EE UU defiende la repatriación del asesino que se coló entre los presos canjeados con Venezuela: “Muchos denunciaron torturas”

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero pasado, y antes, en campaña, Donald Trump ha defendido su despiadada política migratoria sobre la suposición de que otros países envían a sus peores criminales para que cometan delitos en Estados Unidos. Pero el viernes fue su propio Gobierno el que importó desde Venezuela al autor de un triple asesinato en Madrid. Es un ciudadano estadounidense al que en los círculos policiales, judiciales y mediáticos españoles se le conoce como “el triple asesino de Usera”. Se llama Dahud Hanid Ortiz.

No llegó con grilletes y un mono de color naranja. Lo hizo blandiendo una banderita con las barras y estrellas y una sonrisa de oreja a oreja. No se sabe aún cómo, Ortiz se coló en un grupo de diez hombres estadounidenses liberados por el régimen chavista de Nicolás Maduro y presentados a la opinión pública del país como “presos políticos”, “indebidamente arrestados”.

Este miércoles, un portavoz del Departamento de Estado respondió en un correo electrónico a EL PAÍS que con el canje, que permitió el regreso a su país de 252 presos venezolanos deportados por Washington a El Salvador, donde estaban encarcelados, Estados Unidos había “logrado la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras duras condiciones”. También adujo que “por motivos de privacidad” no entraría en “detalles de ningún caso específico”.

En el grupo en el que se coló Ortiz había turistas que, según activistas en defensa de la democracia en Venezuela, Maduro usa como moneda de cambio. El caso de Ortiz es muy diferente: fue condenado a 30 años de cárcel en 2024, tras su detención en 2018 por un triple crimen cometido en Madrid dos años antes.

Se desconoce el paradero del criminal, de 54 años, a quien el viernes se lo vio saludar a la cámara tras aterrizar junto al resto de liberados en un aeropuerto militar a las afueras de la ciudad de San Antonio, en Texas.

El martes, el Departamento de Estado se limitó a decir durante la rueda de prensa de la portavoz del secretario Marco Rubio, Tammy Bruce, que “ya no quedan estadounidenses injustamente detenidos en Venezuela”. Bruce no especificó si a Ortiz lo consideraban erróneamente encarcelado, o si, en realidad, solo se estaba refiriendo a los otros nueve repatriados.

Más tarde, un alto cargo de la Embajada en Colombia, John McNamara, dijo en una entrevista con un periodista venezolano que “todos los ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela ahora están libres, libres en su propia tierra, con sus propias familias”.

EL PAÍS también ha intentado sin éxito obtener respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia sobre si Ortiz ha ingresado en prisión y en cuál o si camina libre por las calles de Estados Unidos, país en el que apenas queda rastro de sus años antes de emigrar.

Ortiz fue juzgado y condenado en Venezuela porque escapó allí tras cometer su crimen, el miércoles 22 de junio de 2016. Tenía familia en Puerto Ordaz, una ciudad petrolera en la cuenca del Orinoco. Según fuentes de la investigación en Venezuela, trabajó en el comercio de componentes eléctricos hasta que finalmente fue detenido en octubre de 2018. España solicitó su extradición, pero de acuerdo con el convenio bilateral, Venezuela asumió el caso al tratarse de un ciudadano de origen venezolano.

Fuentes de la Fiscalía española indican que han solicitado información a Estados Unidos, pero no han obtenido respuesta. Explican que desde el punto de vista judicial España no puede hacer nada porque el asunto ha sido juzgado y es Venezuela la encargada de ejecutar la sentencia. Desconocen también si se ha producido algún tipo de indulto por parte del régimen chavista. El asunto es tan sensible que ninguna autoridad española quiere hacer declaraciones.

