Votar o no votar: México enfrenta el dilema final ante la inminente elección judicial

“Pero entonces, ¿cuál sería la estrategia: votar o no votar?”, “Qué opinan de, en caso de votar, hacerlo por puros candidatos en funciones?”, “Están diciendo que podemos rescatar algunos lugares si salimos a votar”, “No quiero ir a votar, ¿para qué votar eso?”, “No votar significa que dejarás que otros decidan”. Los grupos de WhatsApp son estos días un hervidero de gente debatiendo o buscando orientación ante la inminente elección judicial. Los sectores de la sociedad civil que se opusieron a la reforma viven con una mezcla de indecisión e incertidumbre la última semana de campaña, en la que deben decidir si abstenerse para no validar un proceso que rechazan o participar para evitar el triunfo de los peores perfiles.

La confusión es total y nadie termina de dar con la estrategia más inteligente o menos dañina ante una convocatoria de la que renegaron. Sucederá igualmente: 881 cargos federales y 1.800 estatales, entre jueces, magistrados y ministros, serán elegidos por primera vez en la historia este 1 de junio por votación popular. Las preguntas se amontonan en los chats donde la ciudadanía se coordina para vigilar estos históricos comicios, y algunas se clavan en el centro de la diana. “Si no vamos a votar, entonces ¿qué vamos a hacer?”, se lee en unos de ellos.

La pregunta pende como una amenaza también sobre las cabezas de quienes sí lo van a hacer, pero no saben cómo, o a quién, o a cuántos. A tientas responden diferentes organizaciones, académicos y analistas, cada quien con sus conclusiones. “Yo pienso que el argumento que llama a no votar para no legitimar la elección no se sostiene. La elección ya está legitimada porque ya está en la Constitución y va a ser la nueva normalidad en México”, razona Miguel Meza, fundador de Defensorxs, una de las organizaciones que ha encabezado la revisión de las candidaturas denunciadas por el pasado de los contendientes. “La mayoría solo va a llenar las boletas de ministros. Eso significa que son muy pocos los votos que van a determinar si una persona gana el puesto de juez o de magistrado, los ciudadanos podemos hacer una diferencia”, completa: “Si no participamos, serán los intereses económicos, de los partidos y del narco quienes definan los puestos”.

Hay muchos aspirantes, en realidad, muy buenos, sostiene Meza, y merece la pena apostar por que sean ellos quienes lleguen, una opinión que también comparte la analista política Viri Ríos. La académica ha diseñado una herramienta para evaluar a los candidatos y ha llegado a la conclusión de que hay perfiles “muy, muy buenos” y otros “muy peligrosos”. “La diferencia entre postulantes es abismal y el Poder Judicial con el que podemos terminar es también abismal”, sintetiza. Ríos se opuso, como Meza y tantos otros, a la reforma judicial que desembocó en estas elecciones, pero esa batalla ya se dio y se perdió en septiembre, dice: “Hoy el riesgo es que lleguen al poder personas que no son probas, que no son independientes y que no tienen suficiente trayectoria”.

Ante ese riesgo, la única alternativa que se configura en el horizonte para la especialista es que “la ciudadanía organizada trate de meter dos o tres goles, es decir, dos o tres candidatos independientes, experimentados y que no respondan a la coalición gobernante”. La clave, apuntan los dos, está en la baja participación que se anticipa. Aunque algunos expertos consideran que la afluencia podría ser mayor de la esperada, puesto que hay más en juego que en otros comicios excepcionales, hay quienes ven en la consulta popular de 2021 y el revocatorio de mandato del presidente López Obrador en 2022 el precedente que permite anticipar medianamente lo que pasará en estas elecciones. De ser así, como apuntaba la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en enero, la participación rondaría entre el 8% y el 18%. “Con medio millón de votos o menos, puedes estar eligiendo un ministro de la Corte”, traduce Viri Ríos: cada voto cuenta.

El asunto de la participación es también la clave para los que se mantienen firmes en su idea de no acudir a las urnas, caso claro entre quienes conforman las organizaciones que orbitan alrededor de la oposición al obradorismo y la 4T. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, comprende y respeta los argumentos favorables a votar que esgrimen Meza y Ríos: ella misma conoce a tres o cuatro abogados a los que votaría felizmente. No es, sin embargo, suficiente. “Si mi costo es legitimar la elección y elevar la participación de un proceso electoral en el que no creo ni por sus objetivos ni por la manipulación que hubo del proceso, no estoy dispuesta a eso”, manifiesta.

La potencial validación del proceso es la principal preocupación entre quienes se oponen fervientemente a votar, pues consideran que será la unidad de medida que tome el oficialismo para valorar si la convocatoria es o no exitosa. Algunas organizaciones, como México Unido, incluso han convocado una manifestación para la misma mañana de la elección en señal de protesta. “No seremos cómplices de un Gobierno autoritario”, se lee en los afiches que llaman a participar. Casar, por su parte, apuntala así sus argumentos: “No vamos a tener una elección ni medianamente limpia, imparcial, equitativa, que garantice la certeza del proceso y de los resultados”. Además, agrega, toda la reforma se sostiene sobre “una gran mentira, que la democracia avanza si elegimos al Poder Judicial”. “Desde mi punto de vista, retrocede, porque no está para hacer valer un proyecto político acorde con la preferencia ciudadana, sino para respetar la ley, resguardar los derechos fundamentales y hacer de contrapeso”, enumera.

En la línea de la activista, el exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral Marco Baños valora las razones por el sí, pero se inclina por el no y añade sus motivos. “No hay manera de tener una información veraz y completa, no ha habido tiempo de revisar los perfiles y, en consecuencia, no se puede tener un voto razonado”, dice. Ha decidido no votar porque, con independencia de que anulara sus boletas, “sumaría a efectos de utilizar la participación ciudadana” por parte del Gobierno.

Hay un reguero de factores en el proceso que hacen que Baños haya llegado a esa conclusión, como el procedimiento de selección de candidaturas, “acomodado por el oficialismo”, que cuenta con mayoría en ambas Cámaras legislativas, o la difusión de los llamados acordeones, plantillas promovidas por los partidos ya rellenas con las candidaturas que buscan promover. “El voto es un derecho personal, pero sería un gravísimo error votar a ciegas o votar por consignas”, concluye.

Entre las dos orillas, también hay quien se encuentra en mitad del océano sin saber hacia dónde navegar. Es el caso de Laurence Pantin, directora del Observatorio de Justicia del Tecnológico de Monterrey. “Ir a votar podría implicar que se interprete, aunque no sea el caso, como una aceptación de la reforma y del proceso, que no ha sido imparcial”, explica, pero también contrapone: “Cuando hablamos con los expertos de Bolivia [donde también hay elecciones judiciales federales], nos dijeron que no nos aconsejaban llamar a no votar, sino a votar de manera informada, porque allí hubo muchos votos nulos y blancos, y después se dieron cuenta de que habían llegado personas realmente problemáticas a los puestos más altos”. Esto “resonó mucho” en Pantin, que considera que es un gran reto votar de forma informada en México por “la cantidad de candidatos que habría que revisar”. “Todavía no he tomado la decisión”, reconoce.

En esas aguas se mueven también miles de ciudadanos que todavía no han dado la respuesta final. ¿Votar, no votar? ¿Solo por unos cargos o por unos tribunales? ¿Solo por quienes están en funciones? ¿Por quienes muestran una visión afín a la propia? ¿Con acordeón, a ciegas? ¿Y qué hay de las vacantes con candidaturas únicas? Son muchos los dilemas para decidir en una semana, y un único día para definir el Poder Judicial de la próxima década.