una indemnización. La diseñadora replicó que tenía contrato hasta 2029 pero a los pocos días montaron los andamios y empezaron los trabajos. En la misiva le advertían de que si no aceptaba la compensación por la resolución de su contrato de alquiler, el fondo empezaría a rehacer el edificio, lo que en la práctica podía afectar a la habitabilidad de su piso.

Se fue al Ayuntamiento y denunció de nuevo las obras que se estaban llevando a cabo. “Venían a mi tienda [a unos metros de su casa] y me decían iban a venir los bomberos, que me iban a desalojar, que lo harían sin darme un euro, que firmara por 60.000 euros [la indemnización que le ofrecieron”.

Cansada de las presiones, en plenas fiestas de Semana Santa y Pascua, Plaza llegó a firmar un “papel” aceptando el dinero que le ofrecía la mercantil dueña de la finca, le ingresaron incluso una señal de 6.000 euros (que no ha devuelto), pero en cuanto lo vio su abogado, a la vuelta de vacaciones, le dijo que, tal y como estaba redactado, el documento no reunía suficientes garantías de su validez, cuenta. No obstante, ella había empezado a meter en cajas parte de sus pertenencias. Al final decidió que no se iba: “Me están engañando y coaccionando”, señala.

Tras el asalto el pasado fin de semana a su piso, su televisión y parte de los muebles del salón estaban en el rellano de abajo del inmueble y las cajas donde fue guardando sus cosas estaban despanzurradas a lo largo de todo el hueco de la escalera del inmueble. Han destrozado la pila de la cocina y también gran parte del baño y arrancaron la puerta de entrada a la casa. “Han quitado los plomos de la luz para que no pueda encender nada. ¿Quién entra a robar y no se lleva nada?”, se preguntaba este lunes tras una primera inspección ocular de los daños.

El grupo municipal socialista le ha brindado ayuda jurídica para que pueda “defenderse legalmente frente a quienes están vulnerando sus derechos, entrando en su intimidad y cometiendo delitos para echarla de su casa”. El concejal socialista Borja Sanjuan se encontró, cuando acudió a hablar con ella la tarde del martes, a dos personas con el uniforme de una empresa de seguridad a unos 30 metros de la casa de María Jesús. Y este miércoles continuan en las inmediaciones. El PSPV ha anunciado que ante la inacción del Ayuntamiento denunciará en los juzgados “por las coacciones que está ejecutando un fondo buitre a través de una empresa de desocupación” contra la inquilina.

La inquilina se ha encontrado pegado a su portal un cartel firmado “la propiedad del edificio”, sin más nombres ni datos de referencia, en el que le advertían de que sus enseres volcados por la escalera habían sido desplazados pero la llegada de la policía evitó que los cargaran en un camión y se los llevaran.

Este diario se ha puesto en contacto con el fondo de inversión propietario del edificio para recabar su versión pero han declinado hacer declaraciones.

Anímicamente, María Jesús asegura que no puede más. “El pasado mes de abril me dio un siroco porque cómo iba a recoger mi casa, seguir trabajando y a la vez y buscar una vivienda. Y en solo 28 días que me daban de plazo”, relata tras reconocer que ha tenido que medicarse. “Desde entonces estoy fatal, con crisis, con nervios, fatal, fatal…”, concluye.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.
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