Morena apuesta su capital político a la reforma judicial

México es ya el primer país en el mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular. La “hazaña”, como la definen algunos líderes de Morena, esconde un reverso problemático. No hay garantías de que el resultado sea el que desea el oficialismo: tener un nuevo Poder Judicial libre de corrupción, nepotismo y pactos criminales. Antes de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y faro de la izquierda mexicana, impulsó durante meses una intensa campaña para convencer a la sociedad de que era necesario echar a todos los jueces y sustituirlos por otros electos en las urnas. El año pasado, entre enormes resistencias de la oposición y de los funcionarios judiciales —los directamente afectados—, Morena aprobó una reforma constitucional que dará a México una nueva Judicatura construida desde los cimientos, algo inédito en los siglos de existencia de la república. Se trata de una cirugía mayor a uno de los tres poderes de la Unión, que a partir de ahora se somete a la lógica de la elección directa. Si bien una parte de los candidatos llega a la boleta electoral con experiencia previa, pues ya ejercían de jueces —un tercio del total—, la gran mayoría no conoce el trabajo en los tribunales, y un buen número también arrastra acusaciones graves de haber cometido delitos en el pasado. Con todo, el Día D ha llegado. México, de la mano de Morena, se arroja a lo desconocido.

Muchos mexicanos, incluso dentro de las filas de la oposición, coincidían con López Obrador en el diagnóstico de que en el Poder Judicial había enormes problemas. Según una encuesta del año pasado del INEGI, los ciudadanos consideran que los jueces son los funcionarios más corruptos, solo por debajo de los policías de tránsito. Además, el 99% de los delitos no se castigan, según la organización Impunidad Cero. Partiendo de que el diagnóstico era razonable, las posturas se alejaron de la solución planteada por el expresidente. Los morenistas celebran como un triunfo haber dado una sacudida a la Judicatura. “Es una hazaña ciudadana la reforma judicial”, sostiene Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena. César Cravioto, secretario de Gobierno de Ciudad de México, repone: “La Cuarta Transformación ya ganó, porque se legitimó en las urnas el año pasado que hubiera una reforma judicial, y la oposición ya perdió”. Por el contrario, la oposición y académicos críticos sostienen que Morena controlará todos los resortes del poder —ya domina el Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso— y que la falta de contrapesos potencia el riesgo de atropellos.

La apuesta mínima: una nutrida participación

Estos días los analistas discuten qué se juega Morena con esta elección, en la que los mexicanos votarán a unos 900 cargos judiciales federales, desde los jueces de distrito a los ministros de la Suprema Corte. Una parte del análisis se centra en el grado de participación ciudadana, como si la respuesta en términos de votación fuese un referéndum del partido en el Gobierno. De manera abierta, ningún líder de la formación guinda se atreve a declarar qué nivel de convocatoria esperan, alegando que se trata de un ejercicio cívico inédito, imposible de comparar con comicios previos. De manera extraoficial, un dirigente morenista señala que se tiene la meta de alcanzar un 20% de participación ciudadana, equivalente a unos 20 millones de votos, un tercio de lo alcanzado en las pasadas elecciones presidenciales. La mandataria, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que un 5% o un 10% de participación sería, con todo, un éxito. Sin embargo, el líder morenista consultado reconoce que “conseguir menos del 10% sería un fracaso”.

El reto para Morena es mayúsculo, pues, aunque un buen número de mexicanos piensa que una reforma judicial era necesaria, una cifra aún menor afirma que acudirá a votar. El escenario de una baja convocatoria ha prendido las alertas entre el oficialismo, que ha puesto en marcha la maquinaria para la movilización del voto, mediante la contratación de operadores políticos y el reparto de acordeones, guías que los votantes deben transcribir en la boleta. El reparto de esos instrumentos para apoyar a determinados candidatos a jueces es descarado. El INE, la autoridad que organiza los comicios, ha señalado que el uso de acordeones es “una vergüenza para la democracia”. Morena busca una elevada votación por dos razones: por un lado, para demostrar que la reforma judicial era una demanda popular, de abajo hacia arriba, y no una directriz impuesta por López Obrador; por otro lado, Sheinbaum conseguiría así un colchón para amortiguar los costos políticos de conformar una nueva Judicatura partiendo de la nada.