El triple asesinato de Usera

El crimen de Ortiz causó conmoción en España y fue tan mediático que llegó a conocerse como “el triple asesinato de Usera”, en referencia al distrito humilde de Madrid donde sucedió. Fue una masacre motivada por celos. Ortiz era un exmarine estadounidense casado en Alemania con Irina Trippel. Él había ingresado en las Fuerzas Armadas en 1995 y conoció a su esposa mientras prestaba servicio en la base estadounidense de Schweinfurt, al este de Fráncfort. Lo expulsaron en 2014 por falsificar unos documentos para recibir una subvención. Entonces comenzó un declive personal que afectó a la relación.

Ortiz y Trippel ya vivían separados en abril de 2016, cuando ella conoció al abogado Víctor Salas, de 36 años, titular de un despacho en la capital española. Al enterarse, el exmarine montó en cólera, según concluyeron los investigadores del caso en España. En mayo, llamó a Salas desde Alemania y le dijo: “Yo he sido soldado en Estados Unidos. Me han entrenado para matar y voy a ir a por ti a matarte. Ya sé quién eres. Deja en paz a Irina, que es mi mujer”. Salas le respondió que podía venir cuando quisiera.

Según la investigación, Ortiz vivía en casa de la madre de Trippel, Larisa, y estaba tratando de reconstruir la relación con su expareja, con quien aún se hablaba. El lunes 20 de junio partió a bordo del viejo Volkswagen Polo de la madre. El miércoles 22 alrededor de las 14.30, llegó al despacho de Salas, en la calle Marcelo Usera, 40. El letrado no se encontraba allí. Había pasado la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Dos empleadas del despacho recibieron a Ortiz, que les dijo que necesitaba hablar con el abogado por un caso de un millón de euros. Una de ellas llamó a su jefe para informarle de que lo buscaba un tipo “raro” y que este se había metido en el baño. El abogado, que pensaba volver a eso de las 17.00, sugirió a su empleada que pidiera al visitante regresar más tarde.

“Me salvé por pura casualidad”, rememoró Salas este miércoles. “Yo no soy supersticioso pero el caso es que después de comer en casa con mi madre estaba tan cansado que me estiré en la cama en forma de cruz y me dije: ‘hoy quiero vivir’”.

Se quedó dormido. Cuando despertó, a las 17.42, llamó al despacho y se extrañó porque no contestaba nadie, según consta en el sumario de la causa en España. A las 18.10, llegó al despacho en moto y vio a dos clientes esperando en la calle. Salía humo negro por la ventana.

Como averiguaron los investigadores, Ortiz usó un arma blanca para matar a las dos empleadas, Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años, y Maritza Osorio Riverón, de 51 años; y a un cliente que pasó a recoger unos papeles, el taxista Pepe Castillo Vega, de 42 años. Luego prendió fuego al despacho, y huyó.

Ortiz reapareció el jueves 23 en Alemania. Trippel no tuvo duda de que él había cometido el crimen. Horas después del ataque su teléfono no daba señal. Él explicó que por accidente se había dejado el móvil en modo avión. También contó que se había mudado con un amigo de la universidad de quien nunca habían oído hablar. Esto no tenía sentido porque apenas se había llevado un par de cosas de casa de la suegra.

El juzgado 41 de instrucción del conocido y polémico juez Juan Carlos Peinado tomó la investigación del caso. Inicialmente, no puso sus miras en Ortiz. A este le dio tiempo a tomar un avión desde Alemania a Venezuela, antes de que se emitiera una orden de captura internacional contra él.

Tras su arresto en 2018, se celebró un juicio ante el Tribunal 15 de Caracas, que dictó la sentencia de 30 años de cárcel el 9 de enero de 2024. Ortiz apeló a la Sala Octava de la Corte de Apelaciones que el 31 de julio ratificó su decisión. Tras esto, había recurrido nuevamente, a la Sala de Casación Penal del Supremo venezolano.

Ahora está lejos de Caracas. Tal vez, aún, en Texas. No está claro si en libertad, o listo para cumplir el resto de la condena por el triple asesinato de Usera en una prisión estadounidense.

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