Lorenzo Córdova, expresidente del INE y un acérrimo opositor a la elección judicial, cuestiona el mantra morenista de que, en la elección presidencial del año pasado, los mexicanos votaron también a favor de la reforma. “La presidenta Sheinbaum se juega buena parte de su credibilidad, porque ella misma ha construido una falacia al sostener que los 35 millones de votantes que optaron por ella en realidad son votantes que querían la elección de los jueces. Eso es una falacia. Fue una elección presidencial, política, no un referéndum o un plebiscito”, señala en entrevista. “Para Sheinbaum, cualquier votación menor al 35% del padrón es una derrota política, porque se evidenciaría que le ha mentido a la sociedad, que ha vendido una historia que no es real y que ha defendido la reforma judicial sobre bases falsas”, abunda el exfuncionario.

Federico Döring, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, apunta que Sheinbaum pone en práctica su poder de convocatoria ante la definitiva ausencia de López Obrador, que era un movilizador permanente de sus bases. “La presidenta se juega la percepción de su liderazgo contra López Obrador, porque, si las cifras de participación son irrisoriamente bajas respecto de los ejercicios de revocación de mandato y consulta [para enjuiciar a] expresidentes [que impulsó López Obrador], va a quedar de manifiesto que el imán electoral es, ha sido y muy probablemente seguirá siendo López Obrador y no ella”, indica.

La apuesta máxima: una nueva república

La oposición y los propios morenistas coinciden en que, más allá de la importancia de la participación, el asunto rebasa al partido y se ha convertido en un problema nacional. Lo que se pone sobre la mesa, apuntan, es el modelo republicano de división y equilibrio de poderes. Los más críticos señalan el riesgo de que se debilite e incluso capture al Poder Judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo. “México está a punto de sufrir un enorme retroceso frente a una conquista que llevó muchas décadas a la sociedad mexicana conseguir: la división de poderes y tener una Suprema Corte que no estaba al servicio del poder político en turno”, refiere el exconsejero del INE Ciro Murayama. “Lo que le pase a Morena o a la presidenta es lo de menos”, abunda Humberto Moreira, líder de los diputados del PRI. “Lo terrible es lo que le va a pasar al país. Morena está destruyendo la democracia como la conocemos y está quitando de enfrente los controles del poder”, agrega.

Incluso dentro de Morena causa preocupación el escenario de una concentración de poder y las consecuencias de las elecciones. “Morena está jugando con la esperanza de una ciudadanía harta del sistema de justicia y a la que se le dice que con esta elección eso mejorará, apostándole a perfiles inexpertos y cuestionados en muchos casos”, señala un legislador morenista que ha pedido reservar su nombre.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostiene que, tras el recorrido de un año de la reforma judicial, que tuvo costos económicos y políticos —los desencuentros con la oposición y las movilizaciones masivas de funcionarios judiciales en las calles—, los mexicanos, no solo los morenistas, deben abocarse a la elección del Poder Judicial tal como ya hicieron con el Ejecutivo y el Legislativo. “Más allá del partido político, no tenemos derecho a fallar en la conformación de un nuevo poder de la Unión”, refiere en entrevista. “Estamos obligados a que surja un poder que tenga muchísima legitimidad y que sea verdaderamente independiente”, dice. Monreal reconoce que tanto el Gobierno de Sheinbaum como Morena “se juegan todo en la elección, porque apostamos a un nuevo Poder Judicial, a sacudir a un poder del Estado de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias”.

Aprobada ya la reforma y en su fase de arranque, entre los morenistas hay quienes matizan su nivel de responsabilidad en caso de que la nueva Judicatura naufrague, sobre todo ante la posibilidad de que se cuelen candidatos con antecedentes criminales. “No hay purificación plena. Nada puede evitar que, entre cientos de jueces, uno viole la ética y los principios que orientaron esta reforma”, indica Monreal. Cravioto sostiene que, en todo caso, es responsabilidad de los ciudadanos informarse bien para elegir a los mejores perfiles. “Hay gente a la que no le importa, que votó por un partido político y sabía que iban a entrar senadores o diputados impresentables al Congreso. Es parte de la democracia”, resume. La democracia es perfectible, dicen los teóricos. Esa definición supone también su posible deterioro